La huelga de la comunidad educativa, llevada a cabo este 9 de mayo en todo el estado español, contra el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), ha hecho que el gobierno de Rajoy haya paralizado las reformas previstas.
La comunidad educativa y toda la oposición política han exigido al Partido Popular que no siga adelante con esta reforma, no que la modifique sino que la retire ya que consideran que no hay indicadores para que tenga que modificarse la ley actual.
Este anteproyecto de la LOMCE, de aprobarse, puede suponer la vuelta atrás de décadas en la educación. Sería -como han apuntado distintos sectores- la vuelta a planteamientos ideológicos muy cercanos a la parte más retrógrada de la iglesia católica y el apoyo, en la práctica, de la enseñanza privada, desatendiendo la pública y concertada.
Desde el Sindicato de Estudiantes se ha pedido «que se respete el derecho de la mayoría de la sociedad a tener una educación de calidad y a tener derecho a la igualdad».
Al anuncio de esta nueva ley, se suma el despido de miles de profesores en la escuela pública, la subida de número de alumnos -por tanto- por clase, la bajada general de recursos aplicados al sector público y concertado al tiempo que se incrementan los beneficios a los colegios privados.
La comunidad educativa lleva movilizaciones desde hace un par de años pero en los últimos meses se han incrementando del gobierno popular y la bajada de calidad intencionada que se está produciendo para justificar el giro que está dándose a la educación en este país.
Los distintos sectores han prometido más movilizaciones si se siguen con las reformas educativas y han pedido diálogo con las partes afectadas, denunciando la actitud permanente del Ministro Wert en este sentido. Por lo pronto, el Partido Popular ha parado esta reforma… veremos qué ocurre en las próximas semanas.
