El documento, presentado por los abogados de Lugo, fue admitido por la Sala Constitucional y remitido inmediatamente a consideración del fiscal general del Estado, Javier Díaz, quien deberá ahora dictaminar si corresponde al alto tribunal decidir sobre dicha anulación.
El fiscal general tiene un plazo de 18 días hábiles para emitir su dictamen, y ello determinará si la Corte puede seguir adelante con el caso.
Según Prensa Latina y Adital, los abogados Adolfo Ferreiro, José Enrique García y Emilio Camacho solicitaron a la Corte la inaplicabilidad de la resolución 881, por la cual se destituyó a Lugo, debido a los defectos y vicios que el acto contiene.
Los defensores consideran que no se fundamentaron las acusaciones contra el presidente y sostienen que se violaron los derechos del mandatario elegido democráticamente.
Esta acción rechaza la decisión del juicio político y argumenta que en el trámite se utilizaron instrumentos que son violatorios de la Constitución Nacional y de garantías a favor de Lugo porque la destitución es arbitraria e infundada y viola el principio de incongruencia.
Por su parte, Camacho manifestó que la barbaridad del fallo es tal que la sentencia no tiene argumento alguno.
Los letrados ratificaron que, si no obtienen el fallo favorable de la Corte paraguaya, la mayoría de cuyos miembros pertenecen a los partidos que participaron del golpe parlamentario, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la misma solicitud.
