Estimado Camilo,
Me permito escribirte en esta ocasión, no en tu calidad de Presidente del Senado, alta investidura
que ciertamente me alegra y enorgullece. Quiero dirigirme a un viejo camarada, con quien hemos
compartido cuatro décadas de lucha perseverante por un país mejor, buena parte del tiempo codo a
codo en la misma trinchera y siempre apuntando a un adversario común.
Quisiera compartir algunas reflexiones en torno a tu reciente descalificación de la demanda por una
Asamblea Constituyente: «Yo no quisiera que fuera una especie de droga que nos haga olvidar los
problemas políticos, que son los decisivos. O sea, que nos pongamos a fumar opio en un escenario
ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe,» según declaraste a La Tercera el 1 de
septiembre del 2012.
No puedo dejar de hacer presente que el tono de la entrevista resulta algo arrogante, y es inaceptable la
mezquina e injusta sugerencia deslizada en la misma, que el binominal no se habría podido modificar
¡debido al pareo de un diputado comunista! Lo principal, sin embargo, es que me parece basada en un
error de apreciación serio, que de imponerse en el seno de la oposición, puede conducir al poderoso
movimiento progresista que se levanta en el país a un despeñadero.
Desde luego, tu opinión que no hay crisis institucional sino apenas un «desencanto político,» a estas
alturas resulta curiosa, por decir lo menos. Debes ser el único que opina eso. Desde luego, no se sabe
de ningún otro político opositor que sostenga algo parecido. El movimiento social es unánime en
denunciar dicha crisis. Más allá de ellos, la misma resulta bien evidente para todo el mundo.
Ascanio Cavallo, analista político que no acostumbra hacer apreciaciones tremenbundas y a veces
parece más bien un poco anclado en las claves políticas de la «transición,» afirma en la misma edición
de La Tercera en que aparece tu entrevista referida: «el descrédito de las instituciones, los partidos y los
dirigentes políticos se acerca a los bordes de una crisis de legitimidad.»
Pilar Vergara, periodista de El Mercurio, en un reportaje del 2 de septiembre pasado, tras
entrevistar a Longueira y a von Mühlenbrock, «CEO» en Chile de la empresa brasileña Gerdau
Aza, escribe: «Confianzas en cortocircuito. La conclusión a la que uno llega luego de escuchar a estos
dos protagonistas del problema es que el gran cambio social que vivimos y se siente, en realidad es un
rebaraje del poder.»
Bernardo Larraín, Presidente de Colbún y vocero del Grupo Matte, que acaba de suspender el
proyecto HidroAysén precisamente por este motivo, ha afirmado en El Mercurio del 13 de septiembre
recién pasado: «Para que el resultado sea el legítimo, es necesario que la institucionalidad tenga
legitimidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo. No se están dando equilibrios entre las empresas
y la ciudadanía.» Cabe subrayar que dicha falta de legitimidad ha paralizado los dos proyectos
hidroeléctricos que en conjunto cubren la mitad de la demanda de las décadas venideras. Eike Batista,
inversionista brasileño que impulsa el segundo de los mismos, declaró a El Mercurio del 31 de
agosto: «Se está volviendo imposible invertir en Chile.»
Ciertamente, quien mejor lo ha expresado es el célebre editorial del diario británico Financial Times,
del 24 de agosto del 2011: «Diseñadas para salvaguardar el modelo económico y social heredado de
Pinochet, su fosilización ha ahuecado las instituciones estatales de toda representatividad.»
Es decir, es una situación que no da para más. Resulta imperioso encontrar una salida. Sin embargo,
al revés de lo que afirmas en tu entrevista, la actual institucionalidad no permite hacerlo. Incluso, el
solo cambio del binominal no parece resultar suficiente, aunque ciertamente constituye una apertura
importante.
Necesariamente, por lo tanto, debe generarse una ruptura. Se pueden imaginar muchas formas en
que ello puede cursar, como la aprobación de un plebiscito vinculante con iniciativa ciudadana, por
ejemplo. Sin embargo, cuando se encuentre la salida, lo que resulta inevitable y ocurrirá más temprano
que tarde, probablemente la misma resultará inédita.
Lo importante, sin embargo, es representar claramente a la ciudadanía la imperiosa necesidad de
realizar este cambio. Ese es precisamente el contenido de la demanda por una Asamblea Constituyente:
ciertamente la salida más democrática y civilizada para una situación imposible.
Lo que está en crisis no es sólo la institucionalidad, sino «el modelo económico y social heredado
de la Pinochet,» como dice el Financial Times. Lo esencial al respecto es renacionalizar el cobre y
los recursos naturales, puesto que el monopolio sobre los mismos por parte de un puñado de grandes
conglomerados rentistas, extranjeros los mayores de ellos, es la base principal de todas las distorsiones
de la economía y la sociedad.
Según cifras oficiales, sólo la minería ha concentrado un tercio de las inversiones extranjeras de
las últimas cuatro décadas y la mitad de las nacionales y extranjeras aprobadas para el próximo
quinquenio. Representa un cuarto de las ventas de las mayores empresas que operan en el país. Sin
embargo, ocupa apenas al uno coma cinco por ciento de la fuerza de trabajo asalariada. Considerando
el conjunto de las ramas basadas en recursos naturales, dichas cifras suben a 61 por ciento y 72 por
ciento en el caso de las inversiones y 51 por ciento de las ventas, respectivamente. Sin embargo, la
ocupación de todas ellas alcanza apenas al 8,8 por ciento de la fuerza de trabajo asalariada.
Es decir, los grandes grupos inversionistas que operan en Chile no invierten en la gente, puesto que
no obtienen sus ganancias del valor agregado por el trabajo de los chilenos y chilenas, sino de la renta
de los recursos con que la naturaleza ha bendecido a nuestro territorio, pero que en sus manos se han
convertido en una verdadera maldición.
Por esta razón, principalmente, las políticas de las últimas décadas han desprotegido la producción
interna de bienes y servicios, la que se desarrolla con relativa debilidad en relación a otros países
emergentes y sólo en sectores que cuentan con protección natural, como la construcción o los servicios;
las grandes corporaciones rentistas que explotan los recursos naturales no necesitan protección,
puesto están sentados sobre ella: según el Consejo Minero, sus empresas asociadas donde predominan
las extranjeras, se han apoderado de más de !25 millones de hectáreas! ¡Solo el 2010 se apoderaron de
más de un millón de hectáreas adicionales!
Esta es la causa de fondo de la precariedad del empleo, puesto que más de la mitad de la fuerza de
trabajo está ocupada en comercio o servicios que producen escaso valor agregado. Por esta misma
razón, se ha consentido en el desmantelamiento de la educación pública: la fuerza de trabajo importa
poco para los grandes rentistas que hegemonizan la elite.
También, ciertamente, es la causa principal de la escandalosa desigualdad. No solo de aquella que
se verifica al interior de la fuerza de trabajo, que es la que mide la CASEN, que también resulta
más desigual que en la mayoría de los países. La desigualdad de verdad, sin embargo, es entre el 99
por ciento de la población que representa la CASEN y el uno por ciento verdaderamente rico que
ni siquiera se digna responderla. Según la propia CASEN y el Banco Central, el ingreso total de las
familias que responden dicha encuesta representa apenas un 40 por ciento del PIB. Ello equivalente
exactamente a los ingresos del trabajo, mientras que los excedentes de explotación de las grandes
empresas representan el 50 por ciento del PIB; el resto son ingresos del Estado netos de subsidios.
La misma fracción de los ultra ricos consume un 27 por ciento del PIB y se nota: basta visitar las tres
comunas donde vive el uno por ciento más adinerado del país.
La renacionalización de los recursos naturales resolverá de una plumada estas gigantescas distorsiones.
Es el equivalente de la reforma agraria, que hace cuatro décadas barrió con las trabas que frenaban
el progreso del país. Ello permitirá redirigir la economía hacia la producción de bienes y servicios,
en base a la mano de obra nacional, garantizando una verdadera competencia en todos los mercados
y reorientada a su vez hacia adentro de una América Latina crecientemente integrada. Junto a ello,
hay que terminar con el lucro en la educación, las ISAPRE y AFP y reconstruir los grandes sistemas
públicos de educación, salud, previsión y transporte, para ofrecer una adecuada seguridad y comodidad
a la población. Entre otras cosas.
Esas grandes medidas no constituyen un asalto al cielo ni mucho menos. Sencillamente, se trata de
corregir las distorsiones acumuladas tras cuatro décadas de extremismo neoliberal, que han favorecido
principalmente a un puñado de grandes corporaciones rentistas. Permitirán el desarrollo sin trabas de
la auténtica producción capitalista en el país, como ocurre en las potencias emergentes más dinámicas,
con grados mucho mayores de respeto y equidad para los trabajadores: la verdadera fuente de la
moderna riqueza de las naciones.
Pero es posible. Principalmente porque se trata de medidas nacionales, indispensables para que el
país continúe progresando. También, porque la situación actual no da para más: ni siquiera tenemos
asegurada la energía requerida para la próxima década. La abrumadora mayoría del país está de
acuerdo con estas medidas, puesto que benefician a todos. Incluso a la segregada elite que hoy vive
aislada y atemorizada, en un Apartheid que sabe que no puede continuar. Los auténticos empresarios
capitalistas serán los principales beneficiados de nivelar la cancha para las inversiones productivas en
base al trabajo calificado de los chilenos y chilenas; de hecho, las principales corporaciones rentistas
que hoy explotan los recursos naturales de Chile, son extranjeras.
Ciertamente, al igual como ocurrió a lo largo de buena parte del siglo pasado, esta gran transformación
solo puede ser dirigida por el Estado, conducido por una nueva coalición desarrollista, de trabajadores
manuales e intelectuales, empresarios grandes, medianos y pequeños y funcionarios, civiles y militares.
También los trabajadores independientes, pescadores y campesinos. Estos últimos hoy por hoy
se han visto reducidos significativamente en número y se identifican en medida no menor con las
comunidades de pueblos originarios, que ven amenazadas su tierra y su agua y contaminado hasta el
aire que respiran, por la voracidad de las grandes corporaciones rentistas.
Al igual que ha venido ocurriendo con todos los grandes avances de nuestra sociedad a lo largo del
pasado siglo, una transformación de esta magnitud solo resulta posible en el marco de una renovada
participación masiva de la ciudadanía en los asuntos políticos. Felizmente, es bien evidente que ello
está sucediendo nuevamente, a pesar que hasta hace poco, muchos daban por clausurada la marcha de
la historia, pensando y ensoñando – a ellos si se aplica tu frase del opio -, que la calma chicha en que
transcurrieron las dos últimas décadas iba a durar para siempre.
Esto lo conocemos bien, porque hemos sido actores en los últimos grandes ciclos de auge de la
movilización popular: el que se extendió desde la segunda mitad de los años1960 y hasta 1973,
que hizo posibles las grandes e irreversibles transformaciones progresistas de los gobiernos de los
Presidentes Frei Montalva y Allende. También en aquel que en el curso de los años 1980 permitió
terminar con la dictadura; imagino que sonríes con socarronería cuando algunos afirman hoy que
esto último se debió a la creatividad de algunos publicistas. En mi caso, como soy más viejo que
tú, recuerdo haber presenciado cuando niño el estallido del 2 de abril de 1957, que abrió paso a
la derogación de la Ley Maldita y a la cédula única que terminó con el cohecho electoral de los
latifundistas.
Aprendimos asimismo, que cuando la movilización va al alza, hay que adecuar las consignas,
adelantándolas para que se encuentren con el movimiento de masas en ascenso. Es precisamente lo que
hicimos en años recientes, al proponer en la campaña presidencial de Jorge Arrate, la reconstrucción
del sistema nacional de educación pública gratuita; al cabo de poco tiempo, los estudiantes y la
comunidad educacional recogieron esa justa consigna y orientaron su movilización tras ese objetivo.
El peor error en estas situaciones, consiste en quedarse atrás del movimiento en alza; sencillamente,
ello significa que este último nos pasaría por encima. Es lo que Lenin – quién precisamente descubrió
estos grandes ciclos de actividad política de las masas, como bien aprendimos en las escuelas de
cuadros a las que asistimos en nuestra juventud- denominó «cretinismo parlamentario,» aludiendo
a los políticos que pretenden seguir actuando en los momentos de auge igual como lo hacían en los
largos y exasperantes períodos de calma chicha, durante los cuales la política se ve reducida a la
manida «medida de lo posible» de los consensos en los corredores parlamentarios.
También aprendimos – dolorosamente, tanto a principios de los años 1970 como luego a fines de
los años 1980 – que estos grandes ciclos de actividad política masiva no duran para siempre; menos
mal, puesto que a la larga resultan bastante agotadores. Cumplidos sus objetivos principales, la gente
común y corriente, cuya fuerza colectiva de millones los hacen posible en primer lugar, se cansan
del inevitable caos en que transcurren y añoran que se restablezca el orden para poder regresar a sus
asuntos cotidianos.
La joven generación de socialistas de la cual formas parte, se grabó a fuego el gran error de 1973,
cuando la dirección de tu partido promovía frívolamente «avanzar sin transar,» sin percatarse que el
gran ciclo de movilización popular había empezado a declinar, al menos desde marzo de ese año. La
generación de comunistas de la cual yo formo parte, aprendimos la misma dolorosa lección a fines de
los años 1980, cuando pretendimos seguir impulsando «a pulso» el derrocamiento de la dictadura, sin
parar mientes que la gran ola de protestas populares había empezado a declinar desde mediados de
1986. En ambas situaciones, los principales objetivos de ambos movimientos se habían ya cumplido: se
habían completado la nacionalización del cobre y la reforma agraria en el primer caso y Pinochet había
entregado la oreja para la salida plebiscitaria en el segundo. En ambos casos, fuimos víctimas de una
suerte de «cretinismo parlamentario al revés.»
Precisamente porque aprendimos juntos todas estas cosas a lo largo de todos estos años, es que te
escribo esta carta: Tus declaraciones recientes parecen indicar que no aprecias la situación que se vive
con realismo. Pareces tener una sola idea en la cabeza: ganar las próximas elecciones presidenciales
y asegurar la gobernabilidad del segundo mandato de la Presidenta Bachelet. En pos de ese objetivo
¡todo!
Ciertamente, concuerdo plenamente en la necesidad de ganar las próximas elecciones presidenciales y
obtener la mayor representación parlamentaria que resulte posible. Asimismo, será necesario garantizar
la gobernabilidad del gobierno de Bachelet. Lo primero parece bastante asegurado, porque la gente
votará por Michele para poner término al gobierno de la derecha, tal como votó por Piñera para poner
término a los gobiernos de la Concertación. Así de sencillo. De ahí se verá.
Sin embargo, lo más probable es que lo segundo e incluso quizás lo primero, solo resulte posible
poniéndose a la cabeza del movimiento ciudadano en alza. En parte, es lo que hizo la Presidenta con
los Pingüinos. No se opuso al movimiento, como lo habían hecho los gobiernos precedentes con las
importantes movilizaciones del profesorado. Por el contrario, se apoyó en los Pingüinos para poner en
jaque a la LOCE. Luego la movilización se tomó un respiro, como siempre ocurre y la cosa terminó
levantando las manos al cielo con impotencia en el «gran acuerdo nacional,» que en definitiva canalizó
los importante recursos obtenidos por los pingüinos ¡hacia la educación privada!
Lo más probable es que el futuro gobierno de Bachelet desate una importante movilización popular.
Hasta ahora solo han entrado a la pelea los sectores medios, pero ello no significa que el pueblo ya esté
arreglado, como ilusamente ha planteado el expresidente Lagos. Muy por el contrario, el descontento
popular es explosivo, solo que nunca empiezan la pelea, esperan pacientemente al momento preciso
para lanzarse al ruedo, porque saben que al final pagan los platos rotos.
Para asegurarse la conducción de dicho movimiento hay que hacer ahora lo mismo que hizo la Unidad
Popular: levantar un programa decidido, que diga claramente lo que hay que hacer. Luego, hay que
avanzar apoyándose en la movilización en alza, con cautela para no quedar en el vacío, con paciencia
para no precipitarse, pero con toda decisión en la medida que las condiciones para avanzar vayan
madurando.
Luego, asegurarse de estar muy atentos al momento en que la movilización empiece a declinar, para
restablecer el orden y consolidar lo avanzado, antes que la inevitable reacción asuma este desagradable
papel. Esto último es lo que no hicimos con Allende.
Acá es donde entra la demanda de una Asamblea Constituyente. Ésta debe ser la consigna central de la
campaña de Bachelet. Al mismo tiempo, hay que decir que no vamos a poder lograrla si no obtenemos
una mayoría importante en el parlamento y/o la movilización social no irrumpe para exigirla.
Si el gobierno de Bachelet no se propone actuar de este modo, corre el riesgo que le pase lo mismo que
al gobierno de Kerensky en el ejemplo clásico: ser sobrepasada absolutamente por los acontecimientos.
Éstos, por otra parte, seguirían un curso impredecible al no tener adelante una fuerza política
experimentada, capaz de conducirlo.
Su segundo gobierno sería un desastre. Sencillamente no podría gobernar y podría terminar muy mal,
como el gobierno de De la Rúa en Argentina o los socialistas en Grecia o España: en la impotencia
total. ¡Una suerte de madrugada del 27 de febrero extendida a los cuatro años de gobierno!
Estoy seguro que eso sería lo último que desearías para ella y para el país. Por este motivo, te sugiero
consideres revisar tu posición respecto de la justa consigna de la Asamblea Constituyente.
Te saluda con un abrazo fraternal,
Manuel Riesco
