Ante la sequía que ha debido enfrentar por años la zona comprendida desde la tercera a la quinta región de Chile, nos cabe señalar que es evidente la falta de voluntad política de este gobierno y los anteriores por dar una solución definitiva a este problema que afecta al consumo humano del recurso como a las faenas agrícolas y productivas de la zona.
Desde hace 32 años que el acceso al recurso hídrico dejó de entenderse como un derecho humano, a partir de la modificación del Código de Aguas, y se convirtió en mercancía para el mejor postor. Por ello se vieron beneficiados todo tipo de inversión que se instalará en la zona en desmedro del consumo bebestible de agua y el trabajo agrícola de la zona.
Al mismo tiempo, se propició el robo de agua para abastecer inversiones privadas y la venta del recurso a través medios alejados de toda legalidad.
La situación que vive la zona es grave pues la población está siendo expuesta deliberadamente a graves afecciones de salud, hechos que ya han sido conocidos por informaciones de prensa y por las autoridades de salud, lo que puede derivar si no se toman las medidas que corresponden en una escalada de enfermedades derivadas a este problema.
A pesar de la constante presión por parte de las organizaciones sociales que convergen en la defensa del Agua, el gobierno ha desestimado tomar con seriedad las denuncias respecto a la situación. De manera permanente la Dirección General de Aguas ha desestimado las denuncias sobre robo de agua realizadas, con lo que se ha precarizado más la situación que viven los habitantes de la zona.
La designación de Rodrigo Ubilla como delegado del gobierno para dar solución a esta crisis que se vive es una muestra más de la errática acción del gobierno. El historial del subsecretario del Interior demuestra su incapacidad para la resolución de cualquier tipo de conflictos sociales (Margallanes, Aysén, Freirina son prueba de ello) lo que sólo augura una profundización del conflicto.
Además ya existen claros antecedentes de la animadversión de Ubilla en las autoridades regionales, como queda claro con la declaración del CORE de la IV región donde expresa que “Este Consejo estima que la presencia del Sr. Ubilla en la región no ha sido ningún aporte a la problemática de la sequía que vive la región, sino por el contrario ha venido a alterar la convivencia de los habitantes que sufren los flagelos de este desastre natural”.
Ante esto creemos urgente la necesidad de modificar la manera en la que se ha tratado hasta ahora el problema del acceso al agua, que debe ser considerado como un Derecho Humano y no como un bien comercial, pues depende de ello la subsistencia de miles de personas. No debemos permitir que se superponga el lucro ante las necesidades básicas de la comunidad.
Junto con eso, apoyamos las acciones que llevan a cabo las organizaciones sociales que luchan por la recuperación del agua para todas y todos, a través de la movilización permanente y la concientización de la comunidad respecto de la necesidad de levantarse de este abuso privado avalado por quienes han administrado el Estado en los últimos 40 años.
Marcel Claude
Candidato a la Presidencia de Chile
Tod@s a La Moneda
