Quienes se oponen a los proyectos, entre ellos los fundadores de Google, Wikipedia, the Internet Archive, Tumblr y Twitter, sostienen que limitarían la innovación y la inversión, rasgos típicos de la Internet libre y abierta. El gobierno de Obama ha manifestado algo de oposición a estas leyes, pero como muchos de sus seguidores aprendieron con dolor, lo que el Presidente Obama cuestiona un día, lo convierte en ley al día siguiente.
En primer lugar, los conceptos básicos. SOPA, por sus siglas en inglés, es la Ley de Cese a la Piratería en Internet y PIPA, también por sus siglas en inglés, refiere a la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual. Ambos proyectos de ley son muy parecidos. SOPA permitiría a los titulares de derechos de autor entablar una demanda ante la fiscalía general de Estados Unidos contra cualquier sitio web extranjero que según ellos “comete o permite cometer violaciones penales” de las leyes de derechos de autor. Esto apunta sobre todo a la piratería de música y películas. La Ley SOPA permitiría a la industria cinematográfica, a través de los tribunales y del fiscal general de Estados Unidos, entablar un amplia serie de demandas para que proveedores de servicios de Internet y compañías de motores de búsqueda bloqueen el acceso a los sitios de los presuntos infractores, y hasta para que se impida establecer vínculos hacia esos sitios web, lo que los tornaría “inaccesibles”. La ley prohibiría además que las agencias de publicidad por Internet efectúen pagos a sitios web acusados de cometer violaciones de los derechos de autor.
La Ley SOPA podría dar lugar, entonces, a la clausura de sitios web abiertos y de uso público como YouTube si tan solo uno de sus millones de usuarios fuera acusado de violar un derecho de autor estadounidense. Como publicó en su blog David Drummond, director del departamento legal de Google: «Teniendo en cuenta solo al año pasado, dimos aviso de incumplimiento de derechos de autor a más de cinco millones de sitios web”. Y agrega: “PIPA y SOPA van a censurar la red, pondrán en riesgo el historial de innovación y creación de fuentes de trabajo de nuestra industria, y no pondrán fin a la piratería.”
Corynne McSherry, directora de propiedad intelectual de la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF.org), me dijo: “Estos proyectos de ley proponen otorgar nuevos poderes al gobierno y a los actores privados para que creen listas negras de sitios web que presuntamente estarían vinculados a algún tipo de violación online, para obligar así a los proveedores de servicios de Internet a impedir el acceso a esos sitios. Es por eso que los llamamos ‘los proyectos de ley de la censura’”.
Según McSherry, estos proyectos son creación de la industria del entretenimiento y de “producción de contenidos”: “En especial, la Ley SOPA fue negociada sin consulta alguna al sector tecnológico, que fue específicamente excluido”. La exclusión del sector tecnológico generó alarma no sólo entre los ejecutivos de Silicon Valley, sino también entre los conservadores como el Congresista republicano de Utah Jason Chaffetz, uno de los preferidos del movimiento de derecha tea party. Chaffetz dijo en diciembre durante una sesión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes: “Básicamente, vamos a reconfigurar Internet y cómo va a funcionar en adelante sin consultarles a los nerds.”
Uno de los promotores de la Ley PIPA, Patrick Leahy, el senador demócrata y progresista de Vermont, dijo en un comunicado de prensa: “Mucho de lo que se ha dicho [sobre PIPA] es simplemente erróneo y parece que pretende sembrar temor y preocupación en vez de esclarecer o alentar soluciones viables.”
Lamentablemente, el enojo de Leahy suena asombrosamente parecido al de su ex colega del Senado, Christopher Dodd, que tras su retiro se convirtió en el presidente y director general del poderoso grupo de presión Motion Picture Association of America (según dicen, con un salario de 1,2 millones de dólares al año) y es uno de los principales impulsores de las leyes SOPA y PIPA, si no es en realidad uno de sus creadores. En referencia a la amplia protesta de base diseminada por Internet, Dodd dijo: “Es peligroso y problemático cuando las plataformas que sirven de portales a la información tergiversan intencionalmente los hechos con el objetivo de incitar a sus usuarios para, en realidad, favorcer sus intereses corporativos».
McSherry, de la Fundación Fronteras Electrónicas, afirmó: “Nadie le preguntó a Internet y bueno… Internet está hablando ahora. Vemos todo tipo de oposición a lo largo y ancho de la red. La gente se está poniendo de pie y diciendo: ‘No toquen la infraestructura básica de Internet. No lo vamos a tolerar.’”
Al mismo tiempo que se desarrollaba la protesta del apagón de Internet el 18 de enero, y a pesar de la presión ejercida por Dodd, los legisladores comenzaron a retirar su apoyo a estos proyectos de ley. Internet rugió y los políticos escucharon, algo que nos remite al levantamiento popular de 2003 contra la concentración de la propiedad de los medios propuesta por el entonces presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Michael Powell, hijo del General Colin Powell. La información es el sustento de la democracia y el pueblo no va a quedarse sentado mirando cómo intereses adinerados le impiden acceder a ella.
En el noticiero internacional de Democracy Now presentamos un debate sobre el tema. Jimmy Wales, cofundador de Wikipedia, explicó: “Estos proyectos están muy mal redactados. Está muy bien hablar de la necesidad de hallar algún tipo de solución a las conductas delictivas en Internet. Pero no está bien establecer un régimen de censura en respuesta a ello. No está bien implantar procedimientos que harían que las compañías financieras de tarjetas de crédito bloquearan emprendimientos legítimos ante una simple queja. Es necesario volver a la redacción y repensar todo el tema de manera de que la libertad de expresión se ubique al frente y como tema central.”
Cuando los usuarios de Internet visitaban el sexto sitio web más popular del mundo durante el apagón, Wikipedia.org, en la sección en inglés hallaban este mensaje:
«Imagínense un mundo sin libertad de conocimiento. Durante más de diez años hemos dedicado millones de horas a la construcción de la mayor enciclopedia de la historia de la humanidad. En este momento, el Congreso de Estados Unidos se encuentra debatiendo proyectos de ley que podrían perjudicar profundamente a la Internet libre y abierta.»
En un mundo con revoluciones recientes impulsadas desde Internet, parece que los políticos estadounidenses están comprendiendo el mensaje.
*Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna*.
