Los sindicatos comenzaron una dura batalla contra las medidas y, acompañados de una gran muestra de solidaridad popular por parte de muchos sectores, redoblaron la apuesta. Esta semana, los sindicatos perdieron la batalla. La inyección masiva de fondos a la campaña de Walker, que durante meses supuso una saturación de publicidad electoral en el llamado “estado del tejón”, fue determinante para su victoria. Más que una derrota para los sindicatos, la victoria de Walker supone una derrota para nuestra democracia en esta era post-Citizens United en la que es posible comprar las elecciones con la ayuda de algunos cuantos multimillonarios.

En febrero de 2011, el ex jefe administrativo del condado de Milwaukee y recientemente elegido gobernador del estado, Scott Walker, impulsó un plan para despojar a los trabajadores públicos de Wisconsin de sus derechos de negociación colectiva. Cabe resaltar que esta acción no había sido una de sus promesas de campaña. La reacción hizo historia. Decenas de miles de personas marcharon hasta el Capitolio de Wisconsin para después ocuparlo. Walker amenazó con enviar a la guardia nacional. La multitud creció, y pese a la estrategia de Walker de “dividir y vencer” a los sindicatos (una frase que una frase que le dijo a uno de sus donantes multimillonarios y que quedó registrada por casualidad en una conversación grabada), los sindicatos de policías y bomberos, que por cuestiones de estrategia no habían sido incluidos en el plan de Walker contra los derechos de negociación colectiva, salieron a las calles para apoyar la ocupación. Al mismo tiempo, en Egipto, la ocupación de la plaza Tahrir estaba en plena ebullición y muchas pancartas escritas en inglés y árabe expresaban su solidaridad con los trabajadores de Wisconsin.

La exigencia por los derechos laborales fue poderosa y sostenida. El movimiento volcó todos sus esfuerzos en una petición para destituir a Walker y a una gran parte de sus aliados republicanos en el senado de Wisconsin. Pero la ley aplacó la potencia del movimiento. Según la ley de destitución del estado, un funcionario electo debe ocupar su cargo durante un mínimo de un año antes de poder ser destituido. Al mismo tiempo, una laguna jurídica permite que el funcionario expuesto a la destitución recaude una cantidad ilimitada de donaciones a partir del momento en que se presenta el pedido de revocación de mandato. Esto quiere decir que la campaña de Walker empezó a recaudar fondos en noviembre de 2011. Por el contrario, las donaciones individuales a su adversario, Tom Barrett, el alcalde de Milwaukee, no podían superar los 10.000 dólares y, visto que ganó la elección primaria del Partido Demócrata recién el 8 de mayo pasado, su campaña duró menos de un mes.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Citizens United, que permite donaciones corporativas ilimitadas a las campañas electorales, y la laguna jurídica de la ley de Wisconsin posibilitaron que se generara una gran brecha en cuanto a recaudación de fondos entre Walker y Barrett y que se registrara la elección más cara de la historia de Wisconsin. Según los últimos registros estatales sobre el financiamiento electoral, la campaña de Walker recaudó 30,5 millones de dólares, una cifra más de siete veces superior a los 3,9 millones de dólares que declaró Barrett. Si a esto le añadimos el gasto cubierto por los súper PAC, se llega a un total estimado de 63,5 millones de dólares.

Según la revista Forbes, Walker obtuvo donaciones de 14 multimillonarios, de los cuales solo uno vive en Wisconsin. Entre los 13 multimillonarios domiciliados fuera de Wisconsin está Christy Walton, la viuda de John T. Walton, hijo de Sam Walton, el fundador de Wal-mart.

En su libro más reciente The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future (El precio de la desigualdad: cómo la sociedad dividida de hoy pone en peligro nuestro futuro), el economista galardonado con el Premio Nobel, Joseph Stiglitz, habla sobre la familia Walton. Según Stiglitz: “Los seis herederos del imperio Wal-Mart tienen una fortuna acumulada de 69.700 millones de dólares, una suma equivalente al patrimonio total del 30% de la población estadounidense de menores ingresos”, o sea, alrededor de 95 millones de personas. Stiglitz me dijo en una entrevista concedida a Democracy Now!: “Hemos pasado de una democracia, que debería seguir el principio de ‘una persona es igual a un voto’, a algo que más bien sigue el principio de ‘un dólar es igual a un voto’. Ese tipo de democracia no se va a ocupar de las necesidades reales del 99 por ciento de la población”.

Lo que sí hicieron los votantes de Wisconsin fue regresarle el poder del Senado al Partido Demócrata. La nueva mayoría tendrá el poder de bloquear legislaciones controvertidas como la que hizo famoso a Walker. Al mismo tiempo, a tres estados de distancia, en Montana, el fiscal general del estado, el demócrata Steve Bullock, ganó la nominación de su partido para postularse como candidato a la gobernación, cargo que actualmente ocupa el también demócrata Brian Schweitzer, cuyo mandato llega a término. En su calidad de fiscal general del estado de Montana, Bullock impulsó una campaña contra el fallo del caso Citizens United, basándose en la ley contra prácticas corruptas del estado (la cual tiene 100 años de existencia), que prohíbe el tipo de donaciones a campañas permitidas a partir de dicho fallo. Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Puede que el esfuerzo por destituir a Walker haya terminado, pero la lucha por la democracia comienza por aceptar que una persona es igual a un voto y que el voto del 1 por ciento más rico no vale más que el del resto de la población.

*Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna*.