Cristino Sanabria,
quien pretende disputar la representatividad de Díaz al frente de la comunidad, le manifestó que si
continuaba con los reclamos territoriales iba a avanzar con sus patotas para lastimarlo a él y a su
familia, y destruir la radio comunitaria.
Al día siguiente, durante la tarde, bloquean el celular de Félix Díaz y esa misma noche, Abelardo
Díaz, hijo de Félix, es abordado por un grupo de personas que amenazaron con degollarlo y le
provocan heridas cortantes en la cabeza con armas blancas que requirieron atención médica en el
hospital local.
Esta impunidad con la que se maneja Cristino Sanabria, responde al no reconocimiento de la
elección del 25 de junio de 2011, propuesta en el marco de la Mesa de Diálogo y por el Ministerio
de Interior, cuyo resultado dio por ganador a Félix Díaz. Este punto resulta urgente ya que está
causando un conflicto de «doble comando» en la comunidad. Ni el gobierno nacional ni mucho
menos el provincial reconoce a Félix Díaz como única autoridad de la comunidad, a pesar de
haberse comprometido ambos en acatar el resultado de la elección, hecho que está trayendo
conflictos internos muy graves.
Estos lamentables acontecimientos se suman a los múltiples hechos de amenaza, persecución
y violencia que fueron denunciados por la comunidad ante la justicia argentina y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, el 21 de abril de 2011 la CIDH dictó
medidas cautelares, en las que exigió al Estado argentino garantizar la vida e integridad física de
la comunidad y sus integrantes, en particular de Félix Díaz y su familia.
Tras la violenta represión sufrida por la comunidad en noviembre de 2010 y luego de 5 meses de
acampe en la Avenida 9 de Julio, se llegó a un acuerdo con representantes del gobierno nacional,
por el cual se levantaba el acampe y se formaba una Mesa de Diálogo y Trabajo en Presidencia
de la Nación. Sin embargo, ninguno de los compromisos asumidos por los gobiernos nacional y
provincial ha sido cumplido, compromisos asentados en actas.
En estas circunstancias resulta urgente que, tanto el Estado nacional como el provincial, adopten
medidas efectivas para proteger a la comunidad de los atentados de particulares y asuman un
compromiso real para implementar las soluciones necesarias al conflicto territorial. Por último, es
necesario que el Poder Judicial avance con la mayor celeridad posible. Una vez más, los hechos
de violencia están vinculados con la lucha por el cumplimiento del derecho a la tierra y al territorio.
La falta de soluciones concretas ha generado las condiciones propicias para la reiteración de
agresiones contra la comunidad qom.
Nora Cortiñas – Mirta Baravalle
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Aldo Etchegoyen
APDH Nacional
Pablo Pimentel
APDH La Matanza
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)
CELS
RESISTENCIA QOM
Miriam Liempe
Área de relación con los Pueblos Originarios CTA
