Después de que el periodista Randall Rivera presentara una acción legal por inconstitucionalidad contra la Ley de Delitos Informáticos, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió temporalmente la aplicación de ciertas disposiciones del controvertido texto, en particular del artículo 288, que prevé penas de cuatro a ocho años de prisión para quien difunda “información política secreta”.
Aunque permanece vigilante, Reporteros sin Fronteras celebra que se haya congelado esta “ley mordaza”, al menos de forma provisional. “La Corte Suprema garantiza que ningún ciudadano sea condenado por disposiciones que atenten contra la libertad de información, mientras examina la constitucionalidad de la ley. En adelante, el Congreso está a cargo de importantes reajustes del texto encaminados a una clara flexibilidad, que esperamos se adopten lo antes posible”, declaró la organización.
