En el anuncio participaron varios miembros del Gabinete y personalidades como Eva Giberti, psicoanalista y titular del programa de «Víctimas contra la Violencia” y la madre de Marita Verón, Susana Trimarco. Reproducido por Cadena Nacional, el acto se realizó en el Salón de las Mujeres, de la Casa de Gobierno.

Al suscribir declaraciones de la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay acerca de que este tipo de avisos «son discriminatorios a la condición de la mujer porque tratan a la mujer como una mercancía», Julio Alak advirtió sobre algunos contenidos televisivos respecto de la condición femenina.

De esta manera, la medida apunta a combatir la trata de personas, al prohibir la oferta sexual en publicaciones gráficas. Un engranaje no menor en lo que refiere a las redes de prostitución y trata. Y además pone coto a lo que hasta ahora fue la publicidad de las mujeres vistas como un objeto de consumo, frenando así una acto denigrante y discriminatorio. “La oferta sexual del rubro 59 es un delito y una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal”, indicó la Primer Mandataria. Al mismo tiempo señaló que “esta ley es un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía», en relación a aquello en donde más hincapié hizo el anuncio del decreto: los mismos medios que se manifiestan pidiendo políticas contra la explotación son los mismos medios que ganan grandes sumas de dinero en difundir esas redes de trata.

Al destacar el «consenso del 80 por ciento» que en la opinión pública alcanzó el decreto presidencial que prohíbe la publicación de la oferta sexual, Alak señaló que esto «comenzó por los medios gráficos y luego seguiremos por otros no gráficos como Internet».

El decreto basará su normativa en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que está en vigencia desde 2008, y que en su artículo 4 determina que existe explotación cuando se promueve, facilita, desarrolla o se obtiene provecho de cualquier forma de comercio sexual. Al mismo tiempo, la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, aprobada en 2009 y reglamentada en 2010, establece que el Consejo Nacional de las Mujeres deberá disponer acciones coordinadas con otras jurisdicciones para “prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes o imágenes” en medios de comunicación que “estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres”.

En un acto en Casa de Gobierno, la jefa de Estado enfatizó que «no se puede, en las primeras páginas del diario, exigir al Gobierno la lucha contra la trata y, al mismo tiempo, en las últimas páginas sacar esos avisos que humillan a la condición femenina y las tratan a las mujeres como un objeto de comercio».

En este sentido, la Presidenta se encargó de diferenciar aquellas mujeres que son víctimas de una maquinaria corrupta de aquellas que ejercen el trabajo sexual por propia opción, poniendo en evidencia que una trabajadora sexual no estaría en condiciones de asumir los costos de este tipo de publicidad.

«No hay mucho conciencia de lo que significa la trata, se la confunde con prostitución y son cosas diferentes», remarcó.