Sebastián Piñera sorprendió ayer al anunciar a través de cadena nacional un nuevo “bono marzo”, justo a un año que finalice su período presidencial y en pleno año electoral. El bonismo nuevamente se ha presentado y junto a la falsa sensación de ayuda económica, el gobierno, una vez más, trata los temas de pobreza y salario mínimo superficialmente.
Con una política instaurada por los ex mandatarios de la Concertación, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el actual presidente ya ha entregado por lo menos una veintena de bonos en estos tres años de su gobierno; así va repitiendo la estrategia de entregar dinero a la ciudadanía para ganarse el apoyo y reconocimiento en un año marcado por las elecciones.
Esta situación de “cohecho al ciudadano”, como en su momento lo definió Marco Enríquez-Ominami, guarda relación con proyectos de leyes que se transforman en medidas asistencialistas, frente a políticas reales para la superación de la pobreza y desigualdad en Chile.
En reacción al “bono marzo” , Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), de la Universidad Diego Portales, , afirmó en su cuenta de Twitter que “debería prohibirse la entrega de bonos en año electoral… por lo menos 6 meses antes de cualquier elección (primaria, local o nacional)”.
Al ser consultado por El Ciudadano, Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile, dijo no compartir esa visión, ya que “los bonos no es una novedad, es algo internalizado por los gobiernos anteriores, por lo que la ciudadanía agradece los números y la ayuda que entrega en momentos difíciles, pero creo que no incide en los votantes para las elecciones”, dijo refutando a Fuentes.
Según Piñera este bono de $40.000 pesos beneficiará a “2 millones de familias, alcanzando a más de 7 millones de chilenos (…) un costo cercano a los 200 millones de dólares, que afortunadamente hoy día podemos financiar con responsabilidad”, argumentó.
Felipe Larraín, ministro de Hacienda, agregó que este gasto está plenamente justificado dentro de un aumento del gasto fiscal de un 5%, recodando que “el último año del gobierno anterior fue cerca de un 17%”, aunque la realidad es que la cifra corresponde a un “0,3% del gasto fiscal”, indicando que para su financiamiento “vamos a hacer espacio con reasignación de gasto” y a hacer uso de “mayores ingresos”.
Gasto fiscal que podría ser dirigido a cambios más sustanciales y profundos, teniendo en cuenta que la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es abismante: el quinto quintil concentra el 51% de la riqueza del país mientras que el quintil 1 tiene apenas el 5.4%.
Es decir, es un hecho que cinco familias son prácticamente los dueños del país, a través de sus empresas y acciones, mientras que la gran mayoría sobrevive con un sueldo mínimo o menos, sin casa de calidad, con un sistema de salud y de educación precario.
Según la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, existe una “inconsistencia, porque por un lado se habla que estamos en pleno empleo, de que el país crece, que estamos todos tan bien y, sin embargo, el Gobierno se tiene que ver en la obligación de subsidiar a por lo menos tres millones de personas a través de bonos”.
Por José Miguel Peiret
