El Tribunal Europeo de Derechos Humanos insta al Gobierno español a suspender el desalojo de una vivienda familiar en la Cañada Real

El Tribunal de Estrasburgo ha solicitado al gobierno español que paralice el derribo de una vivienda en la Cañada Real (Madrid) hasta que el Gobierno español no informe al tribunal que ha sido capaz de garantizar un alojamiento adecuado y servicios sociales al matrimonio y la niña de ocho años que viven en ella.

La decisión tiene un alcance muy importante, no solo para la familia, sino para miles de personas que habitan en la Cañada Real en su misma situación, y miles de familias más en el Estado español, cuyo derecho a la vivienda se ve amenazado.

El Tribunal de Estrasburgo, mediante unas medidas cautelares dictadas el pasado 31 de enero, solicitó paralizar el derribo que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto efectuar sobre la vivienda situada en el Sector 4 de la Cañada Real en la que Mohamed Raji, su esposa Bouchra Zaidi y la hija de ambos, Sara Raji, de 8 años de edad, viven desde 2009. El Tribunal solicitó que el derribo sea paralizado hasta que el Gobierno español no provea información precisa y rigurosa sobre las medidas que han tomado las autoridades locales para asegurar una vivienda adecuada y servicios sociales a dicha familia. En 2006, la familia pidió una vivienda de protección oficial, y al recibir la orden de desalojo solicitó una vivienda por especial necesidad. Ninguna de las dos solicitudes ha sido resuelta y a fecha de hoy no cuentan con una vivienda alternativa.

El Ayuntamiento de Madrid contaba con autorización de Entrada en Domicilio dictada por un Juzgado Contencioso. Mohamed Raji había alegado ante esa instancia, y posteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia, la violación de derechos humanos que suponía el derribo de su hogar sin ofrecer vivienda alternativa adecuada y en un entorno como Cañada Real, en el que las autoridades han tolerado el asentamiento durante décadas.

Ante la desestimación de sus razones por los tribunales españoles, la familia remitió -a través de su abogado- una comunicación al Tribunal Europeo solicitando la adopción de una Medida Cautelar que evitase el derribo. Pocos días después, y a requerimiento del Alto Tribunal, el Gobierno español alegó a través de un escrito del Ayuntamiento de Madrid que se ofrecería a la familia un alojamiento alternativo de entre 7 y 15 días, con posibilidad de prórroga.

Un día antes de la comunicación del Tribunal,  el Ayuntamiento de Madrid declaraba la paralización de los derribos y desalojos en Cañada Real. “Esta circunstancia, lejos de relativizar la importancia de la decisión del Tribunal Europeo, ratifica el papel de la movilización social contra las arbitrariedades de la administración en el terreno de la vivienda, tanto en las acciones de calle como en la defensa jurídica de las razones de la ciudadanía”, manifestó Javier Rubio, abogado de Mohamed Raji y su familia.

“Para Amnistía Internacional es muy positivo tanto el anuncio del Ayuntamiento de Madrid como la petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal mediante esa decisión recuerda que existen estándares internacionales de protección del derecho a la vivienda que los Estados deben cumplir para proteger a las personas”, destacó Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales de Amnistía Internacional.

Información de contexto

Cañada Real Galiana es una zona de tránsito pecuario en la que durante los últimos 30 años familias españolas y migrantes han construido sus viviendas. Según el censo del Ayuntamiento de Madrid, 7.725 personas viven en los 14 kilómetros de Cañada.

En marzo de 2011 se aprobó la Ley de Cañada Real, que establecía que las Administraciones competentes llevarían a cabo un acuerdo marco de contenido social para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de estos terrenos, garantizando en todo el proceso la participación de las personas afectadas.