Por Stella Calloni

El proceso de recuperación democrática surgido de las luchas populares en las últimas décadas, cuando una masiva rebelión continental antineoliberal derivó en profundos cambios en América Latina, continúa enfrentado hasta ahora la resistencia de las decadentes estructuras de poderes envejecidos dentro de los Estados y en la sociedad.

Esas pesadas estructuras que han recibido los nuevos gobiernos elegidos democráticamente por genuina mayoría popular,  se multiplican en el accionar común para actuar como verdaderas máquinas de impedir, cuando se toman iniciativas  claves para un desarrollo nacional auténtico o una política de integración emancipatoria, como la que se ha logrado en esta última década.
Pero el mayor enfrentamiento se produce ante las decisiones para acabar con las impunidades que impiden cualquier desarrollo democrático real, en lo que nuestro país está dando ejemplo al mundo, y construyendo referencias históricas.

Otro frente se abre ante la mínima recuperación de bienes expropiados, enajenados o privatizados, tanto en los procesos dictatoriales como en el jolgorio neoliberal de los años 90. Y más aún con los avances en políticas públicas que recuperan los espacios destruidos por un poder fraudulento y antipopular, abriendo ahora caminos a la justicia distributiva y la inclusión, con lo que se comienza a pagar la casi eterna deuda social.

En cada uno de estos pasos liberadores y tendientes a reparar siglos de injusticia y dominación se  toca y desnuda inevitablemente a los verdaderos poderes hegemónicos.

Los tentáculos de esos poderes han estado enquistados en el Estado durante años, mediante las complicidades dictatoriales y las alianzas de intereses con el  poder económico. Ante la muralla que en los nuevos tiempos se intenta derribar, esos nichos de poder tratan de impedir hasta el mínimo paso de cambio y justicia.
Argentina, sigue pagando un costo muy alto por la decisión de terminar con la impunidad que dejó al país desamparado frente al terrorismo de Estado.

“Los tentáculos de esos poderes han estado enquistados en el Estado durante años, mediante las complicidades dictatoriales y las alianzas de intereses con el  poder económico”

Hubo también “resistencias” encubiertas en las estructuras judiciales, en Cámaras de Casación que retrasaron indebidamente los históricos juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar, en los que aparecieron involucrados varios jueces en distintos lugares del país.

Además de todo lo actuado por la estructura judicial en otros regímenes dictatoriales, además de acompañar y silenciar el desmantelamiento del país en los años 90, con sus nefastas consecuencias sociales

Esto lleva a preguntarse: ¿la justicia sólo debe ser independiente del Estado  o de los “poderes fácticos” (instituciones militares, policiales, empresariales, grupos económicos, mediáticos  y de intereses externos, que manejan los hilos de la dependencia?

La reciente decisión de una Cámara Civil y Comercial, de prorrogar una  medida cautelar impuesta por un poderoso grupo mediático, como una maniobra para no cumplir la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, la más democrática y participativa que se recuerde, votada por el Congreso en 2009 y ratificada por la Corte Suprema, dejó caer las máscaras.

En esta acción se desconoció la resolución del 22 de mayo de 2012 cuando el máximo tribunal judicial dictaminó que el 7 de diciembre de 2012 vencía el plazo para terminar con la medida cautelar lograda por el Grupo Clarín, para adecuarse al límite de las licencias que establece la Ley.

Una cámara integrada por magistrados recusados, que resultan ser jueces y parte en este caso  porque han sido  favorecidos o tienen lazos con ese poderoso Grupo monopólico, desconoce la voluntad popular y la ley de la República. Esto sería un escándalo o un “golpe  judicial” en cualquier país en el mundo.

En otro orden, el Grupo Clarín, que por sus características monopólicas  restringe de hecho la libertad de expresión en el país, llamó, nada menos, que a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para estar presente ese mismo 7 de diciembre en Argentina.

La llegada de la SIP en el marco de un conflicto local  es una evidente intromisión en los asuntos internos de un país soberano y una presión evidente de guerra sicológica en la que es experta esta Sociedad de dueños de medios masivos  de comunicación.

Esa misma SIP que amparó los golpes de Estado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, en Venezuela (2002), en Bolivia (2008) en Ecuador en 2010(todos ellos frustrados) y en los que llevaron a Honduras(2009) y Paraguay (2012) a un retroceso inimaginable para sus pueblos, fue invitada por senadores de la oposición política al Congreso de la Nación.

Esto también resulta un escándalo parlamentario habida cuenta de que el golpe de Estado en Paraguay de junio pasado  fue mediático, congresional y judicial.

“La llegada de la SIP en el marco de un conflicto local  es una evidente intromisión en los asuntos internos de un país soberano”

En el Congreso de la Nación argentino estuvieron, la SIP, los Senadores opositores, los periodistas “estrellas” de los poderosos medios que resisten el cumplimiento de una ley, en un escenario que recordaba otros tiempos y otros proyectos nefastos. El espejo astillado de estas horas fue Paraguay y la trilogía de poderes que derrotaron recientemente a un presidente elegido por un pueblo que necesita justicia verdadera ya.