Por Manuel Riesco
¿Hasta qué punto, y bajo qué condiciones, un modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva es o puede volverse consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo?
Lograrlo dejaría contentos a todos, pero lamentablemente no se puede. La teoría económica y las experiencias neoliberales recientes, han demostrado que los países ricos en recursos naturales deben optar: o viven de la renta de los mismos y peor aún, del “chorreo” de aquella, o la utilizan para impulsar las únicas economías que pueden resultar consistentes con dicha apuesta: aquellas basadas en el valor agregado por el trabajo de sus ciudadanas y ciudadanos.
Es una cosa o la otra. El modelo noruego es el opuesto del chileno: Bajo el primero, los recursos naturales son una bendición, que han permitido a su pueblo alcanzar el más elevado desarrollo humano del mundo, sin menoscabo de la producción interna de valor agregado. El segundo demuestra que pueden convertirse en una maldición, cuando caen en manos de grandes corporaciones rentistas privadas, cuya hegemonía puede distorsionar la economía y la sociedad, y depredar el medio ambiente.
Lamentablemente, al parecer, todavía no hay plena conciencia de ello entre las elites y autoridades de Chile y otros países de la región Andina. Un seminario en torno a esa pregunta tuvo lugar en Bogotá, en diciembre del 2012, en el marco de la celebración de los 50 años de la Fundación Ford en la región y reunió a dirigentes de movimientos sociales, con presencia de empresarios, junto a autoridades políticas locales y nacionales, incluyendo algunos ministros de Colombia y Perú y figuras como el expresidente chileno, Ricardo Lagos.
El debate giró principalmente en torno a como la industria extractiva puede aportar más a las comunidades, a los países y al cuidado del medioambiente, lo cual resultaría verdaderamente encantador. Sin embargo, la pregunta de fondo respecto del modelo de crecimiento basado en la industria extractiva, apenas fue insinuada. ¿Está sucediendo lo mismo en el debate programático de las candidaturas presidenciales en Chile?
Teoría
Como es bien sabido, uno de los descubrimientos fundacionales de la teoría económica moderna, es que no todos los productos ni todas las empresas son iguales: los bienes y servicios producidos en condiciones competitivas, son fundamentalmente diferentes a aquellos otros cuya producción está constreñida por algún recurso escaso, o es afectada por monopolios de otro tipo; asimismo, Apple y Exxon son las dos corporaciones más valiosas del mundo, sin embargo, una y otra son de muy distinto pelaje.
Los precios de los primeros tienden establemente a la baja, mientras los segundos fluctúan continuamente, a veces en forma enloquecida, según los vaivenes de la demanda. Los mercados de aquellos son el ambiente natural de las empresas auténticamente capitalistas, mientras los de éstos están dominados por grandes rentistas, que se han apropiado de recursos escasos o han logrado imponer monopolios de otro tipo.
Los precios competitivos tienden a igualarse con los costos de producción promedios, que incluyen la ganancia capitalista media. Es decir, se determinan exclusivamente desde el lado de la oferta, la que se acomoda con elasticidad a las permanentes fluctuaciones de la demanda. La única manera en que un grupo de capitalistas logran obtener una ganancia superior a la media, es mediante la innovación para mejorar sus diseños y bajar sus costos. Dicha ganancia extraordinaria proviene de una transferencia, de parte del valor agregado por los más lerdos entre sus competidores. Éstos no obtienen ganancia alguna o muy poca, puesto que el precio se establece al nivel de los costos de la mayoría de los productores, los que coinciden con el promedio de esa industria. Nadie allí puede clavar la rueda de la fortuna ni dormir sobre sus laureles. Los innovadores de hoy pueden estar mañana en el montón, quedar entre los rezagados o ser expulsados del mercado sin muchos miramientos.
