«En principio están los votos» para su aprobación, dijo a la AFP la senadora del FA Mónica Xavier. «Hay mucha presión cuando se discuten estos temas, pero teóricamente aún quienes tienen objeciones de conciencia se comprometieron a retirarse de sala a la hora de votar, y que ingrese su suplente».

Al menos dos legisladores de la oposición han indicado además que apoyarían la iniciativa.

Según el proyecto, «toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional».

El plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran «malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina».

Todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten.

La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con la interrupción del embarazo y dos a ocho años de penitenciaría para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.

Se consideran causas atenuantes que se cometa «para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo», por «razones de angustia económica», si el embarazo fue producto de una violación o si se hace para salvar la vida de la mujer.

El proyecto de despenalización sostiene que esa ley es «ineficaz, injusta y discriminatoria», porque no ha hecho que la práctica disminuya, porque no permite a las mujeres resolver en forma autónoma sobre su salud y proyecto de vida, y porque quienes tienen recursos económicos logran realizarlo más fácilmente, afirma.

Para Xavier, el proyecto «viene a llenar un vacío notorio dejado por la Ley de Salud Social y Reproductiva» aprobada en 2008. En ese entonces, los artículos que legalizaban el aborto fueron vetados por el entonces presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y primer presidente de izquierda del país, por «principios éticos».

El actual mandatario José Mujica votó la ley anterior como legislador y ha indicado que no vetaría una norma de este tipo, aunque preferiría que hubiera un plebiscito sobre el tema.

Según Mauricio de los Santos, de la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU), la despenalización del aborto «es un tema urgente, que no admite más demoras».

«Es muy importante, sobre todo pensando en las mujeres en Uruguay que siguen transitando, cada 20 minutos, por el circuito clandestino para realizarse un aborto, con todo lo que eso significa y las consecuencias para la salud para estas mujeres», destacó a la AFP.

Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales, en este país con 3,4 millones de habitantes se registran unos 30.000 abortos por año, lo que equivaldría a uno cada 20 minutos.

Diversas encuestas han revelado que entre 57% y 63% de la población estaría a favor de legalizar la interrupción del embarazo.

La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) reiteró en su última carta pastoral, en noviembre, su posición contraria a la despenalización del aborto y su llamado al respeto a la vida desde su concepción, dijo a la AFP el obispo Heriberto Bodeant, portavoz de la CEU.

El tema también fue abordado el fin de semana por varios obispos en sus mensajes navideños.

En tanto, el Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay (CREU) pidió un «tratamiento más reflexivo y mesurado sobre un tema tan sensible» y expresó su «compromiso con la defensa innegociable de la vida».