Las normas internacionales existentes, las recomendaciones de política concertadas entre los representantes de casi todos los gobiernos del mundo, enfatizan elementos fundamentales para toda política migratoria viable, exhaustiva y sostenible. El mundo demanda un enfoque de la gestión de las migraciones que ponga el énfasis en la protección de los derechos fundamentales de todos los migrantes y en la lucha contra la explotación y la trata de personas, a los efectos de asegurar la legitimidad y responsabilidad sociales basadas en el imperio de la ley. La legitimidad social, y la cooperación pública, de la aplicación de la ley y la lucha contra el delito no puede establecerse por la fuerza.
Una verdadera aplicación de normas mínimas y condiciones de empleo nacionales para todos los sectores que actúen como sistema complementario para penalizar el abuso contra los trabajadores, y desalentar el empleo irregular. Una plena aplicación del plan de acción contra la discriminación y la xenofobia para impulsar una cohesión social, como son:
a) La incorporación en la legislación nacional de normas relativas a la protección de los derechos de no nacionales;
b) Declarar ilegal e inaceptable toda conducta o acción de discriminación con base racista o xenófoba;
c) Elaborar las medidas y procedimientos administrativos necesarios para asegurar la plena aplicación de la legislación, así como la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales;
d) Establecer órganos nacionales independientes de vigilancia del respeto de los derechos humanos y la no discriminación, con atribuciones de monitoreo y aplicación de la legislación, y recepción de quejas individuales;
e) Promover el respeto de la diversidad y la interacción multicultural;
f) Alentar a los medios de comunicación a hacer hincapié en las imágenes positivas de la migración y la diversidad;
g) Incorporar en los programas de estudio la formación multicultural y de la diversidad, y
h) Movilizar la cooperación de la sociedad civil.
Una política de migraciones laboralesdebe ser elaborada y puesta en práctica en consulta con los interlocutores sociales, es decir tomando en cuenta los intereses de las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas, condición para que una política resulte viable y sostenible, por lo cual, la implementación de una política migratoria requiere además:
a) Políticas de movilidad profesional de la mano de obra en los espacios de integración regional;
b) Una reconsideración de los términos de ayuda, comercio y relaciones internacionales que facilite un desarrollo equitativo;
c) La creación de instituciones especializadas en la coordinación, puesta en práctica y monitoreo de políticas;
d) La lucha contra la trata y la explotación de migrantes por la delincuencia organizada; y e) La elaboración de políticas con atención al género que aseguren la igualdad de tratamiento y de remuneración.
En los últimos años el control o la gestión de las migraciones se convirtieron en una prioridad para muchos gobiernos. Prácticamente en todas las regiones del mundo se establecieron procesos de diálogo intergubernamental dirigidos a la coordinación de políticas. Sin embargo, en un considerable número de países, la responsabilidad de la gestión de las migraciones laborales ha pasado a ser competencia de los ministerios o secretarías del interior o de gobernación en lugar de los ministerios o secretarías del trabajo, sustentando un marco de seguridad nacional en lugar de un marco regulador del mercado de trabajo para la elaboración y aplicación de políticas públicas. En la medida en que la migración tenga fines de empleo, los ministerios o secretarías del trabajo deben desempeñar un papel central en la administración de las políticas migratorias, debido a que la migración de mano de obra tiene implicaciones directas en la regulación del mercado laboral, en las condiciones de trabajo y en otras áreas fundamentales de su competencia.
La relevancia que se otorga al control migratorio es a la vez causa y reflejo de los impedimentos fundamentales que existen para gestionar la migración internacional de una forma racional y eficaz. La migración, regular e irregular, forma parte de las fuerzas económicas de la economía globalizada. Sin embargo, los Estados, a veces con reticencia, reconocen la necesidad de una gestión y regulación de los movimientos de capital, bienes, tecnología, servicios e información, a través de mecanismos formales o de mercado, en contradicción con la lógica intolerante que se aplica a la migración.
La promoción de una agenda restrictiva sobre política migratoria es una manera eficaz para capturar la atención política, así como recursos presupuestarios. Sin embargo, atribuye un papel secundario a otras consideraciones, al subordinar los derechos humanos, incluyendo los laborales, así como factores económicos y de desarrollo. Si bien los controles son parte sustantiva de las políticas migratorias, no pueden ser los determinantes principales.
Para que una política migratoria sea viable y eficaz debe ser elaborada teniendo en cuenta consideraciones económicas, sociales y de desarrollo a largo plazo, en un contexto de respeto de las normas internacionales de derechos humanos.
[Fuente: Nahual Migrante, Voz del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos en los Estados Unidos Migua, Diciembre 2012].
