En el informe, titulado Stop the Transfer: Israel about to expel Bedouin from homes to expand settlements, la organización pide al ejército israelí que ordene el cese inmediato de todas las demoliciones en las 20 comunidades afectadas por el plan.

Amnistía Internacional ha manifestado que las promesas verbales realizadas por las autoridades militares de Israel en las últimas semanas respecto a no ejecutar las órdenes pendientes de demolición en Khan al Ahmar, una de las comunidades beduinas designadas para ser desplazadas en el distrito de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, no son suficientes.

“Miles de beduinos que viven en algunas de las comunidades más vulnerables de Cisjordania se enfrentan a la destrucción de sus hogares y de sus medios de subsistencia a causa de este plan militar israelí. Muchos son refugiados reconocidos y algunos se han visto obligados a desplazarse en múltiples ocasiones desde 1948”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta provisional del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades israelíes deben garantizar el derecho a una vivienda adecuada a los residentes de las 20 comunidades, al igual que a la población palestina de toda la Cisjordania ocupada. Esto significa que deben protegerlos de los desalojos forzosos y deben mantener consultas auténticas con todas las comunidades”.

En julio de 2011, las autoridades de la Administración Civil de Israel hablaron por primera vez a los organismos de la ONU de un plan para desalojar a unos 2.300 residentes de 20 comunidades beduinas en el distrito de Jerusalén y trasladarlos a un lugar situado a unos 300 metros del vertedero municipal de Jerusalén.

Las 20 comunidades están actualmente ubicadas cerca de asentamientos ilegales en el bloque de asentamientos de Ma’ale Adumim, muchos de ellos en zonas designadas para la expansión de los asentamientos.

El ejército israelí considera que la mayoría de las estructuras de estas comunidades –situadas en el Área C de la Cisjordania ocupada, en la que Israel mantiene la autoridad respecto a la planificación y la delimitación– están construidas ilegalmente, sin los permisos necesarios. Sin embargo, para las comunidades palestinas resulta prácticamente imposible obtener permisos de construcción en el Área C. Se han dictado órdenes de demolición para la mayoría de las estructuras de estas comunidades, incluidas casas, cocinas, retretes exteriores, cobertizos para animales y dos escuelas primarias.

Las autoridades militares israelíes no han consultado a los representantes de las comunidades beduinas sobre el plan de desplazamiento. Los representantes de las comunidades han dicho a Amnistía Internacional que rechazan el plan porque, si los trasladan a una zona restringida cerca del vertedero, les será imposible mantener su forma de vida tradicional.

Israel ya trasladó forzosamente a familias beduinas a esa misma zona a finales de la década de 1990, y situó casas a tan sólo 150 metros del vertedero. Los beduinos que viven allí han dicho a Amnistía Internacional que el lugar no era adecuado para su forma de vida, que tuvieron que vender su ganado porque no había zonas de pasto, y que sufrían elevados índices de desempleo. Algunos han regresado a las zonas de las que los desplazaron.

Según el Ministerio de Protección Medioambiental israelí, el vertedero recibe hasta 1.100 toneladas de basura al día, la mayoría procedente de Jerusalén. El Ministerio ha informado de que el vertedero provoca contaminación del aire, del suelo y posiblemente del agua, no está debidamente vallado y entraña “peligro de explosión e incendios” a causa del gas metano no tratado producido por la descomposición de la basura.

Aunque está previsto que este año deje de utilizarse el vertedero, no se ha acordado ningún plan de rehabilitación, lo que significa que el riesgo medioambiental seguirá existiendo, probablemente, durante años.

Las autoridades israelíes han subrayado que, dentro del plan de desplazamiento, está previsto conectar a las comunidades beduinas reasentadas a las redes de agua y electricidad. No han explicado por qué pueden proporcionar esos servicios a asentamientos ilegales y asentamientos no reconocidos de Cisjordania, pero no a las comunidades beduinas que llevan mucho tiempo allí instaladas.

Las 20 comunidades beduinas han creado un “comité de protección” para coordinar su respuesta al plan de desplazamiento. La preferencia expresa del comité sería regresar, de acuerdo con su derecho internacionalmente reconocido de retorno, a sus tierras en el desierto del Negev, en Israel, de donde fueron desplazadas por las autoridades israelíes en la década de 1950.

Las comunidades han manifestado que su segunda opción sería que las autoridades israelíes reconozcan su derecho a permanecer en sus hogares actuales, las conecten a las redes de agua, de electricidad y viarias, y levanten las restricciones arbitrarias a su libertad de circulación. A causa de estas restricciones, muchos beduinos deben comprar forraje para alimentar a sus ovejas y cabras, que antes podían pastar, y se ven obligados a vender su ganado.

Como última opción, los beduinos estarían dispuestos a negociar la posibilidad de reasentarse de nuevo, si la Administración Civil los trata como parte negociadora en condiciones de igualdad.

El general Eitan Dangot, coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, visitó la comunidad de Khan al Ahmar la semana pasada y, según los informes, prometió a los residentes que sus casas y su escuela comunitaria no se demolerían, y que no serían trasladados al emplazamiento junto al vertedero. Les dijo que la comunidad sería trasladada a un lugar diferente en la Cisjordania ocupada.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha afirmado que eso no basta.

“Las autoridades militares israelíes están disfrazando sus planes al presentarlos como una manera de proporcionar a los beduinos servicios básicos como agua y electricidad, pero lo cierto es que ese reasentamiento forzoso de los beduinos sólo servirá para perpetuar años de desposeimiento y discriminación y constituiría un crimen de guerra”, ha manifestado Ann Harrison.

“Las promesas informales no bastan para estas comunidades. El ministro de Defensa israelí debe cancelar formalmente esta política.”

Información complementaria

La construcción en asentamientos ilegales israelíes aumentó en un 20 por ciento en 2011, según Peace Now, grupo de vigilancia de la situación en Israel, y las autoridades israelíes reconocieron 11 nuevos asentamientos, que albergan a unos 2.300 colonos, legalizando asentamientos construidos sin autorización gubernamental.

Las demoliciones israelíes de hogares palestinos en la Cisjordania ocupada desalojaron forzosamente a casi 1.100 personas en 2011, lo que supone un aumento del 80 por ciento respecto a 2010, es decir, superior al de cualquier otro año desde que la ONU empezó a mantener registros detallados en 2005. El 99 por ciento de las demoliciones tuvieron lugar en comunidades agrícolas y ganaderas vulnerables del Área C, e incluyeron demoliciones en varias comunidades beduinas de los Yahalin.

El gobierno de Netanyahu también está tratando de implementar el plan E1 para ampliar los asentamientos entre Jerusalén y Ma’ale Adumim. Más de la mitad de las comunidades beduinas designadas para desplazamiento viven en la zona designada por este plan que, de ponerse en práctica, dividiría de hecho las zonas norte y sur de Cisjordania.