Cuatro estados del país son ejemplo de la lacerante realidad para millones de mujeres adolescentes, quienes carecen de atención gubernamental para un acceso pleno de anticonceptivos, educación sexual de calidad y atención sanitaria a fin de evitar muertes ligadas con el embarazo, parto o puerperio.
En Veracruz, Morelos, Oaxaca y Colima, las adolescentes conforman uno de los grupos poblacionales más vulnerables, y las autoridades no pueden satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación y empleo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi), en 2010 el 19 por ciento de los embarazos totales registrados en el suroriental y costero estado de Veracruz correspondió a menores de 19 años, mientras que en las zonas indígenas una de cada seis menores de 19 años es madre por vez primera a partir de los 15 años.
En el suroccidental Oaxaca, 20 por ciento del total de embarazos que se registran al año ocurre entre mujeres adolescentes.
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan que el número de embarazos en mujeres menores de 18 años se duplicó entre 2005 y 2011 al pasar de 7 mil 137 a poco más de 13 mil.
La tasa de fecundidad entre las adolescentes oaxaqueñas es de 62 nacimientos por cada mil, una de las más elevadas a escala nacional.
La coordinadora del capítulo mexicano del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Patricia Bedolla, advierte que el aumento de embarazos en adolescentes en la entidad es consecuencia de la falta de políticas públicas de prevención.
El delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública e integrante del Comité de Evaluación para la entrega de becas a madres adolescentes, Armando Alejandre, explica que el número de adolescentes embarazadas que requieren becas resultó ser mayor de lo que se pensaba.
Bedolla considera que la política pública de otorgar becas a las adolescentes embarazadas es “asistencialista y sólo un paliativo que no resuelve de fondo la situación de hacerse cargo de un hijo o hija por al menos los siguientes 18 años”.
“Si la política pública es de becas, entonces deberían serlo hasta que las jóvenes terminen una carrera y, paralelamente, otorgarles becas de trabajo”, apunta.
En las escuelas públicas “hay una negativa a hablar de sexo, relaciones sexuales y sus consecuencias”.
En Colima la cifra de embarazos en adolescentes apenas disminuyó tres puntos porcentuales, y las autoridades responsabilizan a las y los jóvenes de no acudir a los centros de salud para pedir “orientación” sobre métodos anticonceptivos.
Pero analiza que por diversas razones “no los usan o los usan mal”, de tal forma que en muchas ocasiones sus relaciones sexuales terminan en un embarazo no planeado.
Fuente: IPS
