La amplia alianza opositora que apoya a Henrique Capriles en su intento de sacar del Palacio Miraflores al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, incluye un acercamiento como mínimo curioso: el de un partido que, siendo gobierno, decidió un ataque militar que terminó en masacre, con otro marxista-leninista en el que militaban las víctimas.
El detalle salta, por un lado, por la inminencia de las elecciones, previstas para el domingo, y por el otro porque mañana se cumplirán 30 años de la llamada Masacre de La Cantaura, una de las páginas más oscuras en la historia venezolana.
Ese día, el 4 de octubre de 1982, 23 guerrilleros del Frente Américo Silva (FAS), el brazo armado del izquierdista partido Bandera Roja, fueron masacrados en un campamento en una operación conjunta de la Fuerza Aérea y el Ejército, cerca de Cantaura, en el municipio de Freites, estado de Anzoátegui.
Silenciado durante mucho tiempo, testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir el hecho, en el que no hubo llamado a la rendición y en el que se probaron luego varios casos de fusilamientos, según las marcas en los cadáveres exhumados varios años después.
Algunos trabajos de investigación permitieron descubrir que la orden del gobierno fue arrasar con los «subversivos», y eliminar definitivamente «la amenaza» que representaba el FAS.
El Ejecutivo de entonces estaba ocupado por Luis Herrera Campins, del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), uno de los partidos tradicionales de Venezuela, firmante en 1958 junto con Acción Democrática y la Unión Republicana Independiente (URI) del Pacto de Punto Fijo, que de alguna manera acordó la alternancia en el poder durante 40 años, hasta la aparición de Hugo Chávez.
Al día siguiente de la matanza, los ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa emitieron comunicados en los que hablaban de «un encuentro armado entre unidades de las Fuerzas Armadas Nacionales, con guerrilleros uniformados».
A los familiares de la víctimas les tocó, además de soportar la pérdida, buscar y recuperar los cuerpos y empezar la lucha por el castigo a los culpables.
En forma casi descarada, las autoridades explicaron en 1982 que ante la ausencia de familiares reclamando los cuerpos, los cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, sin autopsias y sin notificación. Y el Congreso creó una Comisión Investigadora que emitió un informe cuyo contenido jamás se conoció.
En mayo de 1994, Bandera Roja decidió disolver el Frente América Silva y varias columnas de ex guerrilleros bajaron de la montaña para, en un acto simbólico, entregar las armas.
Hay una primera paradoja en este aniversario: Bandera Roja, un partido que se declara marxista-leninista y de «vanguardia de la clase obrera» en su sitio de internet, es aliado de Copei dentro de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que respalda las aspiraciones presidenciales de Henrique Capriles Radonski.
La segunda paradoja tiene que ver con los ecos de aquella masacre: en el 2009, ya con Chávez en el poder, la Fiscalía General de la Republica retomó el caso Cantaura y se llevó a cabo una veintena de exhumaciones en Caracas, Barcelona, Anaco, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello, que confirmaron que la mayoría de las víctimas del ataque fueron ajusticiadas.
El año pasado, además, la mayoría chavista de la Asamblea Nacional aprobó rendir tributo cada 4 de octubre a los caídos en La Cantaura, «como forma de honrarles y preservar la memoria histórica del país».
Y, más aún, también el año pasado el legislativo votó una Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, un instrumento con el que se pretende buscar la verdad sobre cientos de víctimas.
Con todo, Bandera Roja parece justificar en su sitio su extraña alianza con el partido responsable de aquella masacre de 1982. Llama ahí a «desenmascarar» al chavismo, al que considera «un régimen militarista disfrazado de revolucionario, socialista o comunista, que engaña y miente al pueblo con promesas de cambio o transformación».
«Hoy a casi 30 años de la masacre y a 10 de este régimen no hay ni un solo detenido; teniendo todos los poderes de su lado y a disposición no hace las investigaciones necesarias. ¿Por qué no lo hace? Solo se quedan en homenajes, reconocimientos y exhumación de los restos», cuestiona Bandera Roja.
