No están en las calles portando lienzos que vociferan consignas anti sistémicas, su labor comenzó silenciosa y persistente en el tiempo, hasta que los medios de comunicación masivos abrieron sus antenas al movimiento de consumidores organizados.
Lo que algunos economistas y expertos en marketing denominan “el nuevo consumidor empoderado”, no es otra cosa que el despertar de la sociedad de la modorra consumista habitual, los mismos que gastaban y callaban ahora exigen transparencia, cuando los abusos del retail y la banca tocan techo al ventilarse públicamente en los tribunales los cambios en las reglas del juego
del libre mercado.
El fin de la letra chica en los contratos, el despliegue del SERNAC financiero y su sello de calidad, son otras muestras de un modelo que hace agua en términos de transparencia y respeto por quienes finalmente adquieren productos y servicios con sus escuálidos ingresos.
Los recientes hechos profusamente difundidos en la prensa y la televisión abierta, caso CENCOSUD y Banco Estado, obligan a mirar un poco en el pasado reciente cuando las organizaciones de consumidores develaron el caso de la colusión entre las farmacias, el caso La Polar, cuando soñábamos que por fin el Estado chileno se ponía a la altura de quienes no poseen como defenderse ante los abusos de los poderosos. Ilusión efímera que solo demostró la inoperancia y desinterés del sistema estatal para regular y fiscalizar.
Es un trabajo de hormiga, de David contra Goliat, intentar infringir severo castigo a los poderosos con las mismas herramientas del sistema imperante: Hacer valer la Ley en los Tribunales de Justicia. Esta lucha tenaz y paciente no inunda las anchas alamedas, tampoco desata protestas en los barrios pobres de la capital, menos todavía al interior de las catedrales del consumo: los malls.
Sin embargo, las asociaciones de consumidores se anotan varias medallas cuando obligan, a quienes administran el sistema dominante, a castigar a sus patners por fechorías cometidas que resultan imposibles de esconder ante el país.
Finalmente, es necesario precisar que el movimiento de consumidores chileno recibe apoyo estatal, aunque resulte contradictorio o curioso señalarlo, a través de Fondos Concursables administrados por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), dependiente del Ministerio de Economía, con la finalidad de potenciar y mejorar sus actividades de orientación y difusión de los derechos de los consumidores. Este servicio fiscal está muy cuestionado por su inoperancia para fiscalizar a las empresas y proteger a los consumidores, carece además de las atribuciones legales y escasamente logra coordinar la maraña burocrática a nivel ministerial.
Pero esta oleada de ciudadanía empoderada baja en intensidad mediática, ahora le toca el turno a los escándalos del poder político institucional en la antesala del último mensaje presidencial de una administración que agoniza y ¿también el modelo?
