Funcionarios del gobierno chileno y líderes de comunidades mapuche de La Araucanía sostendrán hoy una segunda ronda de conversaciones para analizar la situación en la región, escenario de un histórico conflicto por el reclamo de tierras ancestrales.
Según medios noticiosos, de la cita fueron excluidos representantes de algunas comunidades indígenas, como Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, uno de los principales auspiciadores de la reciente Cumbre Mapuche de Cerro Ñielol, en la que los pueblos originarios reiteraron su pedido de autodeterminación.
Por el Ejecutivo está prevista la asistencia de los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Los otros interlocutores serán hacendados de la zona.
El jueves último, el presidente Sebastián Piñera descartó que su Gobierno vaya a ceder ante el reclamo de autonomía de comunidades mapuche.
“Chile es un país multicultural, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que Chile es un solo país, una sola nación, tenemos varios pueblos, tenemos muchas culturas, pero un solo país”, expresó el mandatario a representantes de la prensa extranjera.
De acuerdo con Piñera, toda idea de que hay dos naciones dentro de Chile, o que deben haber dos países a lo interno del territorio es algo que su Gobierno no comparte.
Sin embargo, en opinión de Huilcamán la autodeterminación debe consistir en un régimen autonómico y los tratados se deben respetar y cumplir de buena fe, a tono con dos pactos de 1823 y 1825 que reconocen a ese pueblo originario como una comunidad, con frontera definida.
El lunes pasado, los ministros Chadwick y Lavín también se reunieron en La Araucanía con líderes de comunidades mapuche, parlamentarios, alcaldes y concejales de la zona, plática que generó descontento en algunos de los participantes, por considerar que sigue la lógica policial para enfrentar problemas históricos de la región.
Los senadores Jaime Quintana y René Saffirio se mostraron inconformes con el despliegue de policías que generó la cita, y con las características del diálogo.
En un inicio se había dicho que la mesa abordaría medidas para tratar de solucionar el conflicto en la región, entre ellos evaluar un eventual reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y el cumplimiento del Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese texto de la OIT establece la obligatoriedad del Estado de consultar a los pueblos originarios cuando se acometan proyectos económicos o de otro tipo en los territorios poblados por dichas comunidades.
Sin embargo, de acuerdo con los congresistas, el Gobierno pretende enfrentar el asunto con lógica policial, a juzgar por la urgencia con la cual desea que el Congreso otorgue su visto bueno al proyecto de ley antiencapuchados, conocido como Ley Hinzpeter, a la que consideran una sanción a la protesta social.