En un sistema democrático que se precie de tal, siempre debe primar la voluntad popular, para lo cual tienen que existir instrumentos aptos para que ésta se exprese. Acercar el poder de decisión a la ciudadanía es sano para el ciudadano y para el Poder. Si la división de poderes no es ni más ni menos que la delegación que el pueblo hace de facultades que le son propias, es absolutamente legítimo que ese pueblo recobre parte de esas facultades, como con claridad lo es la de intervenir, mediante mecanismos democráticos, en la designación de sus jueces.
La posibilidad cierta de ampliar la esfera de libertad de los ciudadanos mediante la participación directa en la toma de más decisiones -como es el caso de la elección popular de miembros del Consejo de la Magistratura- es una medida que fortalece y profundiza el sistema democrático. Desde su fundación hace ya casi 30 años el Partido Humanista ha denunciado que el Poder Judicial es el único poder no democrático. Por eso considero que en el camino de humanización de la justicia, es imprescindible dar pasos firmes en la democratización del Poder Judicial.
Ojalá a futuro estemos debatiendo una normativa que conceda periódicamente a los ciudadanos la posibilidad de ratificar o no en sus cargos a los jueces, según cómo éstos hayan ejercido su función, ya que con ello también se estaría compartiendo la responsabilidad de las designaciones.
El Humanismo históricamente ha promovido la elección popular de jueces, coincidiendo en este planteo con otras fuerzas de izquierda. De ahí la importancia de concretar la iniciativa que pone en marcha el Gobierno Nacional ya que abre las puertas para futuras implementaciones en la misma línea. Porque para el Humanismo como corriente de pensamiento la participación ciudadana es un derecho humano, porque representa el pleno ejercicio de la libertad. No nos asusta la libertad porque no nos asusta el ser humano. Es entonces desde esa perspectiva humanista que analizamos las medidas y propuestas políticas, como las que envió en los últimos días el Poder Ejecutivo al Congreso.
