Las principales organizaciones de damnificados y ONGs vinculadas a la
reconstrucción post 27F, se pronunciarán mañana sobre las cifras entregadas
por el gobierno y realizarán un balance de su gestión a 3 años del terremoto.
Solicitarán una auditoría externa de las cifras del proceso, cuyo avance valoran
en un 44%.

No todo lo que brilla es oro en esta temporada festivalera, donde el régimen
Piñerista se abanica con las cifras de la re construcción post terremoto
que sacudió a nuestro país con una magnitud de 8.8.Frente al despliegue
del aparato mediático que potencia la gestión gubernamental, diversas
organizaciones ciudadanas develarán la otra cara de las consecuencias que
dejó el fenómeno natural, radicadas en la capital y la octava región.

Este miércoles 27 de febrero, al cumplirse tres años de aquel brusco despertar,
diversas organizaciones sociales realizarán una conferencia de prensa para
evaluar la gestión del gobierno chileno en torno al proceso de re construcción
en las zonas afectadas por el cataclismo y tsunami.

Los convocantes sostienen que los avances sólo abarcan un 44% respecto de
viviendas destruidas, denuncian además que los organismos estatales realizan
acciones publicitarias engañosas con las cifras.

A continuación reproducimos el texto emitido por los organismos denunciantes:

“Este miércoles 27 de febrero se realizará una conferencia de prensa, para evaluar la gestión
del gobierno en la reconstrucción. El evento es convocado por el Movimiento Nacional para
la Reconstrucción Justa -MNRJ-, la Red Construyamos, el Observatorio 27 de Febrero, la
Asamblea de Vecinos para la reconstrucción de la Villa Olímpica, Habitat para la Humanidad,
SEDEJ, Biobio Proyecta, Surmaule, Fundación Patrimonio Nuestro y una decena de
organizaciones sociales y ciudadanas.

Las organizaciones convocantes rechazan el balance del gobierno y señalan que el proceso
de reconstrucción alcanza sólo un 44% de avance, considerando como indicador principal, la
reconstrucción de viviendas destruidas, que representan el principal desafío del proceso, tanto
desde el punto de vista de la inversión como de la gestión. Por lo mismo, consideran que el 92%
de avance anunciado por el gobierno, no representa la realidad de los damnificados y denuncian
que se está haciendo un uso engañoso y publicitario de las cifras. Según los convocantes sus
críticas al balance gubernamental se basan incluso, en un análisis simple de las cifras oficiales
entregadas por el MINVU, el 31 de enero pasado.

Más allá de la cifras, Henry Herrera, del Observatorio 27 de febrero, considera “que el gobierno
no está reconociendo graves problemas de gestión de la reconstrucción, que explican la mala
calidad de muchas soluciones habitacionales; la masiva segregación de los damnificados en
zonas periféricas; erradicaciones y expropiaciones injustas y efectos perversos de intereses
inmobiliarios”. Por su parte, Eduardo Ampuero de la Red Construyamos, afirma “que no es
posible seguir aceptando un modelo que privilegia los intereses y la voz del sector privado, por

sobre las necesidades y la voz de las comunidades afectadas”.

Tusy Urra, coordinadora del Movimiento nacional para la Reconstrucción Justa destaca que
“el proceso de reconstrucción no terminará durante este gobierno porque la reconstrucción de
un país no se mide sólo por cifras de viviendas re-construidas o reparadas, sino que también
por la recuperación de los barrios y del hábitat en general”. Por eso, agrega que “no basta con
entregar casas: se deben sumar parques, plazas, escuelas, consultorios, servicios básicos,
redes de apoyo y fuentes laborales que respeten el modo de vida de las personas”.

Para Jaime Díaz, vocero de la Asamblea de Vecinos de la Villa Olímpica denuncia, “que los
pobladores erradicados del país están recibiendo departamentos precarios en conjuntos
habitacionales periféricos, donde el hacinamiento y la ausencia de servicios, pronto
transformarán las nuevas urbanizaciones en verdaderos guetos”. Por lo mismo, el dirigente
emplaza al Ministro de Vivienda, a explicar sus declaraciones del 19 de febrero, donde aseguró
que “se están reconstruyendo todas las viviendas destruidas en el mismo lugar donde se
emplazaban» lo que significaría, a su juicio, «romper con la construcción masiva de conjuntos
de viviendas en terrenos localizados en la periferia urbana”. Para Díaz, “éstas declaraciones
representan una de las peores faltas a la verdad comunicadas por la autoridades en el tercer
aniversario del terremoto”.

Los organizadores explicarán también que, por razones de mercado, el gobierno privilegia la
construcción de viviendas a gran escala, y con esto, ha desconocido las recomendaciones
hechas en mayo del 2012, por la relatora para el derecho humano a la vivienda adecuada de la
ONU, Raquel Rolnick.

Rodrigo Sanzana, representante de SEDEJ, explica que, uno de los lados más oscuros de la
reconstrucción son “las erradicaciones injustas y forzadas, desde el centro urbano a la periferia,
o del borde costero a los cerros”. Para Sanzana “hay erradicaciones inmorales, que se están
consumando a través de expropiaciones y de operaciones fraudulentas y éstas no se relacionan
con temas de seguridad pública, sino con un aprovechamiento del terremoto como pretexto para
expulsar a pobladores de terrenos de alta plusvalía, como sucede en Villa Futuro y Aurora de
Chile”.

En la misma línea, Marlen Ávila, dirigenta del histórico barrio Chorillos de Talca, explica que en
su ciudad también se observan situaciones parecidas, “puesto se quieren demoler escuelas
y edificios de valor patrimonial, sin tomar en cuenta la voz de la ciudadanía”. Sobre esto la
dirigente opina que “muchos procesos de erradicación -que son múltiples en el borde costero-
hacen pensar que el terremoto se ha convertido en la excusa perfecta para erradicar a sectores
populares, con el mero afán de potenciar el lucro de diferentes negocios inmobiliarios”.

Javiera Gozález de Surmaule, denuncia, por su parte, que “en muchas localidades afectadas, se
están mezclando subsidios de reconstrucción con subsidios de programas regulares de vivienda,
inaugurando obras que estaban comprometidas antes del terremoto, para abultar más aún
las cifras”. Por lo mismo, solicita “una auditoría externa de las cifras de la reconstrucción y el
fortalecimiento de la transparencia activa en materias de Reconstrucción, fortaleciendo el rol que
está jugando, en este proceso, el Consejo para la Transparencia”.

Desde Constitución, la dirigente Carolina Manríquez opina “que durante estos años ha faltado
mayor protagonismo de otros servicios de gobierno, como el Ministerio de Salud, el Servicio
Nacional de la Mujer, del Adulto Mayor y otros, para frenar el incremento en las situaciones

de violencia intrafamiliar y dar mayor pertinencia a las soluciones post desastre”. Los voceros
también se referirán a las cientos de familias chilenas que pasarán un cuarto invierno en
mediaguas, a pasar de las promesas del gobierno, puesto que existen conjuntos habitacionales
para damnificados que ni siquiera han comenzado a ser construidos.