Esta decisión se ha adoptado después de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentase un proyecto de ley para anular el tratado del 27 de agosto de 1993 que, según las autoridades de este país, contiene artículos contrarios a la Constitución y lesivos para el país.
«Los tribunales a los que este tratado obliga a someter jurisdiccionalmente a Ecuador, al resolver controversias con compañías extranjeras, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran ‘peculiarmente’ el concepto de ‘inversión'», señaló Corea.
También enfatizó que esta iniciativa evitará que las empresas estadounidenses lleven a este país a los centros internacionales de arbitraje reclamado indemnizaciones por daños y perjuicios en el marco de conflictos judiciales sin acudir a ninguna instancia nacional primero.
El mandatario ecuatoriano tiene previsto aprovechar la mayoría legislativa que ha conseguido en las elecciones del 17 de febrero para anular el tratado y los diputados van a abordar esta solicitud el 14 de mayo.
Anunció, a su vez, que creará una comisión para revisar los 23 tratados de protección de inversión de este tipo que ha firmado Ecuador y que podrían obligar a este país a pagar excesivas indemnizaciones, por prescripción de las instancias internacionales de arbitraje, llevando al país a la bancarrota.
Ecuador puso fin a acuerdos similares con Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Suecia desde septiembre de 2009.
