Pressenza-Ecuador ha seguido las acciones que colectivos y organizaciones de defensa de derechos humanos y de los derechos de las personas GLBTI han llevado adelante para denunciar la existencia de “tratamientos de deshomosexualización” en clínicas de adicciones. El Martes 14, en rueda de prensa, representantes del Taller de Comunicación Mujer, ArtiKulación EsporádiKa y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos-CEDHU, entregaron información que muestra que, a pesar de los esfuerzos de más de una década, los cambios en esta terrible realidad, son mínimos.
Una nueva Acción Urgente contra las llamadas clínicas de rehabilitación en las que se interna forzosamente a mujeres lesbianas, además por supuesto, de muchas personas y que son lugares de violación sistemática de derechos humanos.
Tatiana Cordero, del Taller de Comunicación, hizo entrega de la información de las clínicas que existen en 21 de las 24 provincias del país. “Una vez más queremos hacer visible la omisión y la responsabilidad del Estado ecuatoriano en el internamiento forzado de mujeres lesbianas en estos centros y en la misma existencia de estos centros. Estamos aquí no solamente porque se interne a mujeres lesbianas, sino porque allí se violan derechos de todas las personas que son internadas”, afirma Cordero.
Dado que los datos recibidos hasta el 2011 mostraban inconsistencias e irregularidades, se pidió al Ministerio de Salud Pública información actualizada al 2013. El Ministerio vuelve a entregar a las organizaciones la misma información que se había entregado antes del 2012, por tanto, nuevamente inconsistente e incompleta.
La información compilada por las organizaciones sociales, tomada de fuentes oficiales, demuestra la existencia de 314 centros de rehabilitación. El Ministerio, en la información “actualizada”, afirma que hay 146 clínicas, es decir, reporta menos de la mitad de los centros existentes. Clínicas que han sido denunciadas en la Defensoría del Pueblo, no constan en esa lista. Adicionalmente no consta la categoría “año de registro” que debería estar, no existe.
Según el Ministerio existen 19 denuncias por violación de derechos humanos como tortura, maltrato físico y psicológico, internamiento sin consentimiento, secuestro, retención indebida de menores, “deshomosexualización”,y otras. Sin duda, el número de denuncias no refleja la realidad y lo que es peor, las denuncias no llegan a la clausura o a la sanción correspondiente a las violaciones cometidas.
Estas clínicas o centros están en manos privadas y son un muy buen negocio. Cobran desde U$500 hasta U$2000 dólares por persona, por mes. Están regulados por un reglamento y no por el Código Orgánico de Salud y, por si fuera poco, una misma persona es representante legal de varios de estos centros, en una o en varias provincias.
“Es alarmante lo que está sucediendo a vista y paciencia de las autoridades. No queremos más violencia, ni por ser mujer, ni por la orientación sexual o la identidad de género. No puede continuar encerrándose a las mujeres lesbianas, a ninguna mujer como una manera de castigar su comportamiento. Estas prácticas se asemejan a prácticas del siglo XVIII en nuestro páis, cuando existían centros para internar a las mujeres por su “mala conducta”, denuncia la representante del Taller de Comunicación Mujer.
Miriam Alvarez, madre de una chica violada en uno de estos centros en Manabí relató en su testimonio todo lo que ha hecho durante un año y más en su proceso de demanda y cómo no solamente no ha sucedido absolutamente nada, sino que la persona demandada pudo salir del país y, según su relato y documentos presentados, se han dado todo tipo de irregularidades. “Nos dicen que denunciemos y yo digo, yo denuncié y qué?. No ha pasado nada, salvo que tuve que venir a vivir a Quito, por mi seguridad”.
Cayetana Salao, de Artikulación Esporádika se pregunta ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir denunciando, mostrando lo que sucede, inventando una y muchas formas para hacerlo, sin que el Estado haga nada? Debería bastar únicamente con las pruebas claras de violación de derechos que suceden de manera permanente en estos centros para clausurarlas de una vez por todas y sancionar a los culpables. ¿Qué pasa con los funcionarios del Ministerio que, a pesar de la voluntad de la Ministra Carina Vance, siguen ocultando información? Queremos que se detengan las justificaciones tibias, patriarcales, homofóbicas y misóginas desde el Estado, dice Cayetana.
Muchas personas siguen siendo víctimas de unas prácticas aterradoras, víctimas del prejuicio, de la violencia y de la ignorancia, esa que cree que la homosexualidad es una enfermedad y que no solo se debe sino que se puede curar. Nuevamente se levanta una alerta desde las organizaciones de sociedad civil frente al Estado. Un Estado que, hasta el momento, no ha dado respuestas claras y contundentes a pesar del compromiso asumido no solamente con las propias organizaciones, sino también de la comunidad internacional.
