Por Adam Morrow y Khaled Moussa al-Omrani

Los estallidos de violencia en Egipto, al conmemorarse el segundo aniversario del comienzo de la revolución del 25 de Enero, plantean varias interrogantes sobre el futuro de este país.

Las protestas masivas del viernes 25 contra el gobierno derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que ya dejaron por lo menos 40 personas muertas.

Varias ciudades a lo largo del canal de Suez fueron declaradas en estado de emergencia.

«El fervor revolucionario que estalló el viernes en 10 de las 27 provincias de Egipto no se había visto desde el levantamiento popular de hace dos años», dijo a IPS el coordinador general del movimiento 6 de Abril, Ahmed Maher, que participó en las manifestaciones de 2011 contra el gobierno.

En las semanas previas al aniversario, partidos revolucionarios, centristas y de izquierda, junto con varias organizaciones civiles, convocaron a los egipcios a manifestarte contra el presidente Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana, a la que pertenece.

Cientos de miles de personas respondieron al llamado uniéndose a las protestas en El Cairo, Alejandría y otras grandes ciudades del país.

Los reclamos incluyen reformas a la nueva Constitución, el procesamiento de todas las personas involucradas en la muerte de manifestantes y garantías de que las próximas elecciones parlamentarias, previstas para abril, serán transparentes.

Los participantes en las protestas también criticaron lo que califican de «hermanización» de las instituciones del Estado.

Los organizadores llamaron a realizar «manifestaciones pacíficas» y a «evitar la violencia», pero no fue el caso.

Saad al Kitatni, presidente del Partido Libertad y Justicia (FJP, por sus siglas en inglés), brazo político de la Hermandad Musulmana, responsabilizó a la oposición de la escalada de violencia.

«Las fuerzas políticas que convocaron las manifestaciones, de las que parecen haber perdido el control, son responsables del derramamiento de sangre», comentó Al Kitatni en la red social Twitter.

Por su parte, la oposición responsabilizó al presidente Morsi y a la Hermandad Musulmana por la crisis.

«Morsi, su gobierno y su partido son responsables de la violencia», señaló Maher. «Al ignorar los reclamos de la oposición, Morsi se comporta igual a (Hosni) Mubarak», el presidente obligado a renunciar por el levantamiento popular de 2011.

La Hermandad Musulmana condenó la violencia.

«La Revolución del 25 de Enero fue de naturaleza pacífica», señala en un comunicado. Pero las manifestaciones del día 25 «incluyeron ataques de ejércitos de matones contra la policía, las instituciones estatales y la propiedad privada», añade.

La Hermandad Musulmana también responsabilizó a los medios de comunicación privados de «incitar a la población contra el gobierno» de Morsi, en el poder desde junio de 2012. La mayoría de esos medios son propiedad de influyentes empresarios, que no simpatizan con la organización islamista.

Aseguró, además, que la violencia fue planificada por «elementos que buscan desbaratar el curso de la revolución».

La organización también condenó a la oposición por justificar la violencia. «Es inaceptable que quienes reclaman ‘justicia para los mártires de la revolución’ emprendan acciones que llevan a la muerte de más personas», reza la declaración.

La situación empeoró al día siguiente el aniversario, cuando un tribunal de la ciudad de Port Said condenó a muerte a 21 hombres, al hallarlos culpables de la muerte de numerosos fanáticos al concluir un partido de fútbol en febrero de 2012, en el estadio de esa una norteña ciudad portuaria.

La lectura de la sentencia desató enfrentamientos en Port Said entre la policía y familiares de los condenados, con un saldo trágico de al menos 30 muertos, incluidos personal de seguridad. El ejército tuvo que ser desplegado en la ciudad y sus alrededores para controlar la violencia.

Ese mismo sábado 26, el Frente Nacional de Salvación (FNS), la principal coalición opositora, elevó la apuesta y amenazó con boicotear las próximas elecciones parlamentarias, si el presidente Morsi no cumplía con una lista de demandas.

Entre ellas, cambios inmediatos a la Constitución, reemplazo del gobierno actual por uno de «salvación nacional» y la destitución del fiscal general, Talaat Ibrahim, designado por Morsi.

De no cumplirse sus exigencias de inmediato, el FNS dijo que convocará a más manifestaciones en lo que resta de enero, para reactivar la Constitución anterior, de 1971, aunque precisó que con algunas modificaciones.

Según Maher, la única salida de la crisis para Morsi es «formar un nuevo gobierno con representantes de varias fuerzas políticas, crear un comité para la reforma constitucional con varios eruditos, disolver el Consejo de la Shura (cámara alta legislativa) y aceptar la renuncia del fiscal general».

«Si no cumple, redoblaremos las demandas», añadió, en una referencia velada a la posibilidad de reclamar la propia renuncia de Morsi.

El portavoz del gobernante FJP, Murad Ali, rechazó los ultimátums.

«La oposición tiene derecho a protestar donde quiera en forma pacífica», dijo a IPS. «Pero ningún partido político tiene derecho a reclamar la dimisión de un gobierno elegido democráticamente, en tanto que el uso de la violencia es, por supuesto, cruzar una línea roja», remarcó.