Colombia

Por: José Eulícer Mosquera Rentería.

Algunas personas se han extrañado por la afirmación del presidente Juan Manuel Santos de que en su gabinete no ha incluido ningún afro porque
a estos puestos se llega es por méritos. Pero en realidad este tipo de afirmaciones y comportamientos no deberían extrañar a nadie, porque los hechos históricos han demostrados que las clases dominantes colombianas y latinoamericanas heredaron la mentalidad colonialista, racista y
discriminatoria de los abuelos colonialistas europeos, la cual reproducen de generación en generación por efectos del neocolonialismo eurocéntrico que se instauró a partir de las “independencias” y el advenimiento de las repúblicas, y en especial por el sistema educativo imperante, que también es eurocéntrico, individualista y de corte capitalista.

Durante las guerras de independencia se escucharon voces desde la comandancia de los ejércitos patrióticos – que estaba integrada por caudillos que representaban los intereses de las nacientes clases dominantes criollas – que consideraban necesario colocar en la primera línea de combate y como escudo de los demás patriotas y combatientes, a los afro-cimarrones que acudieron a integrar las filas de estos ejércitos, a objeto de “reducir a través de la guerra su peligroso número”.
Y comenzando la época republicana, coincidencialmente todos los mandatarios y dirigentes de las nuevas repúblicas y representantes de las clases dominantes criollas, consideraron necesario deshacerse de los africanos y sus descendientes, llevándolos a arrojar a las costas africanas y a las zonas desérticas de las Américas, supuestamente para evitar que fuera a ocurrir como en Haití, donde “los negros” se habían tomado el poder. Es decir que después de haber contribuido con su trabajo y sus aportes culturales y patrióticos a la construcción de estos nuevos países, no merecían un lugar en ellos, sino, ser sometidos a un genocidio.

Estas clases dominantes además de haber mantenido una mentalidad fascistoide en relación con los afros y aborígenes, renuevan o modernizan sus formas de racismo y de discriminación hacia los mismos, de acuerdo al momento o a la coyuntura histórica, recubriéndolas con ciertas sutilezas a objeto de que sean admitidas pasivamente por estos pueblos, y de aparentar de justas, incluyentes y democráticas ante la opinión mundial. En el caso de Colombia, es de recordar que al aplicar la ley de abolición de la esclavitud los gobiernos republicanos obligaron a los africanos y sus descendientes a marcharse hacia los territorios más inhóspitos con las manos vacías, mientras a los esclavistas que los habían expoliado durante casi cuatro siglos, se les indemnizó por cada esclavizado/a que quedaba en “libertad”, al tiempo que podían continuar disfrutando de los territorios domeñados por los esclavizados, de las fincas, haciendas, minas, infraestructura y de todas las riquezas construidas
por los mismos y sus mayores muertos bajo la esclavitud colonial. Mientras los nuevos territorios ocupados por los afros y los poblados que construyeron en ellos nunca fueron incluidos justa y equitativamente en los planes de desarrollo nacionales y regionales, y si se destinó algún recurso para ellos, fue marginal, y en muchos casos fue objeto de la corrupción y la rapiña de miembros de las clases dominantes nacionales y regionales en contubernio con politiqueros locales.

Luis López de Mesa, quien fuera varias veces Ministro de Educación de Colombia, entre los años 1930 y 1970, afirmó que la única forma que se podría lograr algún desarrollo en regiones como el Chocó y el Pacífico, era provocando el mestizaje de sus pobladores con blancos criollos o extranjeros. Y con base en razonamientos como este, entre los años de 1930 y 1940, utilizando medios de transporte del Ejército y de la Armada nacionales se llevaron grupos de familias campesinas pobres del interior del país a instalar en la cuenca del rio Baudó, Bahía Solano, Nuquí y Juradó, en el Chocó; y en las costas pacíficas nariñense, caucana y valluna, pero a su mayoría las inclemencias climáticas y ambientales las obligaron a retornar muy pronto a sus lugares de origen. Sin embargo, esta medida tenía otro objetivo que iba más allá, cual era contribuir a la reducción de la presión de las luchas campesinas por la tierra, que se encontraba al rojo vivo por esa época en el interior del país. Con base en razonamientos fascistoides como el de López de Mesa también, se justificó el otorgamiento de numerosas concesiones y licencias a compañías extranjeras para llevar a cabo la explotación de los recursos naturales y la sobre explotación de la mano de obra nacional en los territorios ancestrales afrocolombianos.

