No hay duda. Estamos en manos de ladrones. El caso Bárcenas, Pallerols, Crespo, Nóos, Mercurio, sumados al caso Gürtel, Millet, Campeón, Pretoria y un largo etcétera, demuestran que aquellos que nos han venido dando lecciones de austeridad, no sólo benefician a banqueros y empresarios sino que, cuando no les enfocan las cámaras, corren a llenarse los bolsillos para vivir en la opulencia y el derroche. Y, encima, a costa nuestra.
Alcaldes, exministros, dirigentes autonómicos, senadores, concejales, diputados… y hasta un total de más de 300 políticos están siendo investigados por casos de corrupción. En todos los niveles de la administración pública cuecen habas. Y no sólo. La corrupción asoma, también, en el Consejo General del Poder Judicial, entre los gobernadores del Banco de España o en la mismísima familia real. Aquí, no se salva nadie. Y sólo conocemos la punta del iceberg.
El País Valencià y las Baleares tienen el triste honor de encabezar el ranking de la corrupción y el amiguismo, aunque territorios como Catalunya, Galicia, Madrid, Andalucía… les siguen de cerca. En el País Valencià, nuevo diputados del Partido Popular están formalmente imputados, así como antiguos altos cargos del gobierno de Francisco Camps, a quién, incluso, el periódico The New York Times llegó a comparar con Silvio Berlusconi. En Baleares, son ya casi un centenar los imputados, entre cargos y exaltos cargos, la mayoría de la última legislatura del popular Jaume Matas, quien, por cierto, acumula un total de unas doce causas por financiación irregular, entre otras.
En Catalunya, la corrupción salpica de lleno tanto a Convergència como a Unió. Convergència, con su sede embargada para cubrir la fianza de 3,2 millones de euros por el desvío de fondos del Palau de la Música y con la trama de las ITV acechando a su secretario general, Oriol Pujol. Más el caso del Institut Català de la Salut, que obligó a la dimisión de su presidente Josep Prat, o ahora el caso de Xavier Crespo, diputado de CDC en el Parlament, vinculado, presuntamente, a una trama de blanqueo de capitales procedentes de la mafia rusa. El «muy honorable» Jordi Pujol parece que no se ha enterado y promueve desde su Centre d’Estudis un «código ético para profesionales de la política», basado en la honradez y la transparencia. En fin, otra broma de mal gusto.
Por no hablar de Unió, condenada por financiamiento irregular al beneficiarse con fondos públicos destinados, para más inri, a la formación de parados. El conocido como caso Pallerols. Y que culminó, ojo al dato, con un acuerdo entre fiscalía, acusación y defensa para evitar el juicio, y la no declaración, entre otros, del presidente de la formación Durán y Lleida, y una rebaja de las penas de prisión a menos dos años (¡inicialmente la Audiencia de Barcelona pedía once!) evitando, así, la cárcel. ¿Justicia?
No hay que olvidar tampoco la trama de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) falsos de la Junta de Andalucía, presidida por el PSOE, con cerca de 70 imputados, entre ellos, exconsejeros, exdirectores generales y exviceconsejeros. Muchos, parece ser, fueron los beneficiarios, a lo largo de al menos diez años, del dinero de los ERE andaluces. Un escándalo que sigue la estela de una largo historial de corrupción en las filas socialistas desde la época de Juan Guerra y Luís Roldán.
Aunque la mayor parte de los casos de corrupción se dan a nivel local. Hoy unos 80 alcaldes y exalcaldes más varias decenas de concejales están siendo investigados por causas relacionadas con la adjudicación de obras y urbanismo. Muchos de ellos están imputados por delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y/o fraude. El caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet y el, más reciente, caso Mercurio en Sabadell son todo un ejemplo.
Los partidos políticos mayoritarios, principalmente, han hecho y deshecho a su antojo con los fondos públicos, han utilizado instrumentos de financiación ilegal y han gestionado los asuntos colectivos como si se tratara de su patio privado. No es sorprendente, pues, que en el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en diciembre del 2012, los políticos y los partidos fueran considerados el tercer problema más importante que existe en el Estado español, seguido de la corrupción y el fraude. De hecho, en el informe Percepción de la Corrupción 2012, elaborado por Transparencia Internacional, el Estado español ocupaba el puesto número 30 de la clasificación, empatando, casualmente, o no tanto, con Botsuana.
Y, ¿qué suerte corren aquellos que se atreven a denunciar dicha corrupción? Hoy el caso más emblemático es el de CafèambLlet, una revista local que, con muy pocos medios, denunció, a principios del 2102, con un vídeo casero, que en pocos días llegó a las más de cien mil visitas en Yotube, como el dinero de la sanidad pública catalana estaba siendo robado por empresarios y políticos de CiU y del PSC. Meses después, CafèambLlet era denunciado por Josep Maria Vía, citado en dicho vídeo, por atentar contra su honorabilidad y, en un juicio inusitadamente rápido y donde ni siquiera pudieron hablar, fueron declarados culpables y condenados a pagar una multa de diez mil euros. Pero, tomen nota, otro de los principales escándalos que destapó CafèambLlet fue el Informe Crespo, en relación a Xavier Crespo, quien en su momento amenazó de querellarse contra la revista y a quien en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción pide que sea investigado por prevaricación y cohecho. ¿Alguién indemnizará a CafèambLlet por las amenazas recibidas por este personaje?
La corrupción hoy no es percibida igual que ayer. Ahora se la considera como parte intrínseca de la crisis. La impunidad de la que gozaban los políticos con la corrupción parece se acaba. En un momento donde se tambalean los pilares del sistema construido en la Transición, y donde la pérdida de legitimidad de las instituciones y representantes políticos avanza a marchas forzadas por su servilismo al poder financiero, es probable que el impacto de la corrupción en la opinión pública y en el comportamiento electoral sea más severo. Y es que en la medida en que aumenta el paro, la pobreza y la precariedad, el enriquecimiento ilícito de unas elites a costa de la mayoría social se convierte en otra vuelca de tuerca insoportable. La crisis no se aprecia ya como resultado del «despilfarro» de los de abajo sino como «robo» y «estafa» de los de arriba.
Ha llegado, pues, el momento de movilizarse, decir basta y tomar medidas: exigir mecanismos de control de los cargos públicos, revocabilidad de mandatos, desprofesionalización de la práctica política, no acumulación de cargos, límite en los sueldos, transparencia en las cuentas. Ayer miles de personas se concentraron frente a las sedes del Partido Popular en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y A Coruña. ¿Un primer paso para un nuevo repunte de la voz de la calle? El caso Bárcenas es la gota que colma el vaso. Ya va siendo hora que nos devuelvan todo lo que nos han robado.
*Artículo publicado en Público, 01/02/2013.
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