Por Mariló Hidalgo

Primero se ocuparon de forma masiva las plazas, luego viviendas vacías, bancos e incluso supermercados. ‘La desobediencia civil se está convirtiendo en una práctica cada vez más común y empieza a recuperar el espacio público’, asegura Esther Vivas, activista e investigadora en movimientos sociales.

«Más pobreza, más paro, más hambre, más recortes, más desahucios, más indignación, más malestar y… más desobediencia como respuesta en la calle. Frente a estas leyes y prácticas injustas, la única opción que queda es desobedecer». Con esta contundencia se expresa Esther Vivas, una comprometida activista social, licenciada en periodismo y sociología, y autora de varios libros sobre movimientos sociales y agroecología.

Precisa e incisiva, reconoce que para cambiar las cosas hace falta paciencia: «las situaciones cambian, se aceleran o se comprimen y no sabes cuál será la gota que colme el vaso».

-¿Crees que se dan los elementos suficientes para un movimiento de desobediencia civil en España?

-Las prácticas de desobediencia civil ya se han instalado en nuestra vida cotidiana. La ocupación de plazas por parte del movimiento 15M era un acto de desobediencia civil masiva, y a partir de ahí hemos asistido a una serie de acciones que desobedecen leyes y prácticas injustas: la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH) ocupando viviendas, movimientos relacionados con las estafas de las preferentes ocupando los bancos, la entrada del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en un supermercado para llevarse sin pagar alimentos de primera necesidad para luego darlos a los necesitados, etc. Lo más importante respecto a épocas anteriores es que estos actos de desobediencia civil han conectado con amplios sectores de la sociedad, que no se movilizan pero sí se sienten representados por estas acciones y las apoyan.

-Dices que se trata de algo cada vez más cotidiano, en cambio, la sensación a través de los medios es que se trata de hechos aislados.

-La realidad es muy distinta. A todo lo que te comentaba antes debemos añadir lo que está pasando en Cataluña: saltarse los peajes en la autopista, negarse a pagar el aumento de tarifas en el transporte público… Frente a las políticas y leyes injustas surgen acciones como éstas, que son ilegales pero que resultan legítimas. En el Estado español, donde cada día se desahucia a 532 personas y a la vez hay entre tres y seis millones de pisos vacíos, ocupar una vivienda y darle un uso social es ilegal pero es considerado legítimo por amplios sectores de la sociedad. Lo mismo se podría decir con las acciones del SAT este verano en los supermercados. Lo que sí debería ser ilegal es que estos supermercados cada día tiren toneladas de comida, mientras un millón de personas en este país pasa hambre. Ilegal debería de ser la estafa de las preferentes, especular con las viviendas y dejar a miles de familias en la calle. Dar comida a quien lo necesita o exigir justicia en relación a las prácticas de la banca es del todo legítimo, aunque a veces implique acciones ilegales.

-¿Qué influencia ha tenido el 15M en este tipo de respuestas ciudadanas?

-Ha sido determinante. Marcó un punto de inflexión. Ha permitido mantener la confianza en el ‘nosotros’, en que ‘si queremos, podemos’ y ha desenmascarado la estafa de la crisis. Cuando el movimiento empezó a ocupar plazas se decía: «esto no es una crisis del capitalismo», «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros», estos eslóganes que señalaban las causas profundas y estructurales de la crisis, hoy son compartidos por amplios sectores de la sociedad. El discurso del 15M y sus prácticas ha puesto en entredicho lo que defiende el sistema, que nos repite: ‘habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Por tanto como sois culpables y cómplices de esta crisis, debéis aceptar las consecuencias». El 15M ha dado la vuelta a eso y dice que quien ha vivido por encima de sus posibilidades es la élite política y económica de este país, y los discursos de ‘esto no es una crisis sino una estafa’ son compartidos por muchos. Se ha quitado la careta al sistema y se presenta como es: con la cara de la usura, la avaricia, la corrupción y la estafa.

-¿Qué opinión te merece el proyecto de reforma del código penal que incluirá como delito la convocatoria de concentraciones no autorizadas a través de la red?

-La otra cara de la política de recortes y de las tijeras es la política represiva y de la criminalización. Así que cuando no se pueden aplicar medidas de reajuste por las buenas como pasa ahora, y surgen movimientos en contra en la calle, la aplican por las malas. Esta estrategia intenta criminalizar el movimiento calificándolo de antisistema, de ‘perroflauta’ y cuando no consigue el objetivo, lo criminaliza. En este sentido, Cataluña ha ido a la cabeza, por ejemplo cuando el Conseller de Interior Félix Puig puso en marcha una web para delatar a manifestantes, o detienen a más de cien personas a raíz de la huelga del 29 de marzo, o imponen multas exorbitantes. Se ha producido una gran escalada represiva.

-Mucha de la gente que se manifiesta en la calle son personas mayores. ¿Este movimiento afecta a todo el mundo?

-La crisis y las políticas de ajuste afectan de forma dramática a la gente joven. La tasa de paro afecta en estos momentos al 50% de la juventud pero, en el otro extremo, otro de los grandes afectados por la crisis es la gente mayor. Los recortes en sanidad y el copago hace que muchas familias tengan grandes dificultades para llegar a fin de mes. La crisis es tan profunda que cada vez afecta a más sectores sociales y ante ello, a la gente no le queda otra opción que movilizarse. Por eso aunque se ha intentado estigmatizar al movimiento tachándolo de ‘perroflauta’, la opinión pública ve por la televisión la pluralidad que participa y ya no se cree las mentiras que defiende el sistema.

-¿Y qué pasa con esa ‘mayoría silenciosa’ de la que habla el Presidente Mariano Rajoy?

-Después de que Rajoy agradeciera a esa ‘mayoría silenciosa’ que se quedaba en casa y no protestaba durante el 25S, El País publicó el resultado de una encuesta que mostraba que un 70% de la opinión pública estaba de acuerdo con el 25S ‘Rodea el Congreso’. Es decir, esa mayoría silenciosa se unía a los que protestaban y no a los que se callaban.

-La corrupción es el cuarto problema que más preocupa a los españoles, según el último barómetro del CIS. A las distintas manifestaciones que ya hay en la calle, se suman ahora las de ciudadanos frente a las sedes del PP ¿Hay un incremento del movimiento ciudadano?

-La respuesta en la calle frente a la corrupción hay que verla a corto y medio plazo. Hoy no es interpretada y percibida igual que ayer. La profundidad de la crisis hace que la corrupción sea una gota más que se añade a un vaso a punto de rebosar. Cuando la gente no llega a final de mes, no puede pagar la hipoteca, es desahuciada, no puede ni comprar lo esencial, mientras otros se enriquecen a manos llenas de forma ilícita, genera mucha indignación. Porque además son los mismos que han dado lecciones de austeridad y ahora se demuestra que han vivido entre el derroche y la opulencia. Frente a esto, hay una respuesta social en la calle, las sedes del Partido Popular están sitiadas y el propio partido se enfrenta a un desgaste muy grande. Habrá que ver cómo evoluciona. Cuando emergió el 15M nadie esperaba algo así. Los movimientos son cíclicos y éste supuso el inicio de un nuevo ciclo de movilización en un contexto de crisis profunda y global. Por tanto, no es algo previsible. Cuando se dan los ingredientes adecuados, salta.

[Fuente: Revista Fusión].