En menos de un mes, y en dos oportunidades, millones de personas han estado expuestas a condiciones de riesgo sanitario por la ausencia de este vital elemento – denuncia el Movimiento  de Trabajadores por la Base (MTB) – paralizando miles de fuentes productivas y laborales, limitando los servicios más esenciales.

Emplazan al Gobierno, Parlamento y Comisión de Medioambiente, para que asuman sus responsabilidades por el relajo de las autoridades sanitarias frente al estado de las plantas y la no fiscalización del proceder inescrupuloso de la empresa.

Los recientes cortes en el suministro de agua potable en Santiago, han provocado el evidente malestar de los usuarios y también reflexiones que surgen desde distintos ámbitos de la ciudadanía en cuanto a la propiedad de este vital elemento para la vida.

El Movimiento de trabajadores por la Base (MTB), en su edición Nº 26 de febrero de este año, editorializa respecto de este suceso de alta conmoción pública precisando que la reflexión que surge como consecuencia del segundo corte masivo del suministro de agua potable en menos de un mes y a más de cuatro millones de personas, es el debate sobre la propiedad del recurso, el rol del Estado, la inversión en infraestructura y mantenimiento, y el abandono al
que están expuestas las personas frente a los grupos económicos.

En torno a este tema, el MTB refresca un poco la memoria sobre el proceso de privatización que esta actividad económica experimentó durante las administraciones concertacionistas:

“La concertación privatizo las sanitarias argumentando la necesidad de financiamiento para planes de inversión» y «disponer de recursos para educación, salud o vivienda. Ambos argumentos nada más falsos,
pues, en el primer caso – señala la declaración – está a la vista la no inversión en el tratamiento de las aguas, y en el segundo caso, los ingresos que obtuvo el Estado por las privatizaciones fueron usados para capitalizar a la propia empresa. En la actualidad la CORFO es propietaria de más de 300 millones de acciones en Aguas Andinas, y las AFP son dueñas de más de 230
millones de acciones en la misma empresa.”

No se requiere experticia en estos temas, agrega el análisis del conglomerado sindical, cuando la empresa Aguas Andinas señala que el corte del suministro se debió a la turbiedad que presentaban las aguas de los ríos alimentadores y que por ello debió cerrar 16 de sus plantas: “sabemos que esta respuesta no satisface ni al más neófito en temas hídricos, pues durante más de cuatro meses en el año, es decir, durante la estación de invierno, las aguas de los ríos Maipo y Mapocho presentan el mismo caudal y el mismo nivel de sedimento, y sin
que estemos expuestos al corte del suministro,; lo que corresponde plantear frente a este grave hecho, es investigar el real estado en que se encuentran las plantas y las distintas etapas de generación del agua potable, como lo es, la captación, almacenamiento, tratamiento y distribución”.

Con seguridad se concluirá – enfatiza la declaración sindical – que desde el momento de la privatización de la empresa (en los años 90’), las utilidades obtenidas no han tenido como destino financiar inversiones que modernicen la operatividad del proceso. Con certeza podríamos señalar que el nivel de sedimentos y contaminantes acumulados por décadas en las piscinas decantadoras, sumado a ello el bajo nivel de inversión en infraestructura y personal, son los elementos responsables de no garantizar el servicio de agua potable las 24 horas del día”.

Los hechos acaecidos no pueden quedar en la impunidad, sostiene el MTB: “frente a una empresa que cobra tarifas usureras por un pésimo servicio, las autoridades políticas que así se lo han permitido, deben ahora exigir a la empresa una compensación por daños y perjuicios de, a lo menos, tres meses de costo cero por el servicio y procesar judicialmente a los dueños y directivos de la empresa, por atentar contra la vida de millones de personas. Mientras tanto, cada uno de los afectados debe meditar seriamente si el agua potable debe permanecer en manos de privados y seguir siendo un negocio usurero más”, finaliza la declaración.