Durante una visita de inspección en 2001, un equipo de especialistas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), confirmó la existencia en Panamá de armas químicas estadunidenses, abandonadas ahí –como otros materiales de guerra y contaminantes bélicos—por las fuerzas armadas de Estados Unidos, que debieron evacuar el territorio panameño, de conformidad con los Tratados del Canal, firmados en 1977 por los gobiernos de Omar Torrijos y James Earl Carter.

Al año siguiente, 2002, la OPAQ llevó a cabo una nueva visita de inspección de expertos en Panamá, a petición del gobierno de ese país, puesto que Washington se negó obstinadamente a reconocer que las armas químicas abandonadas fueran estadunidenses. La misión de la OPAQ confirmó sin ningún género de dudas la procedencia de ese material de alta peligrosidad y encontró más unidades.

Conforme a la Convención sobre las Armas Químicas, los países que las hayan producido, almacenado, transportado, utilizado, comerciado con ellas, tienen la obligación de destruirlas en los territorios de otras naciones a donde las hayan llevado y retirar posteriormente los restos, de manera tal que la eliminación y limpieza, sean definitivas.

El director general de la OPAQ, Ahmet Üzümcü, fue breve pero inequívoco al presentar el informe del Secretariado Técnico en la Tercera Conferencia de Revisión de la Convención, en abril pasado: “La destrucción de las ocho armas químicas denunciadas por Panamá como abandonadas; y verificadas por el Secretariado en 2002, no ha comenzado todavía”. El embajador José Manuel Terán, representante permanente panameño ante la OPAQ, puntualizó en su oportunidad:

“En el caso de Panamá, al cual se refirió el director general… estados parte de esta Convención…  llevaron a cabo experimentos… prohibidos por la Convención… utilizando bombas con componentes químicos que continúan siendo letales (y) la cuestión de la destrucción de esas armas químicas, abandonadas en la Isla San José… aún no ha sido resuelta.

“Esto representa un peligro latente para la vida humana, los animales y el medio ambiente; y limita además el potencial desarrollo turístico de la isla. La República de Panamá… en acatamiento de las obligaciones establecidas en la Convención, reanudará las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, para llegar a un acuerdo. Confiamos en que prevalecerá la buena fe para poner fin a nuestras diferencias”.

La Isla San José es la segunda mayor en el archipiélago de Las Perlas, ubicado en el golfo de Panamá, dentro del oceano Pacífico, a 80 kilómetros del Canal. Tiene unos 44 kilómetros cuadrados de extensión y su principal actividad económica es el turismo. La cercana vecindad geográfica de Panamá con Costa Rica y Colombia, debiera encender una luz de alarma sobre la potencial contaminación regional de las armas químicas que los estadunidenses se niegan a destruir y retirar.

Si el gobierno panameño tuviera que emprender la tarea por su cuenta, el costo involucrado ascendería a centenares de millones de dólares, una carga onerosa para la economía del país. En contraste, Estados Unidos dispone de todos los recursos financieros, tecnológicos y técnicos para llevar a cabo la operación sin mayores complicaciones.

Por lo demás, aun cuando existen escuetas referencias a “experimentos” realizados en el marco de la Segunda Guerra Mundial, es de la mayor importancia llevar a cabo una investigación exhaustiva y dar a conocer, al pueblo panameño, a las naciones latinoamericana y a la opinión pública internacional, por qué y para qué llevó Washington armas químicas a Panamá y los motivos que tuvo para abandonarlas irresponsablemente, pese al muy elevado riesgo que representan respecto a la población civil y el medio ambiente.

No debe perderse de vista que, independientemente de que Costa Rica y Colombia son las naciones vecinas más próximas a Panamá, otros países, desde México hasta Venezuela, podrían resentir las consecuencias de un accidente provocado por armas químicas que, hasta donde se sabe, conservan sus capacidades letales.