La inmensa movilización estudiantil del pasado jueves en Chile pone de manifiesto la maduración de las reclamaciones. Ya no sólo se trata de exigir una educación pública y universal, sino que los movimientos apuntan a un cambio de modelo, a una nueva forma de entender la democracia. Aquí puedes encontrar algunas de las claves para entender lo que acontece en Chile en este año electoral.
La diferencia entre la cifra oficial de Carabineros (policía uniformada), que habla de 80 mil personas marchando en Santiago de Chile, con la que marca la organización -150 mil- no es nada extraña, lo habitual es que los primeros minimizan y los segundos magnifican. En el país suman más de 200 mil personas las que marcharon por Educación gratuita, digna y de calidad.
Pero la principal diferencia no radica en las cifras, sino en la concepción que persiste frente a un modelo educativo, que los primeros, en el lado de la valla que representa al Estado y al Gobierno, defienden que debe autosostenerse, y los segundos, quienes insisten –para algunos de manera majadera- en exigir mejoras en la calidad, en que sea gratuita, para todos y todas quienes aspiren a educarse, y en todos los niveles (escolar, medio, técnico y universitario).
La fiesta de la marcha, que comenzó el jueves pasado (11 de abril) a las 11:00 de la mañana, copaba la tradicional Plaza Italia –ombligo simbólico de la ciudad- desde las diez. Letreros de diversas facturas, mensajes de FIN AL LUCRO, una de las principales consignas de los estudiantes desde 2011, cuando saltó a la escena mediática el movimiento estudiantil, con Camila Vallejo y Giorgio Jackson como sus principales voceros. Y otros mensajes exigiendo salud, o renegando de la política tradicional, fueron llenando la Alameda a ritmo de tambor, de cánticos y consignas.
¡Vamos compañeros, hay que poner un poco más de empeño, salimos a la calle nuevamente. / La educación chilena no se vende!… ¡SE DEFIENDE! Se escuchaba de punta a rabo de la marcha que copó la principal arteria de la ciudad.
La evolucion de las demandas desde 2011
En 2011, la primera gran marcha fue considerada un éxito. La organización habló de entre 30 y 40 mil personas, y las cifras oficiales daban a 10 mil o 20 mil. Y de la misma manera en que ha crecido el número de manifestantes, también lo fue haciendo el apoyo ciudadano, que el año pasado, en las encuestas, marcaba cerca del 89% de respaldo a las demandas de los estudiantes.
Si se considera que los políticos mejor evaluados bordean el 40%, se puede decir que si en algo está de acuerdo la mayoría de chilenos y chilenas hoy, luego de dos años de movilizaciones, es en que la educación es un derecho y que no se debería hacer negocio con ella.
Esta semana que termina marca un nuevo hito en la lucha por la Educación, puesto que la semana anterior se votó en la Cámara de Diputados una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, que propone su destitución “por no hacer su trabajo”, dado que la legislación ordena que las instituciones de educación superior deben ser “sin fines de lucro”, y parece evidente que las que han hecho negocio con este derecho proliferan en decenas, o cientos, de rincones del país.
Aunque la capacidad de sorpresa se ha agotado, no parece tan difícil de comprender cuando se sabe que tanto políticos de la derecha, como de la Concertación, o tradicionales de izquierda, participan de las acciones o los directorios de las universidades privadas, que pululan con sus ofertas desde diciembre, cuando se hacen las postulaciones, hasta marzo, cuando comienzan las clases.
El Ministro y su sector sostienen que es una vergüenza que se haga “politiquería barata” con el tema, y que el Parlamento las emprenda en contra del único que ha sido capaz de fiscalizar el tema en los 23 años que han pasado desde que la dictadura le entregó el poder político a los civiles.
Los reclamos educativos son también por cambiar el modelo
Es en ese escenario que hoy, en Chile, desde el interior del movimiento estudiantil se cuestiona el modelo de desarrollo, cada vez más, reconociendo el problema de la desigualdad en un síntoma que toca bolsillos y aspiraciones, como es la Educación. La enfermedad pasa a ser más profunda y ya no se trata solo de estudiar, sino de remediar un sistema que todo lo deja en manos de las leyes del mercado.
“Lo que se ve es una articulación de los distintos movimientos sociales, y por sobre todo, comprender que a pesar que hemos llegado a marchar más de 300 mil personas en la calle y que contamos con sobre el 80% de aprobación de la ciudadanía, no hemos logrado ningún cambio estructural”, dice Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), organización que pertenece a la confederación de Estudiantes de Chile, convocante de la marcha del jueves pasado.
Para Vela, en este año, que es de elecciones presidenciales y parlamentarias, “se hace más relevante que la ciudadanía se haga protagonista de los cambios que queremos construir y que no dejemos que se entienda la democracia como ejercer el voto cada cuatro años sino, por sobre todo, generar los cambios que nos hacen falta como país”.
El representante estudiantil manifiesta que hasta ahora el logro ha sido que para la gran mayoría en Chile no es indiferente que sigamos siendo el segundo país más segregado del mundo en materia educacional, y ese grado de conciencia “es un activo permanente que vamos a tener como país para que no se sigan vulnerando nuestros derechos”, sentencia.
