La comisión, cuya creación fue aprobada en octubre por el Congreso, tendrá siete integrantes elegidos por Rousseff y un plazo de dos años para exigir documentos de organismos públicos, indagar a testigos y solicitar análisis forenses para identificar los restos de desaparecidos políticos.

Sin embargo, el grupo no tendrá poder para castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos que fueron beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.

El proyecto fue aprobado en votación simbólica por el Senado el 25 de octubre pasado, tras intensas negociaciones con las Fuerzas Armadas, que temían que la Comisión de la Verdad alimentara la *»revancha»* por parte de los grupos de oposición a la dictadura.

La oposición, entre ella el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y Demócratas, apoyó el proyecto, pero introdujo modificaciones como la que contempla que la Comisión tenga entre sus integrantes a representantes de las Fuerzas Armadas o víctimas de atentados guerrilleros.

Para evitar una crisis con los militares, del texto de la propuesta se quitaron expresiones como *»represión política»* y el período a ser investigado se amplió de 1946 a 1988, para que no coincidiera exactamente con los 21 años de la última dictadura militar.

Ese consenso legislativo fue reivindicado hoy por Rousseff como una prueba de *»madurez democrática»* y *»un gran avance»* en la *»consolidación»* de las instituciones.

Durante la ceremonia de promulgación de la norma, Rousseff destacó que la Comisión permitirá que el país «nunca más» vuelva a vivir sin democracia.

*»Para que los hechos que mancharon nuestra historia nunca más vuelvan a ocurrir, es necesario que se conozca la verdad»*, remarcó la mandataria en el Palacio del Planalto.

Con los jefes de las Fueras Armadas y ministros en el auditorio, la presidenta -presa política durante la dictadura- rindió *»tributo a los que lucharon y perecieron por la democracia durante los años de arbitrio»*, y rechazó que el armado de la la Comisión pueda estar movida por un espíritu de *»venganza»*.

Aunque está claro que la Comisión no tendrá efectos punitivos, miembros del Comité por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pablo consideraron que la investigación puede resultar un *»paso»* hacia la apertura de procesos.

Tras la promulgación, la ministra de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, expresó su deseo de que Argentina haga su aporte en las investigaciones que tengan relación con el llamado Plan Cóndor, que coordinó a las dictaduras en los años los años 70.

*»Esperamos; estamos confiados en que recibiremos colaboración de Argentina. Hablé de eso con el secretario (de Derechos Humanos Eduardo Luis) Duhalde»*, relató Nunes en respuesta a una consulta de la agencia ANSA.

La ministra subrayó que *»hay voluntad política en el gobierno para avanzar en las investigaciones del Plan Cóndor»*.

Desde Ginebra, en tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, celebró la sanción presidencial, que -destacó- es *»un avance que pone de manifiesto el compromiso de Brasil en el tratamiento de los derechos humanos a nivel nacional, así como también en el resto del mundo»*”.

*“Es un primer paso esencial y muy bienvenido para curar las heridas del país y aclarar las injusticias del pasado”*, resaltó la funcionaria sudafricana.

En un comunicado, Pillay instó a Brasil a adoptar medidas adicionales para facilitar el procesamiento de los supuestos responsables por violaciones pasadas a los derechos humanos, aunque ese paso exige derogar la Ley de Amnistía de 1979 o declararla inaplicable.

Para la representante de la ONU, el trabajo de la Comisión, que incluye escuchar testimonios de las víctimas, que *»a menudo son dolorosos, debería ayudar a los brasileños a entender y reconocer su propia historia, que hasta ahora ha sido frecuentemente cuestionada o negada”*.