El ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Cappiello, confió en que la apelación sirva para suspender la cautelar, y se puedan volver a garantizar los derechos de las mujeres. El magistrado que dictó la medida contradijo a la Corte Suprema de Justicia. El gobierno provincial apelará la medida cautelar del juez en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Claudio Bermúdez.

Bajo un manto de críticas de agrupaciones sociales y políticas a la medida judicial que frenó el protocolo para la atención de abortos no punibles en la provincia, se apelará entre hoy y mañana la resolución que dictó un juez santafesino frente a un planteo del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Mientras la disputa legal avance, regirá una guía previa de 2007 «que no es muy diferente de la actual», según indicó el ministro de Salud provincial, Miguel Cappiello, al garantizar que habrá acceso a ese derecho en los centros asistenciales públicos.

En declaraciones a una radio rosarina, ayer el magistrado contradijo abiertamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo pasado, al considerar que «para un aborto en caso de violación, tendrá que dar la orden un juez». La diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI) cuestionó al juez por «desconocer» al máximo tribunal.

Cappiello informó la semana pasada que en Santa Fe se realizaron 14 abortos no punibles «sin publicidad y sin problemas», al comparar lo que ocurrió la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, cuando una jueza dictó una cautelar para impedir un aborto no punible; medida que fue suspendida luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer, el funcionario consideró que la reciente decisión del juez Bermúdez «probablemente sea un coletazo de eso».

La traba judicial cosechó cuestionamientos de distintos sectores por afectar una práctica reconocida en el artículo 86 del Código Penal desde 1921, que autoriza el aborto frente a riesgos para la vida o casos de violación. En el aspecto técnico legal, las voces críticas señalaron que el dictamen no adhirió a los lineamientos del máximo tribunal. Y que no se limitó a atacar el protocolo de abril pasado sino que directamente puso en duda la constitucionalidad del aborto no penalizado en casos de violación.

Según Cappiello, las personas que presentaron el amparo tienen «una creencia muy firme, que uno respeta, pero que no tiene nada que ver con la política de salud que hay que llevar adelante, respetando fundamentalmente a las mujeres que han sido violadas, y respetando la decisión que se toma ante un hecho en que está en juego la vida de una mujer».

«Estamos trabajando en la apelación con varios fundamentos. Uno es que la vía para discutir esas cuestiones no es el amparo, y mucho menos una cautelar. Y otro es que existen precedentes de la Corte nacional, que se pronunció sobre el tema», dijo Juan Pablo Cifré, de la Fiscalía de Estado.

Alicia Gutiérrez agregó que hoy la vida política del PDC «está limitada a rescatar propuestas ligadas a creencias religiosas fundamentalistas». Y agregó: «Un partido con 4700 afiliados, con menos del 1 por ciento de votos en la última elección no puede pretender gobernar una provincia con un frente político y social respaldado por la mayoría de la población».

«La medida se va a impugnar, pero eso no implica que se suspenda la práctica. Sólo se interrumpe el protocolo y se remite al de 2007. En aquel momento no estaba la objeción de conciencia ni el consentimiento informado. Son diferencias mínimas que se pueden resolver», aclaró Cappiello, quien animó a «respetar las diferencias» para no llegar a casos como el de Ana María Acevedo, «quien murió por no poder acceder al aborto no punible ni al tratamiento por cáncer».

Gabriela Quadri es abogada y militante de los grupos autodenominados «provida». Integra la ONG «Con mirada de mujer», vinculada al Opus Dei, cuya principal actividad es influir sobre los programas de educación sexual.

No restringió la realización de abortos cuando impliquen riesgo para la vida, pero sí en hechos de violación.

En tanto, la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, la Alianza Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres Autoconvocadas de Rosario, Asociación Civil por los Derechos Humanos, Insgenar, Indeso Mujer y el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de la Mujer junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron su repudio.

El juez dijo ayer a LT3 que «no bastará como hasta ahora la declaración jurada sino que se requerirá la autorización de un magistrado», un aspecto que era materia de opinión.