En Madrid, la sanidad pública está en pie de guerra. Tras dos semanas de encierros en más de veinte hospitales, concentraciones y manifestaciones masivas, este lunes una auténtica marea blanca, que cada vez suma más apoyos, ha dado el pistoletazo de salida a una huelga de cuatro días. Por primera vez, todos los profesionales de la sanidad pública —médicos, enfermeros, técnicos y personal no sanitario— se han puesto de acuerdo para convocar un paro general, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre y el 4 y 5 de diciembre.
«La situación es muy grave, ya que nos enfrentamos a la privatización de hospitales, al desmantelamiento del sistema público madrileño al completo», alerta Mónica García, portavoz de la Afem, quien cuenta que lo prioritario es paralizar el plan de sostenibilidad que impulsan desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. «Además, lo están haciendo sin ningún criterio técnico ni científico, y se está caminando hacia un modelo que reduce su margen de costes disminuyendo la calidad de atención al ciudadano».
Entre los casos más sangrantes, se cuentan seis hospitales madrileños cuya gestión será asignada a empresas privadas. «Lo que pretenden es privatizar el patrimonio público, tanto médicos como maquinaria, y lo único que quedará público será el dinero que se le dará a esas empresas para que realicen la gestión», denuncia García. «Desde la Consejería dicen que así es más barato, pero no es cierto, ya que precisamente han escogido seis de los hospitales que son más rentables», añade. La portavoz rechaza, además, los criterios esgrimidos: «La sanidad no se puede medir en términos de rentabilidad. Es más barato amputar una pierna que darte un tratamiento».
Pilar Jimeno, delegada sindical de CCOO en La Princesa, el primero de los hospitales en realizar encierros, que luego serían replicados por más de una veintena de centros, reseña el hecho de que nunca ha habido una huelga general de la sanidad. «Incluso los médicos, que van a estar muy tocados por las reformas, se han unido a las protestas», recuerda. La paralización de las privatizaciones, que afectan también a 27 centros de salud, es el principal objetivo de la huelga, lo que convierte el conflicto en laboral y social.
Las últimas semanas se han sucedido las concentraciones de trabajadores a las puertas de los centros de salud, así como las manifestaciones por los barrios para hacer llegar el conflicto a los vecinos. Una protesta que ha ido in crescendo, espoleada por la lucha del hospital La Princesa y que ha alcanzado su máximo esplendor en la manifestación de la marea blanca la semana pasada, en la que miles de personas inundaron el centro de Madrid contra los recortes en sanidad.
Jimeno, que asegura que todos los trabajadores «están muy concienciados», cree que todos los hospitales y centros tienen suficientes motivos para realizar encierros y manifestaciones. «Están desmantelándolo todo para engordar al sector privado, y si se han solventado los problemas que han surgido hasta ahora ha sido gracias a la parte humana, pero el paciente es el que más está sufriendo», lamenta.
El hecho de que los sindicatos organicen una huelga de cuatro días, mientras que organizaciones de médicos hayan llamado a una huelga indefinida, evidencia las diferencias de criterios a la hora de valorar el alcance de los recortes. Para estos últimos, la situación es tan grave que la reacción tiene que ser igualmente contundente. «Es necesario convocar una huelga indefinida. Los que han convocado la de cuatro son los mismos que han firmado los acuerdos que nos han llevado a la situación actual», denuncia Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad (CAS-Madrid).
Para Gómez, la puerta a la privatización se abrió hace quince años, con la ley 15/97. «La gente se olvida del problema de fondo, ya que lo que hacen, aunque no sea legítimo, es legal, porque tanto el PP como el PSOE aprobaron aquella ley, con la colaboración necesaria de los sindicatos», asegura. «Por eso somos críticos, no con el movimiento de la marea blanca, sino con los objetivos», explica. Como modelo a seguir, Gómez apunta a Suecia: «Allí lograron que se derogase una ley similar, y se prohibió que cualquier inmueble construido con dinero público pudiera venderse a empresas privadas».
Mónica García, de la Afem, también considera que éste es «un plan que viene gestándose desde hace tiempo, con la construcción de los nuevos hospitales concertados o la implantación del área única». «Vender los seis hospitales que tienen planeado, que son los seis más rentables de todo Madrid, evidencia sus verdaderas intenciones», explica García, quien piensa que la tragedia estaba anunciada desde hacía años. «Ha habido mucha gente que ha avisado que esto iba a pasar, pero ha habido una tibieza y una falta de reacción que nos han llevado hasta aquí. Por eso hemos decidido plantear una huelga indefinida».
