Amnistía Internacional recuerda la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos antes de abordar cualquier reforma sanitaria y pide a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que no se tome ninguna medida en la reforma sanitaria hasta que se asegure que se cumplen con las obligaciones contraídas por el Estado español al ratificar en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta petición la realiza la organización con motivo de la reunión mañana miércoles 18 de abril del Consejo Interterritorial de Salud, donde está previsto se anuncie la reforma sanitaria.

En las últimas semanas, tanto el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a través de los medios de comunicación, como el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en reunión con Amnistía Internacional, han abogado por la redefinición de la cartera de servicios básicos para hacerla más racional y adecuada. Amnistía Internacional desea recordar que el criterio de racionalidad no debe estar basado únicamente en criterios económicos, tal como advertía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009, cuando señalaba que “las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades estatales en la realización de los derechos humanos”.

En los últimos meses, la Organización Médica Colegial ha alertado de que la crisis económica y los recortes presupuestarios están afectando de manera preocupante a Cataluña, Valencia y Castilla La Mancha; también la Confederación estatal de sindicatos médicos ha denunciado que los recortes de personal en algunos hospitales de Castilla La Mancha y Andalucía y centros de atención primaria en Valencia podrían estar mermando la calidad de los servicios prestados.

“Amnistía Internacional está muy preocupada por estas informaciones y queremos recordar al Estado que, de acuerdo a sus compromisos internacionales, tiene obligación, entre otras cosas, de demostrar que las reducciones de gasto público sanitario no están afectando a la calidad de las prestaciones, ni al acceso a la atención sanitaria”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

MEDIDAS A TOMAR ANTES DE REFORMAR LA SANIDAD PÚBLICA

Ante esta situación, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a la Ministra de Sanidad y a los Consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas, a la vez que está impulsando una ciberacción a través de www.actuaconamnistia.org, pidiendo a la Ministra que antes de abordar la reforma sanitaria se adopten las siguientes medidas:

Actualizar y publicar datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos, como el número de camas hospitalarias, de profesionales de la salud por hospital, entre otros, que permitan conocer la situación actual de la sanidad y evaluar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud por parte de las autoridades. Los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad son de diciembre de 2010.

Demostrar que las medidas que se tomen sólo se aplicarán tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que éstas estarán debidamente justificadas en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles.

Asegurar que ninguna medida que se adopte comprometa elementos esenciales del derecho a la salud como son la calidad, la disponibilidad de los servicios de salud para todas las personas sin discriminación y la accesibilidad a los mismos tanto física como económica.

Elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso de las medidas de reducción de gasto público en salud sobre el derecho a la salud de los grupos especialmente vulnerables.

Establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de garantizar la participación en el diseño de cualquier reforma sanitaria.

En este marco, Amnistía Internacional también quiere mostrar su preocupación por los drásticos recortes que afectarán al Plan Nacional sobre el SIDA, y por el hecho de que las operaciones de cambio de sexo y las inseminaciones artificiales podrían no incluirse en la cartera básica de servicios de salud. Aspectos todos ellos que podrían afectar de manera desproporcionada al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Por todo ello, la organización quiere reiterar que “el respeto a los derechos humanos debe estar en el centro de cualquier medida legislativa o de otra índole que comporte la reducción del gasto público en salud”.