La oferta de los segundos, en cambio, está constreñida por la escasez de los recursos de mejor calidad. Por lo tanto, para satisfacer los incrementos de la demanda, se hace necesario poner en producción los de calidad inferior. De este modo, los precios se fijan al nivel de los productores con costos más elevados. En consecuencia, todos los demás obtienen un sobreprecio por encima de los suyos. Éste genera una sobreganancia, por sobre la que obtienen en promedio los capitalistas que operan en mercados competitivos, la que se transforma en renta de los recursos de mejor calidad relativa, cuyos propietarios lo exigen como una suerte de peaje para permitir el acceso a los mismos. Por este motivo fue denominada “renta diferencial” por David Ricardo (1817). Incluso los propietarios de los recursos con menos bendiciones, exigirán una renta para ponerlos en producción, la que Marx (1867) denominó “renta absoluta”. Si por añadidura, los recursos no son renovables, su escasez relativa resultará aún más restrictiva, puesto que siempre será conveniente guardar parte de ellos para el futuro, lo que da origen a lo que Hötelling (1929) denominó “renta ínter temporal.” Paul Samuelson (1948), demostró que los monopolios de cualquier tipo también se las arreglan para vender por encima de sus costos de producción y denominó “cuasi renta” a la que obtienen a partir de su control de mercados que no están limitados por factores escasos.
¿Quien paga la renta? La ley económica fundamental establece que, en la economía mundial en su conjunto, la suma de todos los precios no puede exceder a la suma de todos los costos de producción. De este modo, si algunos bienes o servicios se venden por encima del costo, necesariamente otros deben venderse por debajo de los suyos. La alternativa sería pagar el sobreprecio con ahorros, pero éstos se agotan. Tampoco se ha visto que las rentas se paguen con cargamentos de oro llegados de otros planetas.
Por otra parte, los costos son iguales a la suma de las compras netas de insumos y depreciaciones de bienes, producidos en períodos anteriores, más el valor agregado en todos los procesos de producción, en un período dado. Este último es el producto interno bruto (PIB) creado cada año, el que a su vez se distribuye en ingresos del trabajo, excedentes de explotación e impuestos menos subsidios estatales. Las rentas se sustraen de los excedentes de explotación, rebajando la ganancia media de los capitalistas y, consecuentemente, los precios de todas las mercancías producidas en condiciones competitivas. De este modo, las compras netas de insumos y depreciaciones que provienen de períodos anteriores, más los salarios, ganancias y rentas en que, según la fórmula trinitaria de Adam Smith (1776), se distribuye el PIB del período en curso, conforman la demanda solvente para los bienes y servicios producidos en un año determinado, en la economía mundial en su conjunto.
Todos los recursos escasos generan renta, tanto si prestan servicios, como ocurre con los profesionales afamados y la tierra urbana, como si se trata de factores de producción de bienes, como los minerales que yacen en sus depósitos, la tierra virgen, agrícola o forestal y el agua, así como la vías urbanas, pesquerías e incluso la atmósfera, cuando el acceso a los mismos es regulado. El “precio” de estos elementos no se origina en su costo de producción, puesto que no lo poseen por definición, sino en el flujo descontado de sus rentas futuras.
Sin embargo, lo que da origen a la clase social especial de los rentistas – que son muy diferentes a los capitalistas -, es la propiedad privada sobre trozos del planeta y sus recursos. Según Marx, en una sociedad más avanzada del futuro, ella “será considerada algo tan monstruoso como la propiedad de un ser humano sobre sus semejantes.” Si la clase de los rentistas logra imponer su hegemonía en países ricos en recursos naturales, pueden generar enormes distorsiones en su estructura productiva y social.
Paul Samuelson advierte que si las rentas se privatizan, equivalen a un subsidio a las inversiones que se dirigen a esas industrias, puesto que si logran apropiarse de los recursos, las empresas que los explotan obtienen la ganancia capitalista media por las operaciones productivas que allí realicen, más la renta de los recursos de los cuales se han apoderado. La consecuencia es la sobreinversión en dichos sectores, con perjuicio de la producción interna de valor agregado en la economía en su conjunto. Como se ha visto, las rentas no constituyen creación, sino transferencias de valor agregado, desde las industrias competitivas a los rentistas, a costa de una reducción de la ganancia capitalista media.
