Por Inés Benítez

Al grito de la «banca siempre gana y no me da la gana» y «el pueblo unido, jamás será vencido», decenas de personas evitaron este miércoles 24 en esta sureña ciudad española el desalojo de una familia marroquí que carece de ingresos para pagar la hipoteca de la vivienda que habita.

«Perdí mi trabajo en la construcción y tengo dos hijos pequeños», cuenta a IPS el jefe de esta familia inmigrante, que se identifica como Mohamed, en el portal de la casa que compró a crédito en 2007, ubicada en el barrio de la Palma, de Málaga.

Frente al domicilio de Mohamed y su familia se congregaron durante horas, pese a la intensa lluvia que cayó este miércoles, un centenar de vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para bloquear la entrada de la comisión judicial encargada de la ejecución por falta de pago de las cuotas del préstamo.

El caso de estos inmigrantes marroquíes es uno de los miles que se suceden en España como consecuencia de la severa crisis económico- financiera, que ha causado la pérdida de miles de puestos de trabajo y ha abonado la adopción de rebajas salariales y medidas de recortes fiscales y de derechos sociales dispuestas por el gobierno de Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular.

Entre abril y junio se llevaron a cabo 29.275 desalojos, un récord histórico en este país, según el «Informe sobre el impacto de la crisis en los órganos judiciales», publicado el 2 de septiembre por el Consejo General del Poder Judicial.

Los datos oficiales indican que la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas por falta de pago desde 2007, cuando comenzaron las primeras señales de la debacle, a 2010.

«Esta es una guerra muy dura», dice a IPS el activista Antonio Alarcón, de la PAH de Málaga, quien alerta que España «está en una situación de emergencia habitacional, con muchas familias malviviendo en garajes, buhardillas y chabolas», y otras en proceso de desalojo inminente.

Paradójicamente en España, castigada especialmente por la crisis global que puso el foco en Europa, hay más de cinco millones de viviendas vacías, que equivalen a 20 por ciento del parque inmobiliario del país, según cálculos de expertos del sector. El Instituto Nacional de Estadística, que censó 3,1 millones de casas sin habitar en 2001, solo actualizará sus datos a comienzos de 2013.

El Consejo estudió este mes, según publicó el diario El País, un informe de seis magistrados en el que se acusa a los bancos de «mala praxis» por conceder hipotecas «sin valorar las capacidades reales de pago del deudor», se reclaman moratorias en los pagos e instan a que las ayudas dispuestas por el gobierno a estas entidades financieras se extiendan a los clientes sobreendeudados.

Ante el crecimiento del desempleo, que ya afecta a 24,6 por ciento de la población económicamente activa, son cada vez más los deudores hipotecarios que no pueden hacer frente a las cuotas mensuales y, por ello, son desalojados. A pesar de quedar en la calle, igual mantienen la obligación de pagar al banco la deuda pendiente.

«¿A dónde van a ir con los niños? Que nos den una solución, un trabajo para poder pagar», clama ante IPS al borde del llanto una familiar de la esposa de Mohamed, mientras su marido, Abdesselan, denuncia que fueron engañados, porque contrataron una hipoteca de 117.000 euros (151.758 dólares) cuando en la escritura figura que el valor del departamento es de solo 70.000 euros (116.754 dólares).

«Formemos una barrera humana de resistencia pasiva y pacífica. Vinimos a proteger un hogar, a una familia. Somos seres humanos», arengaba a los vecinos Sara Vázquez, portavoz de la PAH malagueña, poco antes de que llegara la hora de la actuación judicial que, finalmente, fue suspendida y sin fijar fecha de ejecución, según confirma a IPS.

«Quienes están parando los desalojos son los vecinos», destaca Alarcón, tras lamentar la escasa efectividad de las denominadas oficinas de intermediación hipotecaria abiertas por el Estado en los últimos meses, que no han podido dar respuesta a familias como la de Mohamed.

José Cosín, abogado de PAH, señala a IPS que las ejecuciones se consiguen detener o retrasar con una oposición «frontal y física» de la sociedad civil, organizada en colectivos como el que integra o el Movimiento 15 de Mayo (15M), que surgió con masivas concentraciones de «indignados» en plazas de las grandes ciudades de España en esa fecha de 2011.

La PAH, nacida en Barcelona en 1994 como una asociación de afectados y personas solidarias, impulsa junto a otras organizaciones sociales y sindicales la llamada Iniciativa Legislativa Popular para regular por ley la dación en pago (zanjar la deuda bancaria con la vivienda), pedir la moratoria de las hipotecas y reconvertir éstas en alquileres sociales.

El gobierno de Rajoy, que se enfrentará el 14 de noviembre a la segunda huelga general en menos de un año de mandato en protesta contra los recortes, anunció en febrero un «código de buenas prácticas» sobre la dación en pago, una declaración de intenciones que no obliga a los bancos.

Estas propuestas, según Cosín, «se quedaron en papel mojado», además de estar a la libre voluntad de los bancos aceptar la dación en pago o negociar el alquiler social.

«Nuestras armas (contra los desalojos) son nuestra voz y nuestras manos», gritaba a través de un altavoz una vecina de Mohamed entre pancartas en las que se leían lemas como «Indignación» y «No es que no quiera pagar, es que no puedo».

A fines de 2010 había 687.523 viviendas nuevas en España que no encontraban comprador, según un informe de julio de 2011 del Ministerio de Fomento. Mientras, crece exponencialmente el número de desalojos.

Ante este drama, Cosín cree que hay salidas y puso como ejemplo el caso de Miguel, un albañil desempleado que ocupaba ilegalmente una casa en ruinas en Málaga y que firmó un acuerdo el 12 de este mes con José, su propietario, por el cual le cede temporalmente su inmueble a cambio su restauración para la venta.

«Es una alternativa a una sociedad en la que existen millones de casas vacías que se deprecian y miles de personas sin hogar», indicó Cosín, quien, cuando recibió la demanda interpuesta por José contra Miguel, propuso esta fórmula «conveniente» para ambas partes.

El propietario recibe una cantidad de dinero pactada de antemano cuando se venda el inmueble y la diferencia entre este monto y el valor final de la transacción de la vivienda se destina a la compra de otra casa en ruinas para rehabilitar, explicó el letrado, también activista del 15M.

El proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos, pendiente de aprobación, incluye el contrato de «rehabilitación por alquiler», es decir que regula la posibilidad de que el inquilino se encargue de las reformas a cambio de no pagar la renta.

«Los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito y la propiedad, entre otras cosas mediante el desarrollo de un sector privado de alquiler», conminó la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Raquel Rolnik, en un informe presentado ante la Asamblea General del foro mundial.