El pedido fue efectuado ante el Máximo Tribunal por el Defensor Oficial Julián Langevín, que representa a los indígenas.

En tanto, la representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que también asiste a los aborígenes, reclamó por “el derecho a la tierra y el territorio” de los pueblos originarios.

Asimismo, solicitó que se ponga fin a “los abusos de los usurpadores de sus tierras”.

Las exposiciones se dieron en el marco de la audiencia pública que celebró la Corte Suprema de Justicia en esta causa iniciada por la comunidad indígena Qom, de la provincia de Formosa, en reclamo de tierras.

En la Sala del cuarto piso del Palacio de Tribunales, los ministros analizaron la causa “Comunidad Indígena Toba La Primavera-Novogoh contra Formosa», en referencia a la propiedad de un lote de 609 hectáreas que el grupo original reclama como propio y del que fueron desalojados en noviembre de 2010.

El presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, la vicepresidenta Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay escucharon las diversas exposiciones quwe se extendieron hasta minutos antes de las 13.

Ante la ausencia del gobernador formoseño, Gildo Insfrán, ministros y funcionarios del ejecutivo formoseño efectuaron la defensa del territorio y sostuvieron que tienen “todos los argumentos jurídicos y títulos” y ponderaron que en la provincia hay 90.000 indígenas, distribuidos en 199 comunidades que hablan seis lenguas diferentes y no existen conflictos.

No obstante, reconocieron las dificultades que se plantearon con la comunidad qom y calificaron el hecho como “lamentable y tristísimo” aunque lo acotaron a “un sector limitado de 400 familias y algo así como 1.900 habitantes”.

La convocatoria a la audiencia fue dispuesta por la Corte por “la gravedad de los hechos de violencia” producidos luego de que el gobierno provincial iniciara el desmonte y demarcación de un predio para la instalación de un instituto de educación universitaria en esas tierras.

El terreno está ubicado en la Colonia La Primavera, que la comunidad aborigen considera de su propiedad, y por el motivo del conflicto también expuso el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Martín Romano, quien sostuvo no tener inconvenientes en una eventual relocalización, aunque afirmó que ello era resorte exclusivo de la provincia.

Durante un tramo de la audiencia, Lorenzetti le preguntó al ministro de gobierno acerca de “propuestas concretas” para la solución del diferendo, quien dejó el el micrófono a otra funcionaria que afirmó: “siempre estamos dispuestos al diálogo”.

Integrantes de la comunidad reclaman la restitución de las 600 hectáreas de “tierras ancestrales” de las que fueron desalojados por la fuerza por la policía provincial en noviembre de 2010, ocasión en la que murieron el qom Roberto López y el policía Heber Falcón.

El litigio se originó por los trabajos de desmonte y demarcación iniciados por el Estado provincial para la instalación de un instituto de educación universitaria en un terreno de 609 hectáreas ubicado en la Colonia La Primavera, que la comunidad habita ancestralmente.

Tras los hechos de violencia, el cacique Félix Díaz presentó ante los tribunales federales de Resistencia, Chaco, una medida cautelar de no innovar en el marcado de las tierras y, junto a otros integrantes de la comunidad acamparon en la intersección de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio.

Díaz (quien se autodefine como “autoridad de la comunidad”) fue hoy uno de los últimos expositores e invitó a los jueces del Máximo Tribunal a “resolver este problema en el que los indígenas somos las víctimas”.