Las luchas sociales del período reciente ponen de manifiesto que una mayoría de chilenos rechaza el sistema económico, social y político impuesto, hace ya 40 años, por medio del terrorismo estatal.
Las masivas, persistentes y diversas movilizaciones de protesta no se enfilaron sólo contra el actual presidente de la república o contra un partido político en particular, sino contra el régimen entronizado por la dictadura cívico militar en 1973 y que representa los intereses del gran capital foráneo y de una minoría oligárquica que vive en la opulencia y que no excede el 1% de la población chilena.
Incuestionablemente, los movimientos sociales, que por largos períodos actuaron en el estrecho marco de sus demandas sectoriales, han iniciado una etapa de convergencia, de superación de falsos autonomismos, de cooperación o incluso de unificación entre las distintas regiones, entre los diversos pueblos originarios, entre estudiantes universitarios y secundarios, entre obreros urbanos, mineros y campesinos, mujeres y hombres, jóvenes y adultos mayores, etc., dispuestos a superar posturas autorreferentes y sectarias que tanto daño hicieron en el pasado. La consigna “tu problema es mi problema” caló profundamente en el pueblo movilizado. La exigencia de Asamblea Constituyente se transformó en el común denominador para la diversidad de fuerzas que postulamos un cambio profundo en el rumbo del país.
En esta etapa, se puso en evidencia que la mayoría ciudadana es democrática, solidaria, patriótica y que es falso que rechace o repudie la política. Lo que realmente deplora es la actual institucionalidad política y a los partidos políticos que la sostienen, los cuales se han convertido en verdaderas agencias de empleo, mercaderes de la corrupción, correveidiles de los grandes capitales, apéndices de los poderes fácticos, que han conspirado en el secreto de los pasillos parlamentarios y en las sinecuras del aparato estatal para ningunear al pueblo, mantenerlo desinformado y reducido a la mera condición de consumidor, de rebaño, de objeto de las prácticas clientelistas de los gobernantes de turno.
Una vez más, los hechos demostraron que el núcleo dirigente de la Concertación de partidos por la democracia, desde 1990, tiene un compromiso duro, inconmovible e incondicional de sometimiento y subordinación a la dominación de los poderes fácticos internos y transnacionales.
La mal llamada “constitución de 1980” – reforzada en su aspecto antidemocrático con el voto favorable de la Concertación y el pinochetismo en el plebiscito de julio de 1989-, provee el manto de legitimidad que, en los últimos veinte años, ha permitido que los capitales extranjeros tomen el control de casi dos tercios del producto interno bruto y más del 72 % de la producción de nuestro cobre, nacionalizado en 1971 por la unanimidad del parlamento. La vigencia, por cuatro décadas, de un régimen plutocrático, ha significado que la inmensa mayoría de trabajadores es pobre, cuyo salario no permite satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar, que a diario y de manera cotidiana debe sufrir atropellos en su lugar de trabajo, en la sala de espera de consultorios y hospitales, en el transporte público, en la fila para pagar la luz, el agua, la basura, la electricidad, en el barrio, en las tiendas y en los bancos donde impera el robo de cuello y corbata, en las ISAPRES, en las AFP, en el Retail, en colegios y universidades, etc. En resumen, la institucionalidad actual, junto con asegurar irritantes privilegios a la elite oligárquica, deja al ciudadano completamente desguarnecido, reprimido, sometido a los abusos del gran capital y de su régimen tramposo y corrupto, autocrático, racista y antinacional. Ello explica en gran medida que más del 60 % de las personas en capacidad de votar se abstuvieron de hacerlo en la última elección municipal. En importantes comunas del país, los alcaldes fueron elegidos con menos del 14% de los electores habilitados para votar.
Pese a lo anterior, la mayoría de los parlamentarios, tanto de la Concertación como de la Alianza por Chile, está bastante cómoda con la Constitución pinochetista y con el modelo político, económico e institucional que ampara. Hay una flagrante contradicción entre el descontento popular hacia el orden jurídico vigente y la postura complaciente de la elite parlamentaria, empresarial y militar que alienta su conservación.
Ante el clamor popular por una Asamblea Constituyente, las elites dominantes se dividieron: Unos la rechazaron tajantemente, a todo evento, como el ex ministro Pérez Yoma que declaró: “jamás, en ninguna parte y por ningún motivo”. Otros, aparentando mayor “flexibilidad” y con la pretensión de “reencantar al pueblo”, presentaron, en enero de 2012, un proyecto de ley para “cambiar la Constitución” pero entre cuatro paredes, en el secretismo del parlamento, encargando su redacción a una comisión mixta de diputados y senadores y resolviendo, en definitiva, en el exclusivo marco del Congreso Pleno, escamoteando la participación popular.
En el fondo, unos y otros pretenden que el pueblo continúe sin acceso a la información, que no se interese ni participe en los asuntos públicos, y que se comporte frente a los poderes fácticos de manera pasiva, subordinada y obediente. No faltan algunos ingeniosos intelectuales que fomentan una brecha entre “lo social” y “lo político”, lo que implicaría que las bases populares movilizadas acoten sus luchas a un esquema peticionario, es decir con derecho a pedir y no exigir, circunscrito a lo que puedan gestionar y negociar las cúpulas parlamentarias y el gobierno de turno.
Salta a la vista que las “reformas políticas” negociadas el año pasado entre el Presidente Piñera y los ex Presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet estuvieron acotadas a cuestiones subalternas que no alteran en absoluto la vigencia del modelo neoliberal, los privilegios de la elite dominante y la exclusión de la mayoría ciudadana.
En definitiva, la elite dominante intentará descomprimir la caldera social sometiendo a la ciudadanía a la única opción de alternancia en el gobierno entre los dos bloques parlamentarios que monopolizan el sistema político desde 1989, intentando que la salida de uno implique la entrada del otro, de manera indefinida en el tiempo, tal como ocurre en EEUU, Alemania, Francia, España, etc., lo que implica prolongar indefinidamente la vigencia de la Constitución de 1980.
Si queremos conquistar la democracia no podemos transitar hacia ese callejón sin salida. Por el contrario, debemos hacer camino al andar y generar nuestro propio proceso constituyente, desde las bases sociales, unidas y comprometidas en un movimiento político cuyo programa se proponga el cambio de la Constitución Política mediante una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos de Chile, única forma de restablecer el principio de la Soberanía Popular –principio fundacional de nuestra República- y de terminar con el régimen que se nos impuso mediante la violencia criminal de la minoría oligárquica y transnacional.
Este nuevo Movimiento o fuerza política debe apelar a una organización y métodos de trabajo que la habiliten para cambiar la correlación de fuerzas actual y generar una mayoría política que doblegue la resistencia de las fuerzas refractarias al cambio social y al protagonismo popular.
Ello implica una estrategia de largo plazo, un marco teórico, un diagnóstico de la realidad y un plan de acción que supere las visiones cortoplacistas, el sectarismo y el mesianismo político. Para enfrentar la crisis actual, la ciudadanía no requiere de un “hada madrina”, ni un técnico, un sabio, un líder o un mesías que la “ilumine” y la “conduzca” hacia su emancipación. El histórico avance logrado en los años recientes es producto de un liderazgo y un intelectual colectivo, que ha madurado al calor de múltiples batallas, con un marco teórico ampliamente compartido, nutriéndose de las valiosas experiencias de lucha popular en Latinoamérica y en el mundo y, lo más importante, con la mente abierta a la búsqueda de entendimientos y consensos con todas las agrupaciones y liderazgos que comparten el anhelo de superación del capitalismo salvaje y su reemplazo por nuevas formas de convivencia que reconozcan en el pueblo chileno el supremo constructor de su propio destino.
Partiendo de la base de que nos comprometemos en un proceso histórico de largo aliento, en un escenario en que la correlación de fuerzas es aún adversa, consideramos que en la coyuntura de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2013, las bases populares deben generar una alternativa propia de modo que ningún voto de la ciudadanía consciente y movilizada contribuya a oxigenar las ya decadentes coaliciones del duopolio Alianza – Concertación. Ni el ausentismo ni el abstencionismo harán mella en la estabilidad política del régimen actual.
Concretamente proponemos que el Movimiento por la Asamblea Constituyente, junto a todas las fuerzas sociales comprometidas en la superación del capitalismo salvaje, generen, desde las bases mismas de la ciudadanía, una candidatura unitaria para enfrentar las elecciones de presidente de la República, senadores y diputados.
Primero debemos acordar los principios, el programa y el tipo de organización de esta nueva fuerza. Después, buscar las y los ciudadanos que puedan representar de mejor manera este proyecto histórico, para lo cual será importante conocer la trayectoria política, la capacidad intelectual, la consecuencia en su práctica cotidiana y su talento para comunicar el mensaje emancipador a toda la ciudadanía.
Independientemente que nuestros candidatos sean electos o no, su trabajo estará orientado a fortalecer en la base los cimientos para la construcción de esta nueva fuerza de cambio social, cuya demanda política central será: la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita restablecer en Chile la soberanía popular que nos escamotearon hace 40 años.
No basta con redactar un bonito programa. No nos encandilaremos con “figuras de la tele” ni con las promesas verbales de aquellos que siempre “están disponibles” para aventuras personalistas. Lo importante es el movimiento, la fuerza, la organización y la unidad de nuestros pueblos.
Para construir este gran proyecto histórico y para definir la táctica específica del escenario coyuntural que se abre hasta las elecciones de noviembre de 2013, invitamos a las bases y adherentes del proceso constituyente a este Congreso Nacional.
Viernes 18 de enero a las 18:00hrs y continúa el Sábado 19 a las 9:00 hasta las 21:00 hrs.
Dirección: Domeyko 1938, Santiago Centro, a cuatro cuadras del Metro Toesca.
Inscripción a través del correo electrónico: procesoconstituyente2013@
Mayores informaciones en la web www.
