Ante el escalamiento de los problemas, la Defensoría del Pueblo urgió a las comunidades, empresas y al gobierno a «evitar tensiones que pongan en riesgo la integridad y la vida de las personas».
Actualmente, el conflicto más serio se ubica en Cajamarca, lugar en que la minera Yanacocha -que explota la mina de oro más grande de Sudamérica-, propiedad del gigante estadounidense Newmont, prevé realizar el proyecto Conga con una inversión de 4.800 millones de dólares para extraer oro y cobre.
Ese proyecto es rechazado por el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, cuyo presidente, Wilfredo Saavedra, dijo a la AFP que la población cajamarquina se opone «tajantemente» a su ejecución.
El Frente, que agrupa a organizaciones sociales de la región, anunció una huelga regional por tiempo indefinido a partir de este jueves, con cierre de comercios y marchas de protesta.
«El presidente Humala ha decepcionado al afirmar que es posible compatibilizar agua y minería; eso es imposible», añadió el dirigente quien pidió al mandatario «asumir su responsabilidad con el pueblo de Cajamarca al que ofreció defender (de las mineras) durante su campaña electoral».
Días atrás Humala dijo: «No somos antimineros y tenemos que hacer que la minería sirva a toda la población y no a una minoría». Por eso planteó «agua y oro, y no (la disyuntiva de) agua u oro».
La Confederación de Instituciones Empresariales Privadas celebró las palabras de Humala, mientras que grupos de izquierda y ambientalistas lo criticaron.
El presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, anotó que Humala «ha sido secuestrado por los grupos de poder».
El proyecto Conga contempla secar cuatro lagunas ubicadas en cabeceras de cuenca en zonas altas de la región y ejecutar el trasvase de aguas a cuatro reservorios que construiría, con lo que se garantizaría el agua a las poblaciones de la zona.
Yanacocha señala que el estudio de impacto ambiental fue aprobado hace un año por el anterior gobierno de derecha de Alan García, cumpliendo los requisitos internacionales de protección del medio ambiente.
Empero, las poblaciones de la zona señalan que, al desaparecer las lagunas, perderían filtraciones de agua que utilizan en sus faenas agrícolas y ganaderas, principal fuente de trabajo de ellos.
El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, sostuvo el lunes que el tema ambiental «es perfectible, pero no encontramos una sorpresa negativa enorme» en Conga, por lo que «la percepción es que no tiene dificultades».
Los conflictos se producen pese a que la minería generó en 2010 ingresos por 15.000 millones de dólares a Perú y en 2011 las exportaciones de minerales superarán los 20.500 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales.
Las fricciones entre comunidades y empresas mineras han ido en aumento en los últimos años.
El 10 de este mes unas 30 personas resultaron heridas en choques con la policía en la Apurímac (sudeste), donde la población se movilizó para pedir que las provincias de Andahuaylas y Chincheros sean declaradas libres de minería.
En la surandina Puno, el gobierno saliente de García suspendió en junio un proyecto minero canadiense ante protestas y bloqueo de rutas, mientras que en Ancash (norte), poblaciones campesinas exigen a la cuprífera Antamina disminuir la contaminación y entregar más fondos a poblaciones afectadas para obras sociales.