Del mismo modo, Eloísa González Domínguez, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (de los últimos años de colegio), asevera que los y las estudiantes se han convertido en una vocería política, no solamente estudiantil, puesto que “hemos tocado otros temas que apuntan a una crítica al modelo en su conjunto. Hoy en día, el rol fundamental del movimiento estudiantil es lograr articular, convocar, y levantar propuestas y alternativas de construcción para el conjunto de la población chilena”.
La joven, de 17 años, quien saltó a la palestra con 15 años, manifiesta que las comunidades deben tener incidencia en la manera en que se aplica el modelo de educación y que a eso apuntan en lo específicamente formativo. Para ella y su sector, eso debe trascender e incidir en el modelo que se aplica en materia de trabajo, de salud y de otros derechos fundamentales.
Sumar voluntades para curar la enfermedad
Desde 2011 a la fecha no se han conseguido esos cambios, pero coinciden los/las representantes en que es un objetivo logar entrelazarse con representantes de otros sectores, para que las pugnas se articulen y lograr la incidencia política que se requiere.
En cada convocatoria de marcha se han ido sumando nuevos actores sociales, gremiales, y sectoriales. El Colegio de Profesores primero, luego organizaciones multisindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), trabajadores de la salud, el movimiento por los derechos de las minorías sexuales, organizaciones de derechos humanos, surgen nuevas organizaciones estudiantiles, y mucha gente de a pie. Se siente la necesidad de agruparse y de salir a la calle a manifestar el descontento.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Andrés Fielbaum, asegura que en los últimos años “se ha ido consolidando la unificación entre distintas luchas. Entendemos que la Educación en ese camino juega un rol estratégico, porque prefigura en gran medida la sociedad desigual, la sociedad injusta, la sociedad segregada en la cual vivimos, y por eso sigue siendo el principal énfasis” de las demandas.
Pero, según opina el representante de la FECh, también comprenden que las injusticias que se ven en el mundo educativo están en muchas otras partes. “La educación es causa y síntoma: por un lado que el sistema educativo que tenemos consolida la segregación y la desigualdad, pero el problema de fondo es que tenemos un Estado totalmente ausente, los derechos están convertidos en un negocio, y que al final del día este país marcha en función de los bolsillos de los empresarios y no de las necesidades de la mayoría de su población”.
Diego Vela agrega que “tenemos una enfermedad como país, que fue impuesta en cierto momento, y uno ve que tenemos cánceres como el lucro en la Educación, que hace que dependiendo de la cantidad de dinero que tienes eso determina tu derecho a educarte, o de tener acceso a la salud. Y vemos que finalmente que lo único que tenemos son aspirinas para terminar con este moribundo y no una limpieza o cirugía mayor que nos permita comprender un país, donde todos valemos lo mismo, donde todos tenemos las mismas oportunidades para poder desarrollarnos”.
Vela sostiene que se debe lograr “dar pasos reales para avanzar hacia derechos sociales, para terminar con los negociados que finalmente están convertidos en que nuestras necesidades son la oportunidad de abuso para otras personas”.
El año electoral y la distancia con la ciudadanía
Este año electoral, el movimiento estudiantil marca distancia con el mundo de la política tradicionalmente entendida -con candidatos/as y asistir a las urnas-, en sus discursos de cierre de la marcha, enfatizaron en que no quieren que los aspirantes al sillón de La Moneda (palacio presidencial), o al Congreso se apropien de esta lucha que se ha realizado desde la bases, rechazando un guiño que hizo en la semana la precandidata de la Concertación -ex presidenta Michelle Bachelet-, a quien se le atribuye que no emprendió los cambios necesarios cuando estuvo al frente del poder Ejecutivo.
El movimiento estudiantil ha dejado en claro que no se prestarán para facilitar campañas de uno u otro sector, y que la responsabilidad del descalabro en materia de derechos y de no avanzar en un país más justo corresponde tanto a la derecha política –que gobernó en dictadura y los últimos tres años-, como a la Concertación –que gobernó los 20 años intermedios-.
El año plantea el desafío de consolidarse como motor de cambio, como dice Eloísa González, quien sostiene que ese cambio no se ha dado ni a través del voto ni con la institucionalidad, sino que es “desde el interior de los movimientos sociales desde donde se deben plantear las bases para los cambios políticos reales” que requiere el país.
Enfrentamientos con la Policía
El balance de las autoridades políticas y policiales habla de 109 detenidos, de los cuales 24 serían menores de edad, y ocho carabineros (policía uniformada) heridos. El más grave es el capitán Héctor Torres, de Fuerzas Especiales (antimotines) quien recibió un ataque con ácido en sus piernas.
El intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, autoridad de quien dependen los permisos para las marchas, indicó que se cuestiona seguir autorizando que los manifestantes salgan a las calles, dado que el balance de destrozos a la propiedad privada y pública es de un alto costo.
Por otro lado, son al menos cuatro las denuncias de personas heridas con balines en su rostro, disparados por la policía uniformada, dos de los cuales se encuentran a riesgo de perder el ojo en el Hospital del Salvador. Las familias estudiarían acciones legales en contra de la autoridad que autoriza el uso de este tipo de armas, consideradas “disuasivas”, por parte de Carabineros.
*César Baeza es colaborador de Otramérica y coordinador de GPS (Grupo Periodismo y Sociedad)
