Un informe de la Universidad Diego Portales considera a la discriminación contra los pueblos originarios y el uso excesivo de la fuerza pública en las movilizaciones como las principales causas.
La discriminación a sectores vulnerables, como las comunidades indígenas, y el uso excesivo de la fueza pública en las manifestaciones son las dos principales violaciones a los derechos humanos en Chile, según un informe elaborado por la Universidad Diego Portales.
La investigación, difundida hoy, hace eje en los casos de discriminación arbitraria contra grupos vulnerables, como la comunidad indígena, las minorías sexuales, las mujeres y las niñas, que determinan «las deudas que aún mantiene Chile con la comunidad internacional».
El informe de la Universidad sostiene que la ley antidiscriminación, promulgada en julio pasado tras el asesinato de un joven homosexual, «aún no rinde sus frutos» y será objeto de análisis para futuros informes, según reportó la agencia de noticias EFE.
Además, expone la discriminación estructural de géneros y destaca la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera en la reducción de las desigualdades en la participación de mujeres en política.
El segundo gran tema del informe es el uso de la fuerza estatal, principalmente por parte de la policía, contra la ciudadanía, un asunto que «ha adquirido notoriedad a partir de las crecientes movilizaciones en relación a diversos aspectos que aquejan a nuestro país».
En ese sentido, cita el movimiento estudiantil y otros grupos que en los últimos meses han realizado protestas por temas medioambientales o sociales.
«Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concienciar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia», plantea el informe.
Un tema inédito en el informe de este año es el análisis de la situación de los refugiados en el país y del marco normativo chileno sobre la protección del refugiado de acuerdo con los compromisos internacionales.
Según el texto, la discriminación arbitraria contra los refugiados se manifiesta en la restricción al acceso a derechos básicos como el debido proceso en el procedimiento de asilo o «a derechos sociales como la salud, educación o seguridad social».
