El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, ha advertido de que el Gobierno evaluará los fallos de los jueces de garantía sobre los detenidos por desmanes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder Judicial, al considerar que estos no están actuando «con equilibrio».

También el portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, se quejó el viernes de que los jueces de garantía hayan dejado en libertad a los más de 1.700 detenidos en seis meses de protesta estudiantil, y sólo cinco hayan sido condenados.

En tanto, Gustavo Hasbún, diputado de la oficialista Unión Demócrata Independiente, anunció hoy que su partido prepara un proyecto de ley para acusar constitucionalmente a los jueces de garantía y castigarlos *»drásticamente»* si no cumplen *»con la normativa legal vigente»*.

*»Proteger los derechos de los subversivos sobre los de las víctimas demuestra claramente que son cómplices de querer quebrar la institucionalidad de nuestro país»*, dijo el parlamentario en una rueda de prensa.

*»Ellos tienen que entender que son garantes de nuestro sistema democrático, y que en la forma en que ellos están actuando están demostrando con creces que no están cumpliendo con su deber»*, añadió.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que hoy clausuró unas jornadas de reflexión en la ciudad sureña de Concepción, desestimó que se pueda aplicar una medida de ese tipo contra los magistrados.

**»Hay ciertos diputados que han hecho una permanente crítica sobre la manera como los jueces deciden cuestiones propias de la jurisdicción. Eso evidentemente no les corresponde a ellos, porque esa es una función propia de los tribunales»**, recalcó Juica.

**»Los jueces tienen que gozar de una independencia absoluta en sus decisiones, y si se equivocan (…), para eso están los recursos procesales que tienen que ser revisados por los tribunales superiores de justicia»**, agregó el presidente del alto tribunal.

En una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, Juica argumentó además que el 90 % de las peticiones del Ministerio Público han terminado con prisión preventiva, y sólo el 10 % en libertad, y reitera su preocupación por las críticas del Gobierno.

**»Nos preocupa que esto se transforme en una campaña sistemática en contra de los jueces y que se afecte su independencia»**, señaló Juica.

**»Aceptamos las críticas, pero cuando a éstas se les agregan ciertas observaciones en el sentido de que vamos a hacer tal cosa, eso nos preocupa, deja de ser una crítica y es una hostilidad»**, advirtió.

También el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo Llanos, criticó ayer las declaraciones del ministro Ribera.

*»Se podría estimar que esto es una suerte de presión o derechamente una intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados»*, dijo en Radio Cooperativa.

Llanos advirtió que nunca antes, **»ni siquiera en la época de la dictadura»**, se había hecho **»este tipo de afirmaciones»**.

En cinco meses de movilizaciones, los estudiantes han protagonizado decenas de marchas, la mayoría de las cuales han finalizado con disturbios entre grupos violentos de encapuchados y agentes policiales, cuya actuación también ha sido puesta en entredicho