La región del Maule tiene una tasa de discapacidad de 8,5%, la más alta del país.
Estamos diciendo que 1 de cada 12 personas es discapacitada. Y esto está directamente
relacionado con el uso de agroquímicos.
Son los campesinos, temporeros y temporeras, niños de sectores rurales con
malformaciones congénitas por la exposición de sus padres al uso de plaguicidas.
Pienso que nuestros parlamentarios han sido muy débiles para prohibir la venta de
pesticidas que son altamente tóxicos para la salud de los temporeros.
Ya en el año 2007 la cámara de diputados había aprobado un proyecto (boletín 4877 -01)
que prohibía la venta de plaguicidas de elevada peligrosidad. Pero luego cuando llegó a la
comisión de agricultura del Senado este proyecto fue rechazado; y tanto por senadores de
la alianza como de la concertación.
Una vez más vemos la unión de los grandes empresarios con el parlamento. Son los
laboratorios transnacionales productores de agroquímicos que hicieron un fuerte lobby
con los parlamentarios.
En el año 2010 ingresó otro proyecto a la cámara de senadores (boletín 6969-01) con
el mismo objetivo pero que a mi modo ver, es un poco más débil ya que no prohíbe
claramente la venta de productos altamente tóxicos (como los llamados Ia e Ib), sino
que propone que los plaguicidas antes de su ingreso al registro del Servicio Agrícola
Ganadero deben ser evaluados por el Ministerio de Salud. Este proyecto al día de hoy
duerme en el parlamento.
Muchos de estos plaguicidas autorizados en Chile han sido eliminados del registro de
varios países, especialmente de la Unión Europea.
Este es un conflicto medioambiental y de salud. El daño ambiental debe ser tipificado
como delito que tiene ser castigado con penas de cárcel y no solo con multas en dinero.
Felicitamos por otro lado a los productores agrícolas que se suman al sistema de
comercio justo y a la producción orgánica porque ellos han dejado de usar estos
agroquímicos y lo han reemplazado por otros que son menos dañinos para la salud.
