Robert Vargas, periodista y editor de la página Web ciudadoriental.org y Genris García, director de la página vigilanteinformativo.com fueron demandados por «difamación» por la multinacional canadiense de textiles, Gildan Activewear Dominican Republic Textile Company Inc. Esta demanda podría saldarse con una pena de entre tres meses a un año de prisión y una multa cuya suma sería de entre 5 y 500 salarios mínimos.
Recientemente los dos periodistas habían publicado en línea algunos reportajes acerca de los daños ambientales causados por la empresa alrededor del municipio de Guerra, al este de la provincia de Santo Domingo (al sur-este de la isla). Ellos le dieron la palabra a las comunidades locales que denunciaban la contaminación ambiental y la deforestación causada por las instalaciones y actividades de la multinacional en el país.
“Este ataque judicial es un verdadero acto de censura que apoya los intereses de la multinacional textil Gilda, y con ella, lo que se busca es detener la difusión de la información acerca del impacto ambiental negativo que han venido generando en la región. No es la primera vez que ocurre un hecho de esta índole. La despenalización de los delitos de prensa es una reforma urgente para garantizarle a los periodistas que puedan ejercer libremente su profesión en República Dominicana, sin temer a ser encarcelados», ha declarado Reporteros sin Fronteras.
Este caso surge en el contexto del debate acerca de la reforma del código penal dominicano y la ley 6132 sobre la Expresión y la difusión del pensamiento. El proyecto de ley, que había sido aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados y por el Senado, llevó a la movilización al SNTP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa) y al CDP (Colegio Dominicano de Periodistas). Ellos han alertado a la opinión pública acerca del carácter retrógrado de algunos artículos del código penal, como los artículos 191 y 193, que castigan con penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta nueve salarios mínimos a los periodistas que critiquen a los funcionarios públicos. El SNTP y el CDP han solicitado que todos estos artículos relativos a la penalización de los delitos de «difamación» e «injuria» sean suprimidos del nuevo código penal.
«A pesar de que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiende hacia la despenalización, sería un verdadero paso atrás para la libertad de información, si este proyecto de ley fuera votado como tal como está. En el Caribe, Granada ya hizo el primero avance aprobando la despenalización de la difamación (pero sólo en parte, ya que la “difamación sediciosa” sigue siendo delito penal). Tomamos nota de la declaración de Nelson Guillén, presidente de la Comisión de Comunicación en la Cámara de Diputados, que ha asegurado que el proyecto de ley se cambiará y dijo que se unía a la lucha mundial por la despenalización de los delitos de prensa «, agregó Reporteros sin Fronteras.
