El joven Alfonso Fernández Ortega, detenido en Madrid durante una manifestación que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre con motivo de la huelga general, sigue en prisión por una “aberración jurídica” según palabras de su abogado, Erlantz Ibarronodo, al diario español Público. La Plataforma de Apoyo a Alfon ha convocado concentraciones hoy 28, a las 7 de la tarde, en diferentes ciudades españolas, europeas y latinoamericanas para pedir su libertad.
La juez instructora del caso ha seguido negando la libertad condicional del joven. Se le mantiene en prisión preventiva en el régimen FIES 5, según ha explicado su abogado, lo que equivale a estar considerado como un preso peligroso, similar a condenados por causas terroristas o similares.
Desde diferentes ámbitos, se considera que esta detención entra dentro de la política que está siguiendo el gobierno popular de criminalizar todo tipo de protesta popular. Cada día son más numerosos los casos de manifestantes pacíficos, que fueron identificados por la policía en su momento y que semanas después se encuentran que están inmersos en una causa judicial y enfrentados a la posibilidad de varios años de cárcel. Su delito, haberse manifestado en contra de la política de recortes de este gobierno.
Mientras detenciones arbitrarias y causa judiciales injustificadas prosperan, las actuaciones policiales muchas veces claramente peligrosas para la vida de los manifestantes o detenidos, según denuncias de afectados, y con evidencias de ser delictivas, se archivan e incluso se jalean desde fuentes gubernamentales.
La actuación del gobierno de Rajoy cada día está más cerca de comportamientos típicos de regímenes dictadoriales.
