«Tenemos que dar el debate por el uso y tenencia de la tierra. Este no debe ser sólo un planteo de los agricultores familiares, hay que abrir el juego al resto de la sociedad, con la misma metodología que se utilizó para debatir la ley de servicios audiovisuales”, manifestó Benigno López, del Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor).

Los dirigentes campesinos llegaron al Congreso luego de cumplir una caminata nacional de 1.700 kilómetros iniciado el 4 de abril en el paraje Fortín Belgrano, provincia de Salta, en reclamo de un “nuevo modelo agropecuario”.

Los reclamos de los campesinos y pueblos originarios son múltiples y se repiten a lo largo y a lo ancho del país. El principal denominador común es que son desalojados por no tener títulos de propiedad, a pesar de que en la mayoría de los casos viven y trabajan la tierra que habitan desde hace más de veinte años. “Esta es la situación que nos llena de inestabilidad y de inseguridad, ya que sabemos que en cualquier momento nos podrán correr de nuestro lugar de origen”, contó a Página/12 Pablo Orellana, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Asimismo, los dirigentes reclamaron una “ley para la suspensión de los desalojos de familias campesinas y pueblos originarios” y una “ley de propiedad de la tierra para poner freno a la concentración y extranjerización de la tierra en Argentina”.

«La Justicia es la principal cómplice de esta situación. Son los jueces los que autorizan los desalojos», denunció Orellana.

Los cien delegados y delegadas del FNC adelantaron que van a quedarse en la Ciudad de Buenos Aires algunos días para dialogar con diputados y senadores nacionales, como así también con ministros del Gobierno.

Según los datos preliminares de un informe que está elaborando la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), en todo el país existirían más de 1000 conflictos relacionados con la posesión de la tierra. En Formosa, por ejemplo, un solo campo afecta a casi 1300 familias. Otro caso paradigmático ocurre en Salta. Entre 2004 y 2010, la jueza Ana María de Feudis llevó adelante 75 causas contra campesinos. De ese total, resolvió 32 casos, todos en contra de los pequeños productores. El resto de las causas continúan en proceso.