El Fiscal aseguró a los periodistas que se efectuará una investigación por supuestas irregularidades y colusión en la construcción de distintos edificios de cortes y juzgados.
La pasada semana trascendió a los medios de comunicación que la empresa El Vergel y la constructora Cosal se adjudicaron el 83 por ciento de las obras de construcción por un monto de 63.000 millones de pesos (unos 122 millones de dólares), y en un audio revelado por CNN Chile se escuchó a Juica descartando que dicha situación se denunciara al Ministerio Público.
«No es primera vez que la Corte Suprema a través de su presidente entrega antecedentes de sumario administrativo para que la Fiscalía, como órgano competente, determine si hay o no delito penal y dentro de esa lógica se me han entregado los antecedentes y yo los voy a derivar a la Fiscalía correspondiente», señaló Chahuán tras reunirse hoy con el presidente de la Corte Suprema.
Chahuán indicó que se van a iniciar investigaciones de oficio por algunos sumarios administrativos antiguos y que con la presentación de los antecedentes que recibió este martes va a «ordenar que se instruya investigación para determinar si existió o no delito penal, como en muchos otros casos».
Asimismo, el fiscal nacional señaló que con la entrega de los antecedentes por parte del presidente de la Corte Suprema «no hay nada oculto ni nada anormal».
En tanto, Juica indicó que al traspasar los datos a Chahuán se daba una muestra de transparencia y también comprometió su ayuda con las pesquisas.
«Al fiscal nacional se le entregó el oficio correspondiente y un disco compacto en el que está digitalizado todo el proceso administrativo y se señala que, cuando el fiscal respectivo lo requiera, todos los antecedentes van a estar a su disposición», añadió.
El pasado viernes, tanto el ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como el portavoz de Gobierno, Andrés Chadwick, coincidieron en señalar que «es importante la investigación» para determinar eventuales delitos en la adjudicación de contratos de proyectos inmobiliarios al poder judicial.