Por Marianela Jarroud

Los activistas hacen referencia al rechazo de la Corte Suprema de Justicia, por tres votos contra dos, de siete recursos interpuestos por pobladores de Aysén, legisladores, empresarios de la zona y ambientalistas.

La resolución tomada el miércoles 4 confirmó un dictamen de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que aseguró que la Comisión Regional del Medio Ambiente no actuó arbitrariamente cuando falló a favor del proyecto.

El consorcio HidroAysén indicó que el fallo de la Corte dio «luz verde» al proyecto de cinco grandes hidroeléctricas, apreciación de la cual se hicieron eco algunos grandes medios de comunicación. Pero ello es rechazado por los ambientalistas.

A juicio de la organización, aún hay decisiones administrativas, judiciales y penales pendientes que, en suma, terminarían por evitar la construcción de HidroAysén.

«El fallo no habilita en ningún caso a HidroAysén. Lo único que autorizó la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique son las cinco represas sin las líneas de transmisión secundarias, ni las plantas conversoras, ni la línea de transmisión más larga del mundo que necesita el proyecto para poder evacuar la energía», precisó a IPS el coordinador internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia, Juan Pablo Orrego.

El activista calificó el fallo de la Corte como «esquizofrénico», y lo comparó con un «partido de fútbol en que un equipo mete tres goles y el otro dos, sin importar posturas ni argumentos».

«Tres jueces dicen que la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental es legal. Los otros dos dicen exactamente lo contrario, lo que es bastante impresionante», señaló.

El proyecto HidroAysén, propiedad de Colbún, parte del grupo chileno Matte, y la firma italiana Endesa-Enel, comprende la construcción de cinco grandes centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena, unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago.

La zona, considerada por los grupos ambientalistas como patrimonio natural de la humanidad por su vasta biodiversidad, es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

Las centrales estarán emplazadas en un área que involucra a 5.910 hectáreas y tendrán una capacidad total de 2.750 megavatios, que serán aportados al Sistema Interconectado Central.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 3.200 millones de dólares e incluye también la instalación de una línea de transmisión de 1.912 kilómetros entre Santiago y Cochrane, la más larga del mundo, que costará unos 4.000 millones de dólares y que cruzará nueve de las 15 regiones de Chile y 66 comunas.

«HidroAysén es el peor paso que podría dar Chile en términos de desarrollo energético. Es un proyecto impulsado bajo las peores razones», sostuvo Orrego.

«Endesa-Enel monopoliza los ríos de Chile y quiere estrujar hasta sus últimas gotas. Además, coparía el mercado energético y detendría el despliegue de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) por 12 a 15 años», añadió.

El dictamen de la Corte Suprema generó polémica no sólo por su fondo sino también porque uno de los jueces, Pedro Pierry, posee más de 109.804 acciones en Endesa, la empresa mayoritaria en la sociedad HidroAysén.

En una declaración pública, Pierry aseguró que su participación accionaria no es causal de inhabilidad para resolver sobre los recursos de protección presentados contra HidroAysén.

De todas formas, el fallo está a firme, por lo cual su eventual inhabilitación no modificaría la decisión de la Suprema.

Más allá del fallo, el Consejo de Defensa de la Patagonia aseguró que aún quedan juicios civiles y penales para detener HidroAysén.

Orrego precisó que tampoco está listo el proyecto de línea de transmisión, que a su juicio será «la batalla más importante contra este proyecto».

«No hay luz verde, ese es solamente un bluf que ha inventado la empresa con sus golpes publicitarios y de marketing», sentenció.

Por su parte, el abogado de la Campaña Patagonia Sin Represas, Marcelo Castillo, adelantó que estudiarán detenidamente el fallo de la Corte Suprema para acudir a tribunales internacionales.

Pero el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, aseguró que acciones legales a ese nivel no afectarán la construcción de las represas.

«La Corte Suprema es la instancia máxima jurídica que existe en Chile y esta ha ratificado la resolución de calificación ambiental para las centrales, aunque no aún para las líneas de transmisión», explicó.

«Cualquier acción que se quiera hacer de carácter internacional no nos inhabilita a nosotros respecto del derecho que tenemos de construir el proyecto», afirmó.

«La discusión debería ser si el país quiere siete termoeléctricas y cuatro plantas nucleares para remplazar a HidroAysén», añadió.

Para Orrego, en cambio, el tiempo corre a favor de la Patagonia. «La conciencia de la gente está cambiando, las ERNC están madurando, sus precios están bajando cada día que pasa. Si seguimos poniéndole obstáculos y arrasándolo, este proyecto caerá por su propio peso», apuntó.

Añadió que la lucha «va abriendo todos los frentes posibles. Aquí hay un trabajo político, legal, que ya ha retrasado el proyecto en tres o cuatro años, hay una campaña internacional fuertísima, principalmente en Italia, donde 14 o 15 organizaciones cuestionan el accionar de Enel en el mundo», señaló.

Según las últimas encuestas, la mayoría de los chilenos consultados rechazaron la construcción de las represas, algo que a juicio de Orrego revela que la ciudadanía «está cada vez más informada, más lúcida, más madura y más clara».

Muestra de ello podría ser la primera marcha de este año contra el proyecto, convocada para el miércoles 11 en la Plaza de Armas de Santiago. Patagonia Sin Represas logró convocar en 2011 a 120.000 personas en el centro de Santiago.

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