Durante el climax narrativo del documental “Que descansen en la revuelta” (Figuras de
Guerra), el director Sylvain George lleva su cámara hacia las yemas de los dedos de un
grupo de inmigrantes africanos. Se trata de un grupo de no más de ocho hombres, que
aguardan su oportunidad para cruzar el Canal de la Mancha desde Calais, al norte de
Francia, y llegar así a Inglaterra.

La secuencia es tan precisa como perturbadora: sumidos en la más absoluta
desesperación, los miembros hacen circular un clavo caliente con el cual queman cada
una de sus huellas digitales. Cada línea que recorre esas manos quedará irreconocible:
su único objetivo es evitar ser identificados por los sistemas informáticos de la policía
francesa.

La violencia de los dispositivos y políticas públicas aplicadas hacia los extranjeros
indocumentados es el marco político-social del film de George: los arrestos
y razzias constantes, los procesos de encierro formales e informales (centros de
retención, “campamentos” en “junglas” urbanas), las operaciones policiales y
mediáticas organizadas por el gobierno con fines exclusivamente electoralistas.

El film, que resultó ganador del último BAFICI, describe con lujo de detalle la vida
cotidiana de los inmigrantes ilegales provenientes del Norte de África y porciones
de Medio Oriente en Francia. En el camino, enfrentan la muerte de forma cotidiana,
pasando días en el desierto o navegando a la deriva. Muchos de ellos pierden la vida
huyendo de la guerra, el hambre, la persecución política o religiosa.

En los últimos meses, la situación de protesta y represión en los países árabes (Túnez
en particular), y el comienzo de nuevos ataques extranjeros en Libia, ha profundizado
este flujo migratorio. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 45
mil personas del norte de África han llegado a Europa en busca de refugio debido a la
violencia que se vive en sus países desde el inicio de las revueltas en enero pasado.

Frente a esto, la Unión Europea decidió esta semana adoptar nuevas medidas para
limitar la circulación en su territorio, que afectan incluso el principio de libre
circulación en el “espacio Schengen” (surgido de un Tratado en 1995 que sustenta la
ausencia actual de controles fronterizos entre 29 países europeos). De forma “temporal”
y ante “circunstancias excepcionales”, la UE reconstruirá sus fronteras internas.

Los principios de esta reforma “corresponden punto por punto a lo que Francia había
pedido”, aseguró tras la sanción el presidente francés, Nicolás Sarkozy. La medida,
adoptada por los veintisiete integrantes de la UE, fue el resultado directo de una presión
diplomática conjunta entre el país galo e Italia. Su primer ministro, Silvio Berlusconi,
también celebró públicamente la nueva resolución.

A partir de ahora, los estados miembros del bloque europeo cuentan con un mecanismo
legal para reintroducir los controles fronterizos alegando motivos de “seguridad”
u “orden público”. Es decir, que si un país reconoce “incapacidad” en las políticas de un
par europeo –por ejemplo, frente a un flujo masivo de inmigrantes-, éste tendrá derecho
a reforzar los límites a la circulación de personas que intenten entrar a su territorio.

Impedir la inmigración ilegal en Europa es una de las principales banderas de los
partidos conservadores que predominan en el continente. Las modificaciones a la
legislación vigente en materia de libre circulación son una respuesta directa a las
recientes oleadas de inmigrantes y la poca confianza en países como Grecia, Bulgaria y
Rumania para negar el ingreso a los refugiados provenientes de Turquía y África.

Esta posición fue resistida, aunque no de forma intensiva, por el gobierno de Suecia.
De acuerdo a los representantes diplomáticos de este país, la UE debería centrarse más
en atraer a los inmigrantes legales para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
pensiones, en dificultades por el envejecimiento de la población. En el continente, las
tasas de natalidad son demasiado bajas para sostener el “reparto jubilatorio” actual.

Cecilia Malmström, la comisaria europea a cargo del asilo y las migraciones, manifestó
su preocupación por los dictados de los partidos de extrema derecha y los movimientos
conservadores en materia de seguridad. “En este momento, la prioridad es la seguridad.
Todos los demás problemas, como los derechos de los emigrantes, la protección de los
asilados y la solidaridad, están lejos de ser resueltos», confirmó Sergio Carrera, experto
en cuestiones de migración, en declaraciones a la Agencia EFE.

Efectivamente, uno de los principales problemas desde la óptica de la inmigración y
la recepción de refugiados es el derecho al asilo. Algunas de las enmiendas propuestas
plantean retrocesos con respecto a las normas de detención, el acceso a la asistencia
sociales, la atención médica y los procedimientos acelerados de asilo, aseguró la
organización Human Rights Watch (HRW).

Judith Sunderland, la principal investigadora para Europa Occidental de HRW señaló
que “la Unión Europea habla mucho estos días sobre la promoción de sus valores en
Oriente Próximo y el norte de África, pero cuando se trata de migrantes y personas que
buscan asilo, esos valores se pasan por alto con demasiada frecuencia”. Desde su óptica,
la UE se centra más en proteger sus fronteras que en proteger a los migrantes.

La clave para la protección de los inmigrantes, asegura HRW, reside en la reforma
de la “Regulación de Dublín”, que obliga a los países a los que llega el inmigrante
a tramitar su solicitud de asilo. Esta situación, coloca en una responsabilidad
desproporcionada a los Estados que se encuentran en las fronteras externas de la UE, a
la vez que libera muy fácilmente de responsabilidades a los restantes.

El caso de Grecia es muy particular en este sentido. Por ese país ingresaron el 75 por
ciento de los migrantes en situación irregular de 2010 de la UE, aseguró el diario El
Día de España. Pero el país sólo ha aprobado 11 de las 30.000 solicitudes de asilo
recibidas en 2010, que ya rondan las 47.000. Mientras tanto, estos inmigrantes sufren
discriminación y viven en situación inhumanas.

“La UE parece mucho más preocupada por mantener a los migrantes y las personas que
buscan asilo fuera de Grecia y fuera de Europa, que por los derechos de aquellos que ya
están allí”, afirmó Sunderland. “Si la UE habla con seriedad sobre garantizar el derecho
de pedir asilo, debe corregir la regulación de Dublín y ayudar a Grecia a poner fin a las
detenciones abusivas de migrantes”, agregó.

La Organización No Gubernamental también expresó su descontento con la actitud
europea hacia quiénes intentan llegar a Europa utilizando embarcaciones precarias y
con exceso de pasajeros. Calificó de “insuficientes” los esfuerzos por proteger a estos

migrantes, entre los que ya se han registrado más de 1500 muertes durante los primeros
seis meses de 2011.

HRW dejó en claro que los países europeos deben proceder a rescatar inmediatamente
a los inmigrantes que detecten en estas barcazas, a la vez que deben evacuar por vía
marina a los civiles más vulnerables atrapados en Libia. Cabe recordar que Francia,
Italia e Inglaterra forman parte de una coalición de países miembros de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que ataca desde abril dicho país.

HRW también instó a la UE a intensificar sus “procedimientos de reasentamiento” de
inmigrantes en otros países distintos al que el inmigrante llegó y a que se frenen las
readmisiones en terceros países, donde los inmigrantes se enfrentan a abusos, antes de
tramitar las solicitudes de asilo. “Debería asegurarse de que los acuerdos con terceros
países garantizan plenamente los Derechos Humanos”, afirmó Sunderland.

Mientras tanto, y mientras persistentes los focos bélicos y la represión en el Norte
de África, el flujo migratorio hacia Europa continúa intensificándose. El 29 de junio
pasado más de 600 inmigrantes han llegado a la isla italiana de Lampedusa, cerca de
Sicilia, en tres barcazas provenientes de las costas de Libia, informó Europapress. En
todas las embarcaciones se contaron mujeres y niños.

La respuesta italiana a este fenómeno fue aprobar una ley que incrementó el periodo
de tiempo en el que un inmigrante puede permanecer retenido en uno de los “Centros
de Identificación y Expulsión (CIE)”, de seis meses a un año y medio. El decreto
contiene un procedimiento de expulsión forzosa inmediata para los extracomunitarios
clandestinos y los comunitarios que cometen violaciones de la ley.