Si dicha transferencia se origina dentro del mismo país, como ocurre en economías grandes con bajo peso del comercio exterior, el resultado es una reducción significativa de la ganancia capitalista media de la economía en cuestión, con la consecuente pérdida de dinamismo. Es lo que ocurre en el mundo en su conjunto, en períodos de altos precios de los recursos: una proporción creciente de la ganancia capitalista global se desvía como pago de rentistas, lo que bien puede conducir a una recesión global; es por eso que el alza en el precio del petróleo, por ejemplo, genera una desaceleración económica.
En caso que las rentas se originen en recursos exportados, como sucede generalmente en las economías relativamente pequeñas y ricas en recursos naturales, dichas transferencia provienen de los países que los consumen. En este caso, el resultado es la denominada “Enfermedad Holandesa.” Ésta no consiste solamente en una apreciación del tipo de cambio, como usualmente se piensa, sino en un peso desproporcionado de las rentas en la economía de ese país, que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios de los recursos exportados. Pueden haber asimismo superávit persistentes en el comercio exterior, en países que no exportan productos con renta, sino producidos en condiciones competitivas. A diferencia de aquellos, el precio de éstos se origina exclusivamente en el valor agregado en su proceso productivo interno, es decir, es igual a su costo de producción. En ambos casos habrá una apreciación del tipo de cambio y un excedente exportado, cuyo valor en dinero podrá ser atesorado o reexportado como capital. Sin embargo, no todos los superávit comerciales son iguales, ni todos los países exportadores son afectados por la “Enfermedad Holandesa.” En el caso de países como Alemania o Corea, por ejemplo, para enfrentar una contracción del mercado mundial, basta con que redirijan al mercado interno el excedente antes exportado. Existirá allí una demanda solvente para absorberlo, puesto que consiste exclusivamente en valor agregado internamente, y pagado íntegramente como costo de los factores de producción, incluyendo la ganancia capitalista media. De este modo esas economías podrán continuar produciendo al mismo nivel anterior, aunque probablemente deberán modificar la composición de su producción para adecuarla a la demanda interna; producir menos camiones y más automóviles, por ejemplo, pero con una suma de valor similar. Incluso puede beneficiar a la población, que ahora consumirá todo lo que produce.
En cambio, en los países que reciben elevadas transferencias de renta desde el exterior, ésta se desvanece en el aire al contraerse la demanda mundial. De este modo, se enfrentan a la triste realidad de rebajar su nivel de vida al valor agregado en sus procesos productivos internos. Su economía se reduce exactamente en la magnitud de las rentas transferidas desde el exterior, es decir, en el sobreprecio de los recursos antes exportados, por encima de sus costos de producción; al desaparecer dicho sobreprecio, una parte del PIB del país en cuestión simplemente se esfuma. Muchos países exportadores de materias primas han corrido esta suerte en el pasado, entre ellos Chile, cuando la Gran Depresión desvaneció la renta del salitre.
Como señaló hace poco el diario británico Financial Times, la economía de los recursos es como la de los buscadores de tesoros: su precio no guarda relación con el costo de encontrarlos y extraerlos, sino que se determina exclusivamente por la demanda y, como bien sabía el arrendatario escocés James Anderson (1777), inventor del arado escocés y autor de la teoría de la renta, ésta equivale a un tributo que los capitalistas pagan a los terratenientes.
Por estas razones, los auténticos capitalistas y la teoría económica desde sus mismos inicios, han promovido la nacionalización de los recursos naturales, la legislación antimonopolios y/o la captura de las rentas por parte del Estado: De este modo se nivela el terreno a la competencia en todas las industrias por igual, logrando una distribución óptima de las inversiones productivas y un aprovechamiento de las rentas en beneficio del conjunto de la sociedad, en lugar de alimentar con ellas a una clase parasitaria.
Práctica
Los países han asimilado estas lecciones en buena medida, de una manera u otra. Casi todos ellos han establecido la propiedad del Estado sobre los recursos del subsuelo, el agua, los fondos marinos, así como su soberanía sobre la tierra en general; en los países emergentes, ésta es una de las principales herencias del desarrollismo estatal del siglo 20. Actualmente, las empresas estatales tienen acceso a más del 85 por ciento de las reservas mundiales de petróleo e incluso en países donde se permite un acceso limitado de empresas privadas a las mismas, como el Reino Unido o Noruega, su renta es capturada casi íntegramente por el Estado, mediante regalías y otros mecanismos.
Sin embargo, el auge neoliberal de las últimas décadas, representó un retroceso significativo en esta materia, permitiendo la privatización de vastas reservas de recursos naturales, de los cuales se han apropiado las grandes corporaciones rentistas transnacionales, las que se han fortalecido extraordinariamente en este período.
Ha sido mas bien al revés. El renacer del neoliberalismo desde las cenizas a las que fue reducido tras la Gran Depresión, y su auge global en las últimas cuatro décadas, se explican principalmente por la hipertrofia del sector financiero durante el mismo período, que los apadrinó cariñosamente. Sin embargo, las grandes corporaciones rentistas h han sido ajenas a este fenómeno, ni mucho menos. Su tamaño e influencia también creció extraordinariamente en estos años, especialmente el de las grandes petroleras tras el alza del precio del crudo en los años 1970. Su influencia sobre el Reaganismo es bien conocida y éste, a su vez, fue determinante en el renacimiento neoliberal, el cual ha sido auspiciado generosamente por las grandes corporaciones rentistas, en todo el mundo.
El rasgo anti Estado del neoliberalismo, anarquismo burgués como lo denomina Eric Hobsbawm, le viene como anillo al dedo no solo a los banqueros, que con su ayuda lograron imponer la globalización sin trabas del capital especulativo. Ello también resulta favorable para los grandes rentistas, los que por estos días se han vuelto librecambistas a ultranza: no requieren protección estatal alguna, puesto que están sentados encima de ella. Son partidarios de bajar los aranceles a cero, porque de ese modo abaratan sus insumos.
El neoliberalismo les ofrece un atractivo adicional: es la única escuela económica que considera irrelevante la teoría de la renta; no la niega pero dice que no es significativa puesto que, según ellos, en el largo plazo, no existirían recursos escasos. Nada puede ser más seductor para los grandes rentistas. No se la pueden creer: por primera vez, una escuela de economistas reniega de lo que ha sido una piedra angular de esta ciencia desde hace doscientos cincuenta años.
Las grandes corporaciones rentistas constituyen una suerte de híbridos. Tal como ocurría con las que profitaban del vil tráfico antes de su abolición, sus acciones se transan en las principales bolsas mundiales, como si fuesen empresas capitalistas respetables. Operan asimismo en su interior, algunas actividades productivas y comerciales propiamente capitalistas. De hecho, subcontratan la mayor parte de sus actividades de exploración, extracción, refinación y transporte, así como parte de sus operaciones comerciales, con filiales o contratistas externos, propiamente capitalistas, en las cuales ocupan a algunas decenas de miles de trabajadores a nivel mundial. Sin embargo, el grueso de sus ingresos y utilidades no provienen del valor agregado por éstos, sino de la renta de los recursos de los cuales se han apropiado. Aunque la mona se vista de seda…
De las veinte mayores empresas globales en la actualidad, según su capitalización bursátil, seis son petroleras o mineras: Exxon, Shell, Chevron, BHP Billiton, Petrochina y Petrobras, sin embargo, las dos últimas son estatales. Las cuatro primeras se cuentan a su vez entre las diez mayores corporaciones del mundo según sus ventas, seis de las cuales son rentistas, incluyendo a British Petroleum y la Estatal rusa Gazprom además de las anteriores.
El nivel de apropiación de recursos por parte de estas corporaciones no tiene precedentes. En Chile, por ejemplo, a pesar que la Constitución establece la propiedad estatal “inalienable e intransferible” del subsuelo, un puñado de grandes empresas mineras han declarado “concesiones plenas” sobre poco menos de 28 millones de hectáreas, área que cubre mas de un tercio del territorio nacional y es mayor que la superficie total del Reino Unido. Dichas concesiones son indefinidas, hereditarias y transferibles, fueron adquiridas sin pago alguno y el costo de mantenerlas es un dólar por hectárea al año. Si el Estado quiere recuperarlas, debe pagar el valor total de los minerales que eventualmente se encuentren en ellas. En Perú y Colombia, las mineras privadas se han adjudicado asimismo concesiones sobre más de veinte millones de hectáreas en cada caso, aunque las mismas son temporales y están sometidas por lo general a regalías.
Estas últimas no se aplican a la explotación de los minerales en Chile, que recién el 2003 estableció un tímido impuesto específico a las utilidades de las mineras, que el 2010 se incrementó al doble. Según el Servicio de Impuestos Internos, el Impuesto Específico a la Actividad Minera recaudó un promedio de 389 millones de dólares anuales, entre 2005 y 2010. La Estatal CODELCO representó un 60 por ciento de ese tributo, por lo que las privadas pagaron solo 233 millones de dólares anuales en promedio, lo que equivalente a aproximadamente a un 0,9 por ciento de sus ingresos de explotación, los que promediaron 25.703 millones de dólares por año, en ese período. Dicho impuesto representó el 1,45 por ciento de sus utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, que se conocen por su sigla en inglés, EBITDA. Estas últimas promediaron 16.127 millones de dólares anuales, cifra que equivale casi exactamente a la mitad de los ingresos tributarios totales promedio del Estado, en el mismo período. Es decir, los chilenos sostienen un Estado y medio: uno mediante sus impuestos y medio adicional con la renta que “conceden” a las mineras privadas.
Sus panegiristas gustan de embolinar la perdiz con los impuestos a la renta aportados por “la industria” al erario nacional. En Chile, por ejemplo, generalmente publican los aportes al Estado de “la minería,” sin detallar que CODELCO aporta dos tercios de estos recursos controlando sólo un tercio de la producción. La verdad es que aparte del impuesto específico antes referido, los propietarios de la “industria” minera pagan menos impuestos a la renta que los dueños de una modesta pastelería.
En ambos casos, la empresa misma debe pagar el denominado impuesto de primera categoría, que actualmente es de 20 por ciento sobre las utilidades. En ambos casos, hacen uso de toda una batería de artilugios contables que les permiten postergar dicho pago, o eludirlo derechamente. Ciertamente, las mineras han demostrado en esta materia una creatividad y capacidad de innovación a toda prueba, que harían las delicias de los pasteleros.
Nadie como la minería ha utilizado tanto el sobre endeudamiento con filiales en paraísos fiscales, para remesar utilidades bajo la forma de intereses, eludiendo impuestos. Nadie ha usado y abusado como ellos de los beneficios de la depreciación acelerada. Principalmente mediante estos mecanismos, Exxon operó un mineral de cobre en Chile durante 23 años a pérdida, para luego venderlo a Anglo American ¡en 1.500 millones de dólares! Estudios publicados por NN.UU. han demostrado que, incluso mineras que posan de líderes en “responsabilidad social corporativa,” eludieron impuestos al subdeclarar el contenido de oro, plata, molibdeno y otros “subproductos,” en los concentrados que venden a sus filiales en el extranjero, a los cuales pagaron, además, cargos de refinación superiores al precio más alto del mercado y, finalmente, vendieron a las mismas empresas relacionadas el contenido de cobre de los mismos, sistemáticamente por debajo del precio promedio de la bolsa de metales de Londres.
Los mecanismos antes referidos, entre otros, rebajan las utilidades y consecuentemente el pago de impuestos a la renta por parte de las empresas. En Chile, sin embargo, estos últimos son considerados un crédito sobre los impuestos personales que posteriormente deben pagar sus dueños sobre aquella parte de las utilidades que retiren. Es decir, en este país, los impuestos a la renta que pagan las empresas no constituyen sino un anticipo sobre los que luego deben pagar sus dueños. Pues bien, resulta que los inversionistas extranjeros en Chile, están sujetos a una tasa marginal de 35 por ciento sobre las utilidades repatriadas, mientras el dueño de nuestra pastelería queda sujeto a una tasa marginal ¡superior a 40 por ciento!
Lo anterior operaría en caso que efectivamente unos y otros reconocieran retirar utilidades, lo cual todos los propietarios de empresas disfrazan como re inversiones, sea en las mismas empresas que generan las utilidades en primer lugar -la mitad de las gigantescas inversiones de más de cien mil millones de dólares aprobadas por las mineras para los próximos cinco años, corresponden a reinversión de utilidades-, como en una cascada de “inversiones” en una serie de empresas de papel creadas exclusivamente con este objeto. Como resultado de todo ello, en Chile ningún empresario paga la tasa marginal de impuestos a las personas -que en teoría es el único impuesto que se paga-, la que queda en pie solamente para los asalariados de ingresos elevados, a quienes se les descuenta por planilla.
Ni siquiera pagan la tasa de 20 por ciento, que hasta el 2010 era de 17 por ciento, de impuestos anticipados por las empresas, puesto que la liquidación anual termina en una gigantesca devolución de estos anticipos a los dueños. El diario El Mercurio estimó recientemente que las tasa reales de impuestos a la renta que pagan en Chile los empresarios son de 0,7 por ciento para el tramo entre 12.000 y 25.000 dólares mensuales de ingresos y de 9,2 por ciento para los que resultan superiores a esta última cifra.
Pues bien, los propietarios de las mineras hacen uso y abuso de todos estos resquicios, con la ventaja que su tasa marginal es cinco puntos inferior a la de los empresarios chilenos, como se ha mencionado. Con sistemas tributarios tan permisivos en general -cuya corrección constituye otra de las grandes cuestiones pendientes-, la única manera efectiva de recuperar parte de la renta que se apropian las grandes corporaciones rentistas, consiste en someterlas al pago de regalías sobre los recursos extraídos, las cuales en Chile, como se ha mencionado, consisten en un tributo especial cuyo monto equivale a menos de uno por ciento de las ventas.
Resultados
La privatización sin cobro de los recursos ha introducido una distorsión muy grande en la economía chilena. La minería representa dos tercios de las exportaciones del país, cuyo valor equivale, por su parte, a la mitad del PIB. Ni siquiera en la época del salitre se alcanzó una dependencia de esta magnitud, puesto que en 1929 las exportaciones representaban un 29 por ciento del PIB. La minería ha absorbido un tercio de toda la inversión extranjera llegada al país entre 1974 y 2011 y dicha proporción sube de la mitad si se considera la parte proporcional de la inversión en energía, un tercio de la cual se genera para abastecer a la minería. Representa una cuarta parte de las ventas de las cien principales empresas del país y un quinto del PIB. Sin embargo, ocupa ¡sólo 1,5 (uno coma cinco) por ciento de la fuerza de trabajo asalariada nacional!
Si se consideran adicionalmente la agricultura, silvicultura, pesca y energía, es decir, todos los sectores basados en recursos naturales, las cifras anteriores ascienden al 90 por ciento de las exportaciones, el 60 por ciento de la inversión, el 50 por ciento de las ventas y un cuarto del PIB, respectivamente. El empleo total en estos sectores, en cambio, solo asciende al 9,3 por ciento del total de los asalariados.
El asunto va de mal en peor. Si se consideran los grandes proyectos aprobados para el quinquenio 2011-2015, la minería sola absorbe más de la mitad de la inversión, tanto nacional como extranjera, pero dará ocupación permanente a solo un 0,8 por ciento adicional de la fuerza de trabajo asalariada.
Es decir, los grandes inversionistas no son auténticos capitalistas, que vienen a obtener ganancias a partir del valor agregado por sus trabajadores en la producción de bienes y servicios competitivos: los que han llegado vienen por los tesoros con que la naturaleza ha bendecido al territorio, de cuya renta se apropian casi por completo.
Como resultado de la hegemonía de los rentistas, el país ha abrazado el librecambio a ultranza, desmantelando la producción interna. Aparte de las ramas de recursos naturales, la producción se ha restringido solo a aquellas industrias que cuentan con protección natural, como la construcción, el transporte y algunos servicios. Mientras tanto, más de la mitad de la fuerza de trabajo, se encuentra ocupada de modo precario en el comercio, finanzas, servicios sociales y personales, todos ellos de bajo valor agregado. Uno de cada diez trabajadores han estado cesantes, en promedio, desde el golpe de Pinochet.
El poco interés de los grandes rentistas por el valor agregado por el trabajo, ha llevado a descuidar la educación, donde se ha desmantelado el sistema nacional, gratuito y de buena calidad que el país había construido a lo largo de medio siglo, que antes del golpe de 1973 tenía matriculado a uno de cada tres chilenos de todas las edades. Hoy estudian en el sistema público y privado, solo uno de cada cuatro habitantes, pagando elevados aranceles por un servicio deficiente, mientras el gasto público en educación es un tercio inferior al que el país desembolsaba hace cuatro décadas, como porcentaje del PIB.
Las ganancias de las grandes empresas mineras equivalen a un ocho por ciento del PIB y forman parte del excedente de explotación apropiado por el conjunto de las empresas, el que representa la mitad del PIB. De ese total, los dueños de los recursos y el capital, que no representan menos del uno por ciento de la población, reinvierten un quinto del PIB y consumen un 30 por ciento del mismo. Mientras tanto, los ingresos del trabajo – que coinciden con los de las familias que responden la encuesta de ingresos de hogares, que en Chile se llama CASEN -, se han visto reducidos a sólo un 40 por ciento del PIB, todo ello según cifras oficiales. Las rentas de la minería resultan decisivas para la distribución del ingreso, así considerada. Ésta empeoró drásticamente entre 2005 y 2011, principalmente por el fuerte crecimiento de aquellas, debido al incremento del precio del cobre entre esos años: los ingresos sumados de todas las familias que responden la CASEN disminuyeron su participación en el PIB ¡desde 45 por ciento el 2009 a 40 por ciento el 2011!
Todo lo anterior sin abordar siquiera el enorme daño ambiental que la depredación de la industria extractiva ha representado para amplias regiones del país y las comunidades que las habitan.
Conclusión
Estos argumentos teóricos y prácticos parecen responder la gran pregunta: el modelo de crecimiento económico basado en la industria extractiva no es consistente con una apuesta por formas de inclusión democrática, calidad de vida y salud ambiental que sean sostenibles en el tiempo.
Un fantasma viene recorriendo el mundo desde principios de los años 2000, que la prensa internacional ha bautizado “nacionalismo de recursos.” Desde Bolivia a Uzbequistán y desde Australia al Reino Unido, los gobiernos de los países ricos en recursos naturales han venido renacionalizando o al menos exigiendo una mayor participación en las rentas de sus recursos, que habían sido privatizados durante el período neoliberal.
Quizás el hito más significativo en América Latina y el mundo, por su magnitud, lo constituye la renacionalización en los hechos de Petrobras, bajo la forma de un aumento de capital en que el Estado aportó los recién descubiertos yacimientos submarinos. El Presidente Lula lo denominó “Segunda Independencia,” parafraseando al presidente chileno Salvador Allende y declaró que impulsaría una industria local de insumos de nivel mundial. La Presidenta Rousseff ha propuesto recientemente que todas las regalías se destinen a educación, ciencia y tecnología, lo que convertirá a Brasil en líder mundial en la materia, con un 10 por ciento del PIB destinado a ello.
¿Nos decidiremos los chilenos a reemprender ese camino, durante el próximo gobierno?