Actualmente en el orden nacional y en departamentos como Antioquia, los administradores públicos no hacen sino inventarse argumentos para desconocer y descalificar a las organizaciones sociales afrocolombianas soportadas en la Ley 70 de 1993, cuando presentan propuestas serias para la atención de las problemáticas de sus comunidades, haciéndoles exigencias que solo pueden cumplir las grandes empresas capitalistas y las corporaciones creadas por otras gentes, incurriendo en actitudes corruptas violatorias de la constitución y la ley.

La respuesta de la mayoría de los gobiernos a las reclamaciones de las comunidades afrocolombianas ha sido racista, represiva, demagógica y ofensiva, diciendo que “los negros son un estigma y un obstáculo para el desarrollo de la sociedad”, que “los negros viven en la pobreza y el atraso debido a su naturaleza perezosa, parrandera y morbosa”, y que en vez de andar fregando con paros cívicos y manifestaciones reclamando servicios públicos domiciliarios, etc., lo que deben es continuar recogiendo su agua con ollas y otros recipientes en las lluvias, ríos y quebradas, y haciendo sus necesidades fisiológicas en cualquier espacio de sus extensos territorios, entre otras groserías. En algunos casos las protestas, manifestaciones y paros cívicos, realizados siempre en forma pacífica por estas comunidades, han sido reprimidos en forma brutal por la fuerza pública, con saldos
trágicos.

Todos los afrocolombianos/as que han ocupado un alto cargo del Estado en Colombia, han sido nombrados más que por sus meritos, por una necesidad urgente de la clase gobernante nacional en una coyuntura histórica, donde este funcionario o funcionaria está llamada/o a afrontar una situación difícil y delicada, y a garantizar unos resultados favorables para dichas clases dominantes, a corto plazo. Para no ir muy lejos, cuando se nombró a Manuel Mosquera Garcés y a Adam Arriaga Andrade en los Ministerios de Educación y del Trabajo, respectivamente, entre los años de 1940 y 1950, fue porque las oligarquías liberal-conservadoras no sabían cómo controlar a unos movimientos obrero y estudiantil en ebullición y fuertemente motivados por la influencia de las revoluciones socialistas de la época, delegándole estas difíciles tareas a estos dos ilustres afrocolombianos, pero a la vez tuvieron que convertirse en incondicionales y hasta vincularse a la Logia Masónica de estas oligarquías, que es la que decide quién puede ocupar un alto cargo del Estado y quien puede seguir existiendo en el país. Cuando se nombró a la condoteña Nazly
Lozano Aljure como Ministra de Justicia, fue porque venía desempeñándose como funcionaria de ese ministerio y los narcotraficantes acababan de asesinar al Ministro Lara Bonilla por atreverse a proponer una ley de extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos, todo el mundo temía coger ese ministerio, a la nueva ministra le tocó firmar las primeras extradiciones y muy pronto también le tocó exiliarse por largo tiempo. Además, es sabido que la última persona afrocolombiana nombrada en un ministerio, Paula Moreno, ministra de Cultura, lo fue por la necesidad que tenía el gobierno de Álvaro Uribe de ganarse la voluntad de los parlamentarios afroestadounidenses para la aprobación del TLC de Colombia con USA, pero algunas y algunos afrocolombianos/as, arribistas e ilusos, daban por sentado que a partir del momento los gobiernos siguientes garantizarían la presencia afrocolombiana en sus gabinetes, y que bastaba conseguirse una recomendación de uno de los caciques políticos de la cuerda presidencial para lograrlo. Es que el capitalismo por su propia naturaleza es colonialista, racista y discriminador, y Juan Manuel Santos es un representante del capitalismo internacional, y especialmente de USA, por tanto no es de extrañar su actitud discriminatoria hacia los afros, no obstante trate de dorar la píldora con lo de los “méritos”. ¿A estas alturas de nuestra historia patria quien le va a creer al Presidente Santos que en Colombia no hay personas afros con los méritos para ocupar un ministerio o para hacer parte de un gabinete nacional a cualquier nivel?
Estoy seguro que nadie se la cree.

El presidente Santos, al igual que hizo Uribe Vélez, ha empezado a hacer visitas coyunturales al Chocó, Buenaventura y el Cauca, para decirle a sus habitantes que quiere mucho a los “negritos y negritas” y que les hará importantísimas atenciones e inversiones. Uribe Vélez no cumplió ni siquiera con la adecuación de la carretera Medellín-Quibdó, de tanta importancia no solo para los chocoanos, sino también para su departamento, Antioquia, porque a través de ella ha controlado en forma colonialista al mercado chocoano, como un mercado cautivo para sus industrias,
y ha sacado del Chocó inmensas riquezas. A pesar que los dineros para esta carretera los habían logrado los chocoanos/as con paros cívicos desde antes de él llegar a la Presidencia de la República, y junto a su Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego se dedicaron fue a fraccionar estos recursos para darle contratos a los Nules y a otros estafadores de su cuerda, para que hicieran simulacros de trabajos en esa vía, y para que finalmente se los robaran. Hasta la fecha Santos tampoco ha hecho nada trascendental por las comunidades afrocolombianas y sus territorios;
nada que apunte a sacar a estas comunidades de la extrema pobreza y de la marginalidad históricas. Ni siquiera las ha hecho merecedoras a estar representadas en uno de sus ministerios o vice ministerios.

Lo que las comunidades afrocolombianas requieren con urgencia es la ejecución del Plan de Desarrollo Integral, diferencial, ordenado por la Constitución Nacional desde 1991, y la Ley 70 de 1993, soportado en el convenio 169 de 1989 de Naciones Unidas y la Ley 21 de 1991 mediante la cual Colombia asume este convenio, y otras disposiciones legales. Plan de Desarrollo que es mucho más importante para la población afro que la ocupación de un ministerio por parte de una persona afrocolombiana, porque pueden llegar a las más altas posiciones y al poder muchos
Obamas, y hasta repetir mandato, pero siempre y cuando la mentalidad de esos obamas sea proimperialista y neoliberal, y por tanto, lleguen a esas posiciones solo a hacer realidad los planes, programas y proyectos de las clases dominantes, nuestros pueblos continuarán de mal en peor, como le está ocurriendo a los afroestadounidenses. De tal manera que Asumir con seriedad el reto de ejecutar el Plan de Desarrollo Integral para las Comunidades Afrocolombianas, sería la mejor demostración de un mandatario de que ha superado la mentalidad racista y discriminadora heredada de los abuelos colonialistas ibéricos.

Pero desgraciadamente, los mandatarios y administradores públicos de Colombia solo se inventan estrategias para burlar las disposiciones constitucionales y legales que favorecen a las poblaciones afrocolombianas y aborígenes, convirtiéndolas en letra muerta. Hoy se ha montado todo un proceso para liquidar y/o burlar la Ley 70 de 1993 ó Ley de Comunidades Afrocolombianas, y sus decretos reglamentarios, frente a lo cual no le queda otro camino al pueblo afrocolombiano que responder con acciones de masa y de exigibilidad de sus derechos. Reiterando que no se podrá
avanzar hacia una paz real y duradera en nuestro país, sin primero hacer efectiva la justicia social.

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Publicación de Boletín Barómetro Internacional

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