… por parte de instituciones a las que se empuja de este modo a degradarse, en la misma medida que el sistema se privatiza sucesivamente.

Recoger la demanda estudiantil de terminar con el infame CAE, no compensa el que se intente profundizar un esquema que beneficia principalmente a instituciones mediocres que lucran con la educación superior.

La propuesta trae a la memoria el tristemente célebre «Acuerdo Educacional,»que celebraron elevando sus manos al cielo la Presidenta Bachelet y los jefes de todos los partidos de Derecha y Concertación, el 13 de noviembre del 2007. En virtud del mismo, el importante incremento de recursos logrados por la «Revolución Pingüina,» en su mayor parte fue a parar a los bolsillos de quiénes lucran con la educación, mientras el sistema público se degradó todavía más. Esperaron entonces que la movilización amainara para apropiarse de su demanda: ¡El lobby nunca duerme!

Como es de conocimiento público, la propuesta del Ministro Beyer consiste en reemplazar los actuales esquemas de financiamiento a los estudiantes de educación superior, por un sistema integrado que ofrece a todos ellos excepto al 10 por ciento de mayores ingresos, créditos por el equivalente al arancel de referencia, administrados directamente por el Estado, con un dos por ciento de interés anual y pagaderos en 180 cuotas mensuales que no excedan el 10 por ciento de los ingresos de los futuros profesionales. Las instituciones deben ofrecer becas o créditos en condiciones similares, por la diferencia entre el arancel real y el de referencia. Paralelamente, se reducen los requisitos para obtener becas, desde 550 puntos en la PSU que se exigen actualmente, a 500 para los estudiantes del 20 por ciento de menores ingresos y 525 puntos para el 20 por ciento que sigue.

Suena bonito, pero no es nada del otro mundo. Las condiciones de los nuevos créditos son idénticas a las que se establecen para los 310 mil estudiantes beneficiarios y 145 mil deudores del CAE, en el proyecto de ley actualmente en el parlamento, por lo tanto no hay novedad en ese aspecto.

En cambio, el término del Crédito Solidario significa un retroceso: los 130 mil estudiantes beneficiarios y 300 mil deudores de dicho sistema, todos del CRUCH, el 38 por ciento de los cuales está moroso, pagan actualmente el 5 por ciento de su sueldo; la nueva propuesta significa duplicar dicho monto.

Las becas a estudiantes de menores ingresos son poco significativas: «Vimos la proporción del primer y segundo quintil que tenían más de 550 puntos y era muy poca, porque les cuesta mucho,» ha reconocido el Ministro. Estima que las menores exigencias beneficiarán apenas a 15.000 personas ¡el 1,5 por ciento del estudiantado en educación superior!

Como han reconocido los dirigentes estudiantiles, lo único destacable de la propuesta es que termina con el escandaloso Crédito con Aval del Estado (CAE). Según explicó el Ministro, la decisión de sacar a los bancos del sistema de financiamiento fue pragmática: desde que se bajó la tasa del crédito con aval estatal al 2%, es más barato para el Fisco entregar los recursos directamente. A lo anterior, destacó, se suma que la recuperación de los préstamos en el sector privado no ha sido bueno. «De los pocos antecedentes que teníamos, había un alto grado de incobrabilidad», afirmó el ministro. En efecto, según el Banco Mundial, la morosidad es de 54 por ciento.

Deberían investigarse acuciosamente y determinarse las responsabilidades personales de quiénes idearon y aplicaron dicho esquema – todos saben que se los puede identificar entre los tecnócratas de Hacienda -, que ha significado utilidades brutas para la banca privada por más de 400 millones de dólares entre el 2005 y 2011, entre «recargas» pagada por el fisco e intereses devengados a los estudiantes; sin moverse de su escritorio y revendiendo al Estado todos los créditos incobrables. ¡No puede ser que se despilfarren recursos públicos de ese modo y nadie asuma la responsabilidad!

Los estudiantes y la ciudadanía ya conocen el resultado de este tipo de propuestas. El 2006, el país se estremeció con la movilización de los «Pingüinos,» que demandaban el fin de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) de Pinochet, que estableció el esquema de financiamiento a la demanda para la educación. Los logros del movimiento fueron impresionantes: demostró al mundo que la privatización de la educación era un fracaso estruendoso y generó un debate nacional al respecto, plasmado en una Comisión Asesora que reunió opiniones de todos los sectores. Por otra parte, el gasto en educación volvió a incrementarse a tasas de 10 por ciento anual, que se habían alcanzado en los años 90 y que Lagos y Eyzaguirre habían rebajado a la mitad.

Sin embargo, los resultados del debate e incluso las propuestas de la Comisión Asesora fueron desconocidos en el «Gran Acuerdo» de manos alzadas. Todo terminó en un cambio de nombre de la LOCE que no tocó un pelo al esquema de financiamiento a la demanda, que es la raíz del problema. De este modo, la mayor parte de nuevos recursos fueron apropiados por establecimientos privados con fines de lucro, que florecieron en los años posteriores. Por cierto, el poderoso lobby de la educación superior privada – es bien sabido que dichas instituciones financian los cuadros políticos de los partidos de Derecha y otros -, actuó una vez que la movilización había amainado, para que todo continuase igual: «No contamos en ese momento con el apoyo de todos los sectores políticos para avanzar en el fin del lucro, en la gratuidad y en asegurar una educación de calidad para todos,» ha declarado la propia exPresidenta. Ahora quieren repetir la gracia.

La solución pasa por cambiar el esquema de financiamiento a la demanda, por la entrega de fondos directamente a las instituciones que brinden educación pública de calidad. Ello permitirá elevar la calidad de todo el sistema, como se logró después de la Reforma de los años 1960, en lugar de degradarlo como hace el esquema actual.

Las cifras al respecto son impresionantes. En el nivel terciario, nunca se han recuperado los ritmos de incremento logrados al culminar el período desarrollista, cuando alcanzaron una tasa de incremento de 13 por ciento anual en promedio entre 1960 y 1974. En paralelo, crecía la matrícula de todo el sistema al doble del ritmo de incremento de la población. Dicha tasa se aceleró a consecuencia de la Reforma Universitaria, que logró duplicar la matrícula total de las universidades entre 1967 y 1974, al tiempo que modernizó las instituciones y alcanzó la gratuidad.

En cambio, tras el golpe militar, las matrículas totales han crecido menos que la población, se han estancado o reducido en los niveles básicos al disminuir el número de jóvenes en proporción a la población total y sólo han crecido significativamente en el nivel terciario: Entre 1990 y 2009, las matrículas del nivel superior crecieron a una tasa anual de 6,8 por ciento anual. Se recuperaron del estancamiento del período dictatorial, cuando crecieron un promedio de apenas 3,5 por ciento anual entre 1974 y 1990, tras caer un -2,3 por ciento anual entre 1974 y 1982.

En todas las cifras anteriores se considera el conjunto de la oferta educacional, tanto la pública, que se ha contraído en general y estancado en el nivel superior, como la privada que ha crecido muy rápidamente hasta alcanzar más de la mitad del total.

Como recuerda el exPresidente de FEUT, Alejandro Yáñez, entre 1968 y 1973, la matrícula de la Universidad Técnica del Estado, por ejemplo, más que se triplicó, pasando de 9.130 a 32.273 estudiantes. Las sedes aumentaron de nueve a 24 y los académicos a jornada completa más que se quintuplicaron, subiendo de menos de 500 a 2.551. Como contraste, entre 1992 y 2010, los académicos a jornada completa de la Universidad de Chile, que ya se habían recortado mucho, se han reducido nuevamente a la mitad, bajando de 2.164 a 1.123. Su alumnado ha bajado desde más de 60.000 en 1980 a 18.200 en 1990 y 33.477 el 2010.

¡Así ha degradado el esquema de subsidio a la demanda a la principal institución de educación superior del país! Mientras tanto, florecen «universidades» como Las Américas, Santo Tomás e INACAP, que hoy concentran más de la mitad del CAE, hacia el cual el fisco canalizó el 29 por ciento del presupuesto de educación superior del 2012. Prácticamente no tienen académicos a jornada completa ni con grado de doctor y no hacen investigación ni extensión. Ahora pretenden que esas instituciones acaparen el crédito incrementado del Estado.

¿Lo lograrán nuevamente? La gigantesca movilización con que la CONFECH recibió el anuncio ministerial muestra que el horno no está para estos boyos.