La nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGT), aprobada por el Congreso en tercera lectura el 19 de noviembre de 2012, entró en vigor el 6 de diciembre, promulgada por el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Cuando esta ley fue aprobada en segunda lectura, en noviembre de 2011, Reporteros sin Fronteras y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) alertaron sobre las consecuencias de una legislación perjudicial para los pequeños medios de comunicación que esperan obtener una frecuencia –en especial para las radios comunitarias indígenas (http://es.rsf.org/guatemala-polemica-reforma-de-la-ley-de-01-12-2011,41497.html).
“Estamos dispuestos a apoyar el recurso que planean interponer algunos diputados contra un texto injusto en sus disposiciones, que no fue suficientemente debatido y, a priori, no conforme con la jurisprudencia ni con los tratados firmados por Guatemala tanto a escala nacional como internacional. La LGT, tal cual se encuentra, es a la vez injusta y discriminatoria”, declaró Reporteros sin Fronteras.
“Injusta, porque reafirma el grave desequilibrio que existe en el espacio de difusión, en beneficio de unos cuantos, y prolonga una concentración mediática contraria a la exigencia de pluralismo. Discriminatoria, porque priva de medios legales de expresión pública a comunidades que, no obstante, representan la mayoría de la población en el país. Tanto los Acuerdos de Paz del 3 de diciembre de 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, como la Convención Americana de Derechos Humanos (a la que Guatemala se adhiere como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos), disponen que debe crearse un espacio para el apoyo y la difusión de las culturas indígenas y las minorías. Debido a las condiciones impuestas por la ley, las pequeñas estaciones de las comunidades indígenas (mayas, xinkas), garífunas (de origen africano) o mestizas pueden temer que en cualquier momento las cierren o que su equipo sea confiscado”, agregó la organización.
La reforma de la LGT permite a las radios y televisiones que ya poseen una concesión de frecuencia, ampliar los títulos de usufructo (obtener su renovación) de forma casi automática por un plazo de veinte años, o sea, cinco años más que lo que otorgaba la precedente LGT, adoptada en 1997. Por otra parte, la nueva LGT no establece ningún límite respecto al número de renovaciones posibles de las concesiones, lo que garantiza que los medios de comunicación que ya cuentan con una frecuencia puedan poseerla de forma ilimitada.
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Guatemala lamentó que no haya existido una amplia discusión con los distintos sectores de la sociedad en el proceso de adopción de la LGT y que el debate parlamentario se realizara a puerta cerrada, sin la menor divulgación. La SNU, muy severa sobre el contenido mismo de la reforma, también señaló su grave carencia de garantías de transparencia en lo que concierne a las condiciones de obtención y prolongación de la concesión de frecuencias. Finalmente, la SNU deploró el menosprecio de los pueblos indígenas y sus medios de comunicación –que se restrinja su acceso a las frecuencias radioeléctricas–, en sentido contrario a las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, durante su visita al país, en marzo pasado.
Entre los parlamentarios, Amilcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso y diputado de Winaq (partido fundado por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992) anunció que interpondrá una acción por inconstitucionalidad contra la LGT. El vicepresidente de la misma comisión y diputado de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barrera, así como el diputado de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, ex guerrilla), Carlos Mejía, se pronunciaron por que se efectúen enmiendas importantes a la ley que beneficien a las radios comunitarias